• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Ronny Navarro, un preso sin investigación

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Desde la adopción del sistema penal acusatorio, en 1998, la fase de investigación adquirió mayor relevancia, en función del objetivo último del proceso: la búsqueda de la verdad con estricta sujeción a las garantías que se consolidarían en 1999, con la entrada en vigencia de una nueva Constitución.

Desde entonces, el Ministerio Público detenta el monopolio de la acción penal, pero además de acusador debe ser parte de buena fe. En ese sentido, las actuaciones fiscales no solo deben estar orientadas al acopio de los elementos de convicción que le permitan fundamentar una eventual acusación, sino también de aquellos que permitan demostrar la inocencia del imputado.

Antes, con el derogado sistema penal inquisitivo, los ciudadanos estaban a merced de un juez con poderes ilimitados y la investigación estaba exclusivamente destinada a la aplicación de sanciones.

A pesar del cambio en las reglas del juego, los abusos continúan e, incluso, se han incrementado. Las omisiones de los fiscales y la falta de control de los jueces forman parte de nuestra cotidianidad. Los excesos llegan al extremo de utilizar el proceso penal como una herramienta persecución al adversario político. Ejemplos de ello: allanamientos sin órdenes debidamente expedidas por un juez de control, la intervención de llamadas telefónicas sin orden judicial, investigaciones policiales sin supervisión de los fiscales, y hasta el traslado forzoso de personas a declarar a la policía, lo que equivale a una detención arbitraria, como ocurrió con el presidente de la Conindustria, Eduardo Garmendia, por haber emitido una opinión sobre el virus del chicungunya y su impacto en la productividad, y con el presidente de la Cámara de Comerciantes y Agentes Aduanales de Vargas, Rusvel Gutiérrez, quien declaró sobre las dificultades para que las importaciones de medicamentos lleguen este año.

El COPP obedeció a la necesidad de garantizar la imparcialidad del juzgador, con la separación de las funciones de investigación y decisión. También se requería evitar las dilaciones indebidas, mediante una rigurosa regulación de la duración de la investigación que corresponde efectuar al Ministerio Público.

Estamos ante un sistema penal colapsado por el retardo procesal. Las demoras eran comprensibles en el sistema inquisitivo, porque todo el proceso era impulsado por un solo actor: el juez.  Pero, a la distancia y el peso de un progresivo deterioro de la administración de justicia en Venezuela, el derogado Código de Enjuiciamiento Criminal parece más garantista que el Código Orgánico Procesal Penal. 

Bajo la vigencia del antiguo código los funcionarios de la policía judicial tenían que remitir inmediatamente el juez competente las actas que hubieren redactado sobre las diligencias practicadas y los instrumentos, armas y efectos que hubieren asegurado. En el caso de que el sindicado estuviere detenido preventivamente, era puesto a sus órdenes en un término no mayor de 8 días, contados a partir de la fecha de la detención. El tribunal instructor tenía que decidir acerca de la detención en el término de 96 horas, salvo que en los casos graves y complejos se requiriera más tiempo. En todo caso, los lapsos para resolver no podían extenderse más allá de 8 días. Y la detención en la fase de investigación no podía durar más de 16 días.

En la práctica la detención en la fase de investigación bajo las premisas del COPP no tiene un plazo cierto y depende del capricho y la arbitrariedad de los fiscales y jueces.

Después de la adopción del Código Orgánico Procesal Penal y haber trascurrido la llamada etapa de transición, no se justifican tales dilaciones indebidas. Las causas son claras: a) la falta de presupuesto y capacitación técnica de los funcionarios fiscales, b) un divorcio entre el fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal y los funcionarios policiales, c) la utilización del proceso como herramienta para amedrentar a quienes disienten del gobierno y d) las diversas modalidades de corruptela para acelerar o retardar el ritmo de las averiguaciones.

La investigación penal no está concebida como un instrumento de chantaje o amedrentamiento. Tampoco puede realizarse de forma caprichosa, sin cumplir con las formalidades que la legitiman, y debe ser realizada por los funcionarios que la ley establece.

La investigación criminal se emprende a partir de la presunción de la comisión de un delito. Inicialmente, se investigan hechos y no personas. En todo momento, la presunción de inocencia debe estar garantizada, esto significa que la persona investigada debe ser sospechosa de haber cometido algún hecho que esté establecido como tal en el derecho penal venezolano.

La investigación no es la simple y discrecional actuación de la policía en contra de una persona que parezca o sea sospechosa de haber cometido un delito. Es decir, la policía no debe hacer lo que se le antoje. Y esa es una de las características que distinguen el sistema acusatorio: la investigación la dirige el Ministerio Público y los cuerpos auxiliares no pueden tomar iniciativas inconsultas.

La investigación no debe ser una actividad arbitraria por parte del Estado; más bien debe estar en manos de profesionales calificados.

Cuando se comete un delito las autoridades penales deben investigar los hechos, identificar a los responsables, recolectar las pruebas para enjuiciarlos y también para que se defiendan. Es decir, el Ministerio Público ejerce sus atribuciones directamente o a través de los funcionarios debidamente facultados por la ley como los órganos de policía. Pero esto no significa que un funcionario policial puede efectuar las investigaciones de cualquier forma; si no se cumplen las formalidades establecidas en la CRBV y el COPP, cuando se practican las diligencias o pesquisas, la investigación policial o fiscal es nula, no tiene valor.

Los funcionarios de los órganos de investigación, entre ellos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de inteligencia, como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, no pueden hacer lo que les dé la gana so pretexto de la búsqueda de la verdad. Estos funcionarios no se gobiernan, por muy elevado que sea su rango, y siempre estarán subordinados al Ministerio Público, como director de la investigación penal, tal como lo establece el numeral tercero del artículo 285 de la Constitución. Tal subordinación es funcional y no de carácter administrativo, de modo que la autoridad administrativa no puede revocar, alterar o retardar una orden dada por el fiscal del Ministerio Público a un funcionario policial. 

La investigación no funciona como si se tratara de un acto de magia, en donde se saca un conejo de un sombrero. Ante la comisión de un hecho delictivo, el fiscal del Ministerio Público está en el ineludible deber de dar inicio a la investigación. Para ello debe efectuar la primera formalidad: dictar el auto de apertura de la investigación, es decir, la orden escrita para iniciar la investigación. Esta orden no la pueden expedir los funcionarios de los órganos auxiliares de investigación, pues estos sólo están facultados para practicar las diligencias necesarias y urgentes, como la preservación del lugar del suceso o el hallazgo. La omisión del auto de apertura de la investigación conlleva la nulidad de todas las actuaciones practicadas, por el incumplimiento de una formalidad indispensable en el proceso penal.

Si las autoridades de policía reciben la noticia de la comisión de un delito no deben actuar discrecionalmente; deben comunicarlo al Ministerio Público dentro de las doce horas siguientes y solo podrán realizar las diligencias necesarias y urgentes, dirigidas a identificar y ubicar a los autores y demás partícipes del delito, al aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con su perpetración. Todas las diligencias realizadas deben constar en actas las cuales deben estar firmadas por los funcionarios actuantes.

El Ministerio Público tiene la obligación de buscar la verdad, y no debe utilizar las indagaciones de forma artificiosa. No debe conformarse con las actuaciones que se derivan de las pesquisas de los cuerpos policiales, ya que pueden haber sido obtenidas sin observar las formalidades de ley, lo cual las hacen nulas. Por ejemplo, mediante torturas, maltratos, coacción, amenaza, engaños, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, correspondencia, comunicación, o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas e irrespeten la dignidad del ser humano. El fiscal es el director y controlador de la investigación.

Un ejemplo emblemático de la utilización fraudulenta de la investigación penal es el caso de Ronny Navarro. Se trata de un militante del partido ABP que fue acusado por la fiscal Andrimar Ramírez Lozano sobre la base del resultado de una información obtenida en Internet (Google), el 25 de junio, por el funcionario Eduardo Vargas adscrito al Sebin. “Se pesquisó (sic) los eventos de calentamiento de calles o presentaciones donde ha estado involucrado el referido ciudadano, realizando un informe detallado de cada una de las actividades donde resalta el ciudadano”, afirmó el funcionario.

Insólito. Ahora a la gente la están metiendo presa porque aparece en la web. Esta abyecta forma de investigar y acusar es una evidencia más de la aplicación del derecho penal del enemigo, la cual debió ser anulada por el juez de control. A Ronny Navarro se le violó la presunción de inocencia y se le aplicó una pena de banquillo.

Es ilegal utilizar como fundamento de una acusación una información obtenida por Internet; es artificioso y tan reprochable como la comisión de un delito. Porque no se sabe si esa información buscada en Google se trataba de una información o una opinión; o si era verdadera o falsa; o si se publicó por dolo, negligencia o imprudencia del emisor. En definitiva, no hubo investigación, hubo un fraude a la ley y a los derechos fundamentales de Ronny Navarro. 

El Estado, omnímodo y todopoderoso, esta vez no descalificó el uso de Internet; en esta oportunidad utilizó una información obtenida en Google para adelantar los resultados de una investigación penal. Utilizó un conjunto de actuaciones arteras para hacer valer la presunción de culpabilidad, con una proyección hacia una condena; menoscabó el derecho a la defensa del imputado, quien desconoce cuáles fueron las circunstancias que dieron lugar a su aprehensión y posterior acusación.

Cualquier ciudadano cuyos datos personales e informaciones y opiniones sobre sus actividades circulen en la red corre el peligro de ir preso, pero sin ser investigado.

@jesusollarves