• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Liberen a Tadeo Arrieche Franco

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En una sociedad respetuosa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, los abogados deben tener garantizado su ejercicio profesional sin intimidaciones ni interferencias indebidas.

Sin embargo, este estándar no se le ha aplicado a Tadeo Arrieche Franco. Se trata de un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2001, posee estudios de posgrado en esta misma casa de estudios, así como en la Universidad Metropolitana. Se ha dedicado al área corporativa y de litigio en varios bufetes durante 14 años. También ha sido docente universitario y activista para la organización y defensa de la profesión de abogado.

Como un episodio adicional de la persecución judicial, sobresale su ilegítimo encarcelamiento. El pasado 8 de febrero se le impidió la salida del país, cuando se disponía a atender asuntos profesionales en el exterior. Fue “invitado” a un interrogatorio en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Barcelona, estado Anzoátegui, sobre su relación con la cadena de Practimercados Día Día, a lo cual respondió que su relación era de abogado-cliente, pues era apoderado externo de dicha compañía. Luego de varias horas de permanencia en las oficinas de la policía política se le informó que tenía una orden de captura y que se encontraba detenido. Fue trasladado al Helicoide en Caracas, donde permaneció hasta la celebración de la audiencia de presentación, el 10 de febrero de 2015.

Ante el Tribunal 36 de Control del Área Metropolitana de Caracas, la Fiscalía lo imputó los delitos de “boicot con el agravante de desestabilización económica” y se acordó mantener su reclusión.

Los Estados tienen que garantizar que a los abogados no se les vincule con sus clientes ni con las causas de estos por el solo hecho de defenderlos. Además, los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establecen garantías concretas para el ejercicio de la profesión. El principio N° 16 señala: “Los gobiernos garantizarán que los abogados a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas; b) puedan viajar y comunicarse libremente con sus clientes tanto dentro de su país como en el exterior; y c) no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de cualquier medida que hayan adoptado de conformidad con las obligaciones, reglas y normas éticas que se reconocen a su profesión”.

La Comisión Interamericana ha declarado que la vinculación maliciosa e infundada de un abogado defensor con las actividades ilícitas que se imputaban a su cliente constituye una amenaza al libre ejercicio de la profesión de abogado y afecta, además, una de las garantías fundamentales de la administración de justicia y del debido proceso, como es el derecho a la defensa.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados ha señalado que el hostigamiento e intimidación a los abogados produce un efecto escalofriante en la profesión legal y socava la confianza pública en el sistema judicial.

El Comité de Derechos Humanos ha declarado que los abogados deben poder asesorar y representar a sus clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte.

La fraudulenta detención de Tadeo Arrieche Franco es una afrenta al derecho a la justicia y al gremio de abogados. Las asociaciones profesionales de abogados tienen la función esencial de velar por las normas y la ética profesionales, proteger a sus miembros contra persecuciones y restricciones o injerencias indebidas, facilitar servicios jurídicos a todos los que los necesiten, y cooperar con las instituciones gubernamentales y otras instituciones para impulsar los fines de la justicia y el interés público.

La ley de abogados vigente en Venezuela faculta a los Colegios de Abogados para que velen por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional de sus miembros y también deben defender los intereses de la abogacía.