• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Triste aniversario

Jesús Ollarves

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El 11 de septiembre de 2014 se cumplió el decimotercer aniversario de la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, una resolución aprobada de forma unánime por los 34 miembros activos de la Organización de Estados Americanos que amplió la concepción de la democracia en el hemisferio.

En su Preámbulo establece la efectiva vigencia de los derechos humanos como esencia de la legitimidad de desempeño de los Estados de la región: “La promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática”. Y reivindica “la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema institucional de los derechos humanos para la consolidación de la democracia”.

En su artículo 3 se reafirma: “Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

En el artículo 7 de la referida Carta se expresa que: “La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos”.

El artículo 8 indica: “Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.

“Los Estados miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el hemisferio.”

La Carta Democrática redefinió la democracia a través de la incorporación de mecanismos de control del poder, entre ellos: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y de la libertad de expresión y de prensa, la subordinación de todas las instituciones del Estado, incluyendo el componente militar, a la autoridad civil legalmente constituida, y el respeto al Estado de Derecho por todas las entidades y sectores de la sociedad. Así se precisa en el artículo 4.

Paradójicamente, el 11 de septiembre de 2014 se cumplió un año de la entrada en vigencia de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); es decir, la desvinculación de Venezuela de algunas previsiones de ese tratado. La denuncia solo surte efecto sobre aquellos casos cuyos hechos iniciales ocurran luego de la entrada en vigencia de la misma, y afecta fundamentalmente las competencias de la Corte Interamericana. No obstante, la Comisión Interamericana podrá seguir conociendo casos individuales de violación de los derechos humanos en Venezuela fundamentadas en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre.

El 11 de septiembre de 2012 el gobierno reformó, de hecho y no de derecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Fraudulentamente, se nos arrebató a todos los venezolanos el derecho de que la Corte Interamericana conozca casos de violaciones de derechos humanos y la posibilidad de la conseguir protección urgente a través de medidas provisionales.

Con la denuncia de este tratado se violó el artículo 19 de la Constitución, que consagra los principios de progresividad, irrenunciabilidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos; y, además, el artículo 23, que le confiere rango jerárquico constitucional a los convenios sobre derechos humanos. La denuncia de la Convención Americana solo era posible –claro está, en buen derecho– previa modificación de la Constitución a través de los procedimientos en ella misma establecidos: enmienda, reforma o asamblea nacional constituyente.

Al evaluar la legitimidad de desempeño de los poderes constituidos en Venezuela nos encontramos con situaciones que trastocan la vida democrática y la vigencia y respeto de los derechos humanos. No hay separación de poderes, tal como lo señaló la ex presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, al afirmar en diciembre de 2009 que “la división de poderes debilita al Estado”. La Sala Constitucional del TSJ, en vez de garantizar el bloque de constitucionalidad, sugirió al Ejecutivo Nacional denunciar la Convención Americana en 2008, luego de declarar inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado por la destitución irregular de los jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Se utiliza el derecho penal del enemigo y la criminalización de la protesta como instrumento de persecución política. Hay actos de represión y tortura ejecutados contra estudiantes y la oposición democrática con saldo de muertos y heridos. Los mecanismos directos e indirectos de censura acorralan a la prensa independiente. No hay garantías suficientes para los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual ha empeorado con la profundización de la escasez de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad.

El 11 de septiembre era un día para celebrar la aprobación de la Carta Democrática Interamericana; para que el gobierno, los partidos políticos y las universidades debatieran sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y en el hemisferio.

Era un día para poner de relieve la reivindicación de la dignidad del ser humano, entendida como una construcción colectiva y el resultado de muchos años de lucha en distintos lugares del mundo.

Era un día para que el presidente Nicolás Maduro rectificara. El 11 de septiembre debió anunciar a todos los venezolanos su decisión de revocar la denuncia de la Convención Americana, para devolverles a los venezolanos la posibilidad de acceder a la justicia internacional.

Era un día para que el Consejo Permanente de la OEA convocara a los cancilleres de los países miembros y debatieran sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela.

Era un día para demostrar que la Carta Democrática puede servir para defender la democracia en América Latina y no a los gobiernos que coyunturalmente detentan el poder.

Pero, lamentablemente, el 11 de septiembre solo fue un triste aniversario.

@jesusollarves