• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

Razonada consternación ante las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

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Una vez más, Venezuela –sería más justo decir el Estado venezolano– es reprobada por un organismo internacional de derechos humanos. En sus observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas describió un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos en el cual múltiples autoridades están implicadas.

La evaluación incluye 19 asuntos: 1) el artículo 17 de la Ley contra la Tortura se debe armonizar con el artículo 1 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; 2) a 96,9% asciende la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos porque solo 3,1% concluyó en acusaciones, en el período comprendido entre 2011 y 2014; 3) durante las protestas ocurridas entre febrero y junio de 2014 proliferaron las detenciones arbitrarias; 4) las detenciones de los opositores políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos son prolongadas y arbitrarias; 5) no se dio información a los detenidos sobre las razones de la detención; 6) hubo falta de acceso confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial; 7) se realizaron traslados de detenidos a varios centros de detención sin comunicar el paradero a sus familiares; 8) hubo falta de atención médica de los detenidos hasta la audiencia judicial, pese a presentar claros indicios de violencia; 9) hay denuncias de tortura y malos tratos a personas arrestadas durante las protestas; 10) hay un uso deficiente de la medicina forense; 11) se registró un uso excesivo de la fuerza durante el control de las manifestaciones; 12) se presume la complicidad del Estado con grupos armados pro gobierno; 13) se registraron agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos; 14) existe un patrón generalizado de ejecuciones extrajudiciales; 15) 62% de los jueces son provisorios y vulnerables a presiones; 16) hay un incremento de la violencia de género; 17) la crisis penitenciaria es alarmante; 18) la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional contra la Tortura no son suficientemente independientes; 19) no hay programas de rehabilitación para las víctimas de tortura.

Todo es gravísimo, pero es necesario prestar especial atención a la “consternación” manifestada por el Comité contra la Tortura por “el extendido patrón de ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos policiales o parapoliciales” en Venezuela. En la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, que tuvo lugar en Ginebra a principios de noviembre de este año, no se discutió sobre un aspecto medular: en el país no está tipificado el delito de ejecución extrajudicial, y quienes cometen este crimen contra los derechos humanos son sancionados sobre la base de la calificación jurídica de homicidio simple o, en el mejor de los casos, de homicidio calificado.

Las ejecuciones extrajudiciales no pueden sancionarse bajo la perspectiva simplista de la figura del homicidio calificado, ya que este crimen se consuma con la privación arbitraria de la vida por parte de agentes del Estado (funcionarios policiales o militares) o de particulares que actúan con la complicidad, tolerancia o aquiescencia del Estado. 

Es una violación que puede consumarse ya sea por un  agente estatal que actúa de manera aislada, con o sin una motivación política, o como parte de una acción emprendida de manera institucional y organizada, de manera sistemática. En cualquier caso, la ejecución deriva de una acción intencional para la privación arbitraria de la vida de una o más personas, por parte de los agentes del Estado o de particulares o grupo de particulares que actúen bajo su orden, tolerancia, complicidad o aquiescencia. Aunque no hubiera una incidencia institucional previa, producido el hecho, ese funcionario podría intentar servirse del manto protector de relaciones estatales, a efectos de encubrir la verdad, destruir evidencia, amedrentar testigos, impedir u obstaculizar que se entablen investigaciones o acusaciones penales en su contra, y asegurar su impunidad. Como ocurrió en el caso del grupo de exterminio en el estado Portuguesa.

El reconocimiento internacional del derecho a la vida reafirma la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales, cometidas precisamente por quienes tienen la misión de cuidar y de garantizar la vida de los ciudadanos. Se espera que quien actúa en nombre del Estado no se valga de su autoridad, ni de las armas que le proporcionó la nación, para cometer los crímenes que se supone debería impedir.

En la ONU, los Estados han adoptado numerosas normas que deben observar, a fin de impedir las ejecuciones extrajudiciales o, en su caso, realizar las investigaciones pertinentes para identificar y sancionar a los responsables de las mismas. Entre ellas, están: los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias; el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias; y las regulaciones metodológicas derivadas del Mandato del Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, que incursionan cuidadosamente en la prevención, la investigación judicial, la investigación médico legal, los medios probatorios y los procedimientos judiciales en caso de ejecuciones extrajudiciales. Además, se dispone del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 34/169 de 17 de diciembre de 1979), y de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (octavo Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento de Delincuentes de 1990).    

Las ejecuciones extrajudiciales son consideradas como graves violaciones de los derechos humanos, por lo que no deben ser objeto de amnistías u otros mecanismos excluyentes de responsabilidad. Tales consideraciones han tenido eco en el ordenamiento jurídico interno de Venezuela, tal como lo señala el  artículo 29  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, cuando las autoridades estatales impiden la investigación de las violaciones de los derechos humanos y la aplicación de las consecuencias pertinentes, se hacen cómplices de  este crimen y colocan al Estado en una situación de responsabilidad internacional.

Las personas investidas de autoridad están obligadas a prevenir que sus subordinados violen las normas que protegen los derechos humanos. El hecho de que la infracción de dichas normas haya sido cometida por un subordinado no exime de responsabilidad a sus superiores, según el caso; sobre todo si estos sabían o poseían información que les permitiera concluir, de acuerdo con las circunstancias, que ese subordinado podría cometer, cometía o persistía en la comisión de tal infracción. Además, la responsabilidad sería mayor si los superiores no hubieren tomado todas las medidas necesarias para impedir o reprimir dicha infracción.  

Además, por la gravedad de las ejecuciones extrajudiciales surge el derecho que tienen las víctimas y sus familiares de recibir una indemnización adecuada del Estado, como reconocimiento de su responsabilidad por los actos cometidos por sus funcionarios, y a establecer suficientes garantías de no repetición de los hechos. Tal como lo establece el artículo 30 de la carta fundamental, lo cual no atenúa en modo alguno el deber del Estado de investigar y perseguir las violaciones de los derechos humanos.  

Todo sistema democrático reclama la intervención penal mínima del Estado, que lleva a la tipificación racional de conductas ilícitas, y no de un derecho penal del enemigo que el gobierno aplica a quienes considera adversarios merecedores de exterminio y, con esa excusa, hace todo lo necesario para aniquilarlos.

El Estado de Derecho implica que las conductas verdaderamente graves estén previstas en las normas punitivas, sean eficazmente investigadas y puntualmente sancionadas. La tipificación de esas conductas y el procesamiento y sanción de sus autores, así como de otros participantes, constituye una obligación de los Estados que no pueden eludir.

Venezuela debe tipificar el delito ejecución extrajudicial, tal como lo establece  el documento referido a los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarios o Sumarias de las Naciones Unidas y, en particular, lo dispuesto en el Principio I: los gobiernos deberían prohibir por ley las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y deberían velar “…porque todas estas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos …”. Un ejemplo vanguardista: Guatemala, que con el respaldo técnico de las Naciones Unidas, a través del Decreto 48-1995, de 14 de julio de 1995, reformó su Código Penal y tipificó la ejecución extrajudicial como un delito independiente del homicidio.

Los compromisos internacionales asumidos por Venezuela en materia de derechos humanos obligan a todos los órganos del Estado a adoptar todas las medidas indispensables para garantizar el derecho a la vida e impedir la impunidad de quienes incurran en violaciones de derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales.

La impunidad de los que vulneran los derechos humanos daña gravemente el Estado de Derecho y ahonda la brecha entre los que están próximos a las estructuras de poder y las demás personas, que son vulnerables a los abusos de los derechos humanos. Esto perpetúa, e incluso alienta, las violaciones de los derechos humanos por cuanto los culpables perciben que son libres de actuar en un clima de impunidad.

El Estado venezolano está en la obligación, a través de la Asamblea Nacional, de adoptar las medidas legislativas necesarias para penalizar adecuadamente las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, así como crímenes de esa misma naturaleza.