• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Jesús Ollarves Irazábal

Dios y Federación

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Imaginemos a un grupo de personas que viven en un pueblo remoto en el estado Táchira que para resolver las deficiencias de insumos en los hospitales públicos, o de basura en las calles tengan que esperar por decisiones que se toman en Miraflores. A primera vista, tal forma de “solucionar” los problemas no es eficaz ni democrática porque el riesgo de burocratización de los trámites es muy alto y porque se viola el principio de descentralización establecido como “política de Estado” en la Constitución.

Las comunidades tienen el derecho de participar en la gestión de asuntos públicos y no pueden quedar sujetas a la voluntad de un poder centralizado, que presumiendo de Dios, dirá si o no.

El artículo 4 de la carta magna establece: “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad”.

La centralización es incompatible en un Estado Federal descentralizado. La intención del constituyente es clara, al establecerlo como fórmula de gobierno y, reiteramos, como política de Estado.

La descentralización consiste en la transferencia de competencias y recursos desde el ámbito nacional de gobierno a los estadales y municipales. El principio constitucional está desarrollado en la ley, de modo que servicios como asistencia médica, educación y urbanismo se dejan en manos de gobernaciones y alcaldías. La idea es acercar al ciudadano el gobierno y la solución de sus problemas.

Los gobiernos locales que se desarrollan en los municipios son, en teoría, autónomos. Sin embargo, las obras y servicios municipales, independientemente de la potestad tributaria de los gobiernos locales, dependen en buena medida del cumplimiento de las asignaciones presupuestarias del gobierno nacional. Es lo que se denomina situado constitucional y está regulado en el numeral cuarto del artículo 167 de la Constitución.

En la práctica, la descentralización ha sido completamente ignorada por el gobierno nacional durante los últimos 15 años. Incluso se quiso prescindir de ella en forma absoluta a través de la fallida reforma constitucional de 2007.

A pesar de la voluntad mayoritaria de los venezolanos expresada mediante referéndum, después de los resultados de las elecciones regionales de 2008, el fallecido presidente Hugo Chávez puso en marcha una política de desmantelamiento de la descentralización, la cual condujo al despojo de competencias y recursos de los gobernadores y alcaldes de oposición. Incluso, se llegó al extremo de crear, al margen de la ley, nuevos organismos y autoridades para suplir sus gestiones y reorientar asignaciones presupuestarias.

Durante el gobierno de Nicolás Maduro se ha profundizado el acoso a los gobiernos regionales y locales en manos de  la oposición.
Pero, en definitiva, los principales afectados son los ciudadanos y los servidores públicos. En municipios con San Diego (Carabobo), San Cristóbal (Táchira) y El Hatillo, Sucre y Baruta (Miranda) el daño alcanza a la imposibilidad de pagar el sueldo de los trabajadores de las respectivas alcaldías.

Nos preguntamos: ¿es que acaso el Estado no tiene dinero o se trata de una estrategia perversa para crear conflictos de gobernabilidad en las gestiones de gobernadores y alcaldes de oposición?

La descentralización es la respuesta constitucional y democrática al modelo inconstitucional y autoritario de gobierno centralizado e interventor. SE fundamenta en la necesidad de modernizar las relaciones entre el Estado y la sociedad, mediante autoridades legítimas y cercanas. Es, en suma, un proceso dirigido a aumentar la participación democrática de la población en la solución de sus problemas.

La tendencia centralizadora, intervencionista, caudillista y militarista viola la Constitución y la cláusula  de Estado Federal descentralizado. Atenta contra el principio de “Dios y Federación” que ha caracterizado el modelo de gobierno en Venezuela desde 1864 y que progresivamente se ha venido sustituyendo por el ejercicio abusivo del poder desde Miraflores.