• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

Al instante

Internet y hegemonía comunicacional

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Cada día son más frecuentes las quejas de los venezolanos por el  bloqueo a los servicios de Internet, entre ellos las redes sociales. La situación se asemeja a lo que hizo el gobierno de China, cuando decidió restringir el acceso a páginas como Facebook, Twitter, Youtube y Linkedin.

Más allá de consideraciones técnicas, cuando estos incidentes son recurrentes en circunstancias de protesta social constituyen una limitación ilegítima a la libertad de expresión.

En términos de derechos humanos, la trascendencia de Internet  fue puesta de manifiesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de una resolución denominada “El derecho a la privacidad en la era digital”, según la cual los Estados tienen la obligación de respetar y proteger el derecho a la privacidad de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo las comunicaciones digitales.

El bloqueo de sitios web, direcciones IP o cualquier tipo de aplicación, así como medidas orientadas a eliminar enlaces (links), datos y sitios web, constituyen restricciones ilegítimas que solo serán excepcionalmente aceptables en los estrictos términos establecidos en los artículos 57 y 58 de la Constitución. Por ejemplo, cuando se trate de contenidos ilícitos o mensajes no compatibles con el derecho a la libertad de expresión como la propaganda de guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, y la pornografía infantil. Consecuentemente, las medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de manera que restrinjan, únicamente, el contenido ilegítimo, sin que se vean afectados otros contenidos. En otras palabras, las medidas solamente deberán ser adoptadas previa identificación del contenido realmente ilícito que debe ser bloqueado, y cuando la medida sea necesaria para el logro de una finalidad imperiosa. Lo contrario constituye un abuso del Estado.

Las tecnologías de la información y la comunicación son trascendentales para el desarrollo político, económico, social y cultural, y también son relevantes para el desarrollo, la reducción de la pobreza, la protección ambiental y, en general, la promoción y desarrollo de los derechos humanos.

Lamentablemente, las fallas y los bloqueos a las redes sociales no se perciben como una cuestión azarosa o circunstancial. Ya es una política gubernamental suficientemente visible el cuestionamiento del rol político en los medios privados, incluyendo los portales informativos. Para muestra un botón: el número de medios televisivos manejados por el gobierno  ha aumentado significativamente desde 2004, cuando el gobierno solo contaba con la señal de Venezolana de Televisión. Para 2012 había acumulado Venezolana de Televisión, TVES, Vive, ANTV, Ávila TV y Telesur.

Se deben tomar medidas para promover, de manera progresiva, el acceso universal no solo a la infraestructura, sino a la tecnología necesaria para  el mayor acceso posible a la información disponible en la red; eliminar las barreras arbitrarias de acceso a la infraestructura, la tecnología y la información en línea; y adoptar medidas de diferenciación positiva para permitir el goce efectivo de este derecho a personas o comunidades que así lo requieran por sus circunstancias de marginación o discriminación.

No obstante, todo apunta a lo que denominó Andrés Izarra, en enero de 2007, como la hegemonía comunicacional del Estado, que lleva al terreno de los medios la acción política y gubernamental, ignorando que Internet es un medio de comunicación social especial y único, por medio del cual es posible el ejercicio abierto, plural y democrático del derecho a la libertad de expresión.