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Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

Terror en México

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En América Latina la desaparición forzada de personas se extendió durante las décadas de los sesenta, setenta y ochenta, especialmente en países con gobiernos dictatoriales, autoritarios o que experimentaron conflictos armados internos. Una de las experiencias más terroríficas fue el Plan Cóndor ejecutado en el Cono Sur.

Pero no se trata de un fenómeno exclusivo de gobiernos tiránicos; en gobiernos de origen democrático también ocurren hechos de esta naturaleza.

Como si se tratara de una película de terror, el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, al sur de México, desaparecieron 43 estudiantes cuando protestaban contra la discriminación que sufren en la repartición de cupos en escuelas urbanas por parte del gobierno de esa entidad.

Durante la manifestación, policías municipales de la ciudad de Iguala atacaron a los estudiantes y dispararon contra los autobuses donde se trasladaban, lo cual dejó a 6 personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.

Estamos ante un clásico caso de desaparición forzada de personas; es decir, de la privación de la libertad de varias personas, cometida por agentes del Estado, seguida de la falta de información sobre el paradero de las personas, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes.

Frente a estos hechos, el procurador general de México, Jesús Murillo Karam, ha anunciado que se pondrá al frente de manera directa del caso por la desaparición y posible matanza de los 43 estudiantes. Pero tal anuncio no es suficiente, el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones que se hayan cometido en el ámbito de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.

La obligación de juzgar y sancionar a los autores y partícipes del crimen de desaparición forzada de personas implica cinco obligaciones: investigar; llevar ante la justicia y sancionar a los responsables; brindar un recurso efectivo a las víctimas de violaciones de derechos humanos; ofrecer justa y adecuada reparación a las víctimas y sus familiares; y establecer la verdad de los hechos.

La sanción de las personas responsables es una obligación que corresponde al Estado siempre que haya ocurrido una violación de los derechos humanos, y esa obligación debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad. Así lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su primera sentencia (Velásquez Rodríguez vs. Honduras), precisamente sobre un caso de desaparición forzada de persona.

El Estado mexicano debe garantizar que los procesos internos tendientes a sancionar a los responsables de los hechos surtan sus debidos efectos y, en particular, debe abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad.

La responsabilidad del Estado mexicano no solo se encuentra comprometida cuando este, a través de la conducta de sus agentes, lesiona un derecho, sino también cuando omite ejercer las acciones pertinentes para investigar los hechos y procesar y sancionar a los responsables. Por eso es vital la obligación de juzgar.

En definitiva, el legítimo reclamo de las víctimas y la sociedad mexicana en su conjunto es la reivindicación del derecho a la verdad. Una verdad que satisfaga a todos y sirva como garantía de no repetición de desapariciones forzadas de personas en ningún país del hemisferio americano. Más específicamente: los órganos jurisdiccionales deben ofrecer resultados convincentes sobre lo que se hizo, quiénes lo hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron. Esta tarea le compete al Ministerio Público y al Poder Judicial, sin olvidar que el proceso penal también debe surtir una reparación integral. 

México también tiene la obligación de garantizar el derecho de los familiares de conocer el paradero de las víctimas, lo cual constituye una medida de reparación, correlativa a la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. Del mismo modo, el Estado debe localizar e identificar los restos mortales de las víctimas mediante el uso de técnicas y medios idóneos que no dejen duda alguna (comprobación genética) y posteriormente entregarlos a sus familiares, para que estos cumplan con los rituales funerarios que correspondan a las creencias de cada quien, debiendo el Estado cubrir los gastos que ello ocasione.

México ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas el 28 de febrero de 2002, y el 18 de marzo de 2008 la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Ambos instrumentos son herramientas fundamentales en la prevención y represión de este crimen internacional y representa un desarrollo trascendental en la lucha contra las desapariciones forzadas y a favor de las víctimas y sus familiares.

La práctica de la desaparición forzada de personas no es un acto de magia, es una afrenta a la conciencia del hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad.