• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Del Parlatino y la nueva ocurrencia de Diosdado

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Al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se le ha ocurrido acabar con el Parlamento Latinoamericano. Sí, como de costumbre, prescindiendo del correspondiente debate, en la sesión del 14 de abril de 2015 señaló que cada Estado puede escoger cómo se eligen sus representantes ante el Parlatino. De esa manera, Cabello pretende negar la elección universal, directa y secreta de los diputados venezolanos al Parlatino, en contra de la tradición establecida desde la creación del organismo legislativo regional.

La decisión  unilateral de Cabello se remitió al CNE para que decida cómo será la elección de los representantes del Parlatino. En esta oportunidad, la maniobra consiste que el CNE resuelva, como ha adelantado el oficialismo,  que la escogencia de esos representantes se realice por designación de la Asamblea Nacional.

El Parlatino no es un cuartel en donde se obedecen órdenes, y tampoco un apéndice de un partido político de turno. Es un órgano internacional de integración conformado por los Congresos o Asambleas Legislativas nacionales de los Estados Partes, democráticamente constituidos en América Latina. Cada delegación debe corresponder con el principio de representación plural.

El Parlatino no es un ministerio o un órgano adscrito al Poder Ejecutivo con el cual el oficialismo puede hacer lo que quiera. Se trata de un organismo supranacional creado a través del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, firmado por Venezuela el 16 de noviembre de 1987, ratificado mediante la Ley Aprobatoria promulgada y publicada en Gaceta Oficial N° 34035, del 23 de agosto de 1988. Obviamente, como cualquier tratado internacional debe ser cumplido de buena fe por los Estados Parte.

El Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano establece en su artículo 4º, literal ñ, la promoción de “el sistema de sufragio universal directo y secreto como manera de elegir a los representantes que integren, por cada país, el Parlamento Latinoamericano”.

Además, el artículo 5 del estatuto del Parlatino indica: “Integran el Parlamento Latinoamericano los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados Partes, democráticamente constituidos en América Latina, que participarán en el mismo haciéndose representar por delegaciones de carácter permanente y pluralista. Parágrafo único: En los países donde se autorice la elección en forma universal, directa y secreta de los parlamentarios latinoamericanos, éstos integran el Parlamento Latinoamericano”.       

En el Parlatino se debe garantizar las condiciones que posibiliten al ciudadano participar en la vida política. Se trata de constituir una relación entre el ciudadano y el Estado, un diálogo entre gobernantes y gobernados, en un contexto de integración regional, tal como lo señala el artículo 153 de la carta magna.

Los derechos políticos forman parte de la categoría de derechos humanos, pues posibilitan al ciudadano participar en los asuntos públicos y en la estructuración política de la comunidad de que forma parte. Este aspecto es tan importante que uno de los principios que el Parlatino, que se debe mantener inalterable, es la pluralidad política e ideológica como base de una comunidad latinoamericana democráticamente organizada.

Proponer la designación de los diputados al Parlamento Latinoamericano  de acuerdo a la composición de la Asamblea Nacionales es artificioso, y viola el principio de la elección directa y secreta para la escogencia de los diputados al Parlamento Latinoamericano, que fue establecida por la Asamblea Nacional Constituyente.

El Estatuto Electoral del Poder Público dictado en 2000 reguló la forma de elección de los representantes del Parlatino,  fue dictado en el contexto de la creación de la Constituyente y, consecuentemente, es una norma de igual rango que las establecidas en la carta magna. En sus considerandos el Estatuto claramente refiere que “los representantes de Venezuela en los parlamentos Latinoamericano y Andino, respectivamente, deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa y transparente por el pueblo”. De allí que, según el Estatuto, esos representantes deban ser electos democráticamente.

A los electores venezolanos no se les debe imponer fraudulentamente a sus representantes ante dicho organismo parlamentario. Tenemos el legítimo derecho a elegir 12 diputados al Parlamento Latinoamericano por lista cerrada y bloqueada, como a dos suplentes por cada principal, de acuerdo a la Gaceta Electoral Nº 57, del 20 de marzo de 2000, la cual puede ser consultada en el siguiente link: (http://www.cne.gov.ve/web/sistema_electoral/cargos/parlamento_latinoamericano.php ).

Se trata de la más grosera vulneración de derechos políticos que, insistimos, también forman parte del catálogo de derechos humanos consagrados en la Constitución de 1999. Paradójicamente, uno de los propósitos del Parlatino es “velar por el estricto respeto a los derechos humanos fundamentales, y porque no sean afectados en ningún Estado latinoamericano en cualquier forma que menoscabe la dignidad humana”. Esa obligación internacional es lo que se pretende violentar.

Aunque, la Constitución de 1999 no regula la elección de los representantes del Parlatino, los principios constitucionales del Estado democrático apuntan a otorgar preferencia al sufragio directo como modo de ejercicio del derecho de participación ciudadana, el cual permite que los votantes elijan a sus gobernantes directamente, sin ninguna intermediación por parte de otra persona u órgano colegiado.

La fortaleza democrática ha sido diseñada para evitar el mal de la tiranía, y la democracia permite el cambio social en libertad. De aquí que el perfeccionamiento de la democracia, abierta, libre, y pluralista, y su supervivencia hacia el futuro, son desafíos cruciales para que la política se oriente a construir y preservar un orden de convivencia civilizado para la especie humana.

Para que la democracia sea real y sincera,  las decisiones del Parlamento Latinoamericano deben ser producto de la voluntad popular de los ciudadanos que pertenecen a cada Estado miembro. Si las resoluciones del Parlatino terminan controladas por los poderes legislativos nacionales, estaríamos en presencia de una forma de participación política manipulada por el poder de turno, que, lejos de contribuir con la exigencias colectivas, debilita la eficacia de estos organismos políticos representativos y socava las bases democráticas del Estado venezolano, así como el principio de progresividad de los derechos humanos .

En definitiva, eliminar la elección directa por un método indirecto de elección sería una regresión en términos del cabal ejercicio del derecho al sufragio, una reforma de facto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y un desconocimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.