• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Jesús Ollarves Irazábal

México, el Estado que no debe ser

autro image
  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

La desaparición forzada de 43 estudiantes en el municipio de Iguala del estado de Guerrero, en México, es la demostración de un Estado secuestrado, de un gobierno plagiado por grupos de delincuencia organizada, de un país donde no están garantizados los derechos humanos.

Lo que ocurrió no se trata de delincuencia común, o delincuencia política. En México se impuso la fuerza de la delincuencia organizada; esa especial forma de delinquir que radica en el establecimiento de alianzas y vínculos en todos los niveles, incluido el político, policial y militar, que a fuerza de corrupción opera con la más absoluta impunidad.

Los grupos de delincuencia organizada no se conforman con traficar drogas y personas, ejercer operaciones ilegales de tipo financiero o comercial, sobornar y extorsionar, así como ofrecer servicios de protección y control de negocios ilegales y mafiosos. Son tan versátiles estas organizaciones delictivas que han cercado al gobierno; lo chantajean y son tan fuertes que se creen un factor político legítimo. En México han llegado al extremo de pretender interlocución con las autoridades, incluido el presidente de la república.

Esta forma delictiva no es aventurada ni circunstancial. No obedece a la oportunidad de robar a alguien que en una calle oscura se descuidó y no tomó las debidas precauciones frente a la inseguridad. Esta forma delictiva funciona como cualquier empresa. Tiene un eje central de dirección y mando (jefes y subordinados), y cuenta con una estructura centralizada pero flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo con la célula a la que pertenecen las personas que la integran. Tienen un grupo de sicarios a su servicio y tienden a corromper a las autoridades. Son, precisamente estos dos, los recursos más utilizados por la delincuencia organizada para el cumplimiento de sus objetivos: corrupción y sicariato.

El caso de los 43 normalistas desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre constituye un caso grave de desaparición forzada de personas, que revela, entre otras cosas, la fuerza del crimen organizado. Como un componente adicional a tan lamentables hechos, el 30 de octubre grupos vinculados al crimen organizado con el fin de entablar un diálogo con el gobierno instaló, en las inmediaciones del 27° Batallón Militar, una pancarta dirigida al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, en la cual señala que los desaparecidos están vivos, y da nombres de funcionarios estatales, delegados federales y de alcaldes de Guerrero presuntamente vinculados con la organización criminal Guerreros Unidos.

La pancarta está firmada por un delincuente apodado el Gil, quien fue identificado el pasado 22 de octubre por la Procuraduría General de la República como el lugarteniente del Guerreros Unidos, que dirigía Sidronio Casarrubias, detenido en la cárcel El Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y porte de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. El Gil, según la Procuraduría General de la República, fue quien recibió el 26 de septiembre a los normalistas de manos de los agentes municipales de Iguala y Cocula.

El texto de la pancarta señala: “Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga el 80% de los detenidos de ellos yo me entregaré, menos no, y le diré tal y como fueron y son las cosas, y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy culpable, los mandos y los jefes son los hermanos Casarrubias y los Tilos (marranas negras o peques) no Abarca, no confundan a la comunidad, díganlas como son, y los estudiantes están vivos”. Señala el comunicado.

En el texto también resalta los nombres de funcionarios gubernamentales todos los cuales, según el Gil, recibían su nómina a cambio de desaparecer gente y secuestrar, y que, como muestra de ello, están las fosas que están apareciendo en todos los municipios de Guerrero, señala el mensaje.

Tradicionalmente, la desaparición forzada de personas es una expresión que se ha utilizado para hacer referencia a la desaparición forzosa de personas oponentes a un determinado régimen político, llevada a cabo directa o indirectamente por autoridades de un gobierno en el poder o por órganos de seguridad del Estado, al margen de todo procedimiento legal y amparados en la negativa del gobierno a reconocer que dichas personas están bajo su custodia, o a no establecer ni permitir ningún procedimiento eficaz de investigación para establecer las responsabilidades a que hubiere lugar.

Pero las desapariciones forzadas de Iguala no son un simple delito, sino un crimen internacional caracterizado por la privación de la libertad de una o más personas, que aunque no medie móvil político, se cometió por agentes de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, actuando arbitrariamente o con abuso o exceso de fuerza. Lo particular fue que este crimen lo cometieron miembros de bandas organizadas, lo cual revela un Estado fallido, que no cumple con la obligación mínima de proteger a sus ciudadanos.

En México las desapariciones forzadas de personas no son nuevas. A la presente fecha no se sabe dónde están los desaparecidos de la denominada “guerra sucia” durante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo pasado; quiénes son los responsables del asesinato de diferentes miembros de la familia Reyes Salazar, activistas de Ciudad Juárez; a cuántos años de cárcel fueron condenados los responsables por los estudiantes del Tecnológico de Monterrey ni por los correspondientes a las matanzas de adolescentes en Salvárcar y Torreón; cuántos funcionarios han sido investigados por negligencia y homicidio en la tragedia de la mina de “Pasta de Conchos”; quiénes ordenaron el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas y de los descubrimientos más recientes de fosas comunes en el municipio de San Fernando; quiénes son los asesinos de Marisela Escobedo Ortiz o cuántas acusaciones realizó el Ministerio Público por las más de 900 mujeres asesinadas en el Estado de México, y las 79 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez en 2011, entre otros casos que confirman la impunidad.

El crimen organizado asociado a la delincuencia política es una mixtura compleja que socavó las bases de la convivencia y seguridad ciudadana. La principal causa es el tráfico de drogas. En México, actualmente se libran tres guerras relacionadas con el comportamiento de los cárteles del narcotráfico que han puesto en jaque al gobierno: 1) la guerra entre grandes cárteles, 2) la guerra entre bandas delictivas de narcomenudeo o tráfico menor en localidades y 3) la guerra que despliega el gobierno federal para enfrentar la delincuencia organizada.

Con el devenir del tiempo la situación se agrava, los efectos de la delincuencia organizada y la falta de una política pública correcta para enfrentar este fenómeno refleja un patrón de graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas armadas en su desempeño de labores policiales con la complacencia de las autoridades civiles. Las autoridades del estado de Guerrero llegaron al límite de ofrecerles dinero (7.500 dólares) a los familiares de los desaparecidos para que dejaran de buscar a sus hijos, tal como lo ha denunciado Abraham Gaspar, uno de los tantos padres de los estudiantes desaparecidos.

La represión estatal y la utilización del derecho penal del enemigo no es la solución. La lógica de una política pública para enfrentar el crimen organizado debe estar sustentada en un modelo representado por eficaces labores de inteligencia que permitan la identificación oportuna de operaciones sospechosas, sus modalidades y autores. Es necesaria la creación de instituciones especializadas que le sigan la ruta al dinero ilícito, así como medidas viables para detectar y vigilar el movimiento transfronterizo de dinero efectivo y de títulos negociables. Igualmente, se requiere el diseño de políticas públicas que permitan el fortalecimiento de la cooperación para prevenir y combatir más eficazmente esas actividades en los planos nacional, regional e internacional.

En el estado de Guerrero urge la investigación efectiva de los hechos, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a las víctimas una adecuada reparación, que implique, en la medida de lo posible, la restauración de los derechos y las libertades que fueron transgredidos, asistencia médica y psicológica, así como cualquier otra ayuda legal o social que requieran. También urgen reformas en los procedimientos judiciales, para facilitar las sanciones a los delincuentes, la divulgación completa del acto criminal y acciones para conmemorar a las víctimas.

La noción de reparación integral incluye el establecimiento de garantías de no repetición, por ejemplo, medidas para mejorar el acceso a la información sobre violaciones de los derechos humanos.

La compensación por los daños debe ser adecuada y proporcional a la gravedad del delito y las circunstancias de cada caso.

México es un ejemplo de un Estado que no debe ser, formado de la mano de la corrupción la cual ha forjado toda una cultura de la impunidad y la muerte. Es un Estado representado por la ineficiencia del sistema de administración de justicia y una conexión permanente con lo ilícito.

Es fundamental que el gobierno mexicano reconozca la magnitud de las violaciones de derechos humanos y el impacto del crimen organizado.