• Caracas (Venezuela)

Jesús Ollarves Irazábal

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Curarse en salud

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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todas las personas tienen derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que les permita vivir de forma digna.

Es un derecho que genera obligaciones concretas para el Estado, entre las cuales figuran: a) la garantía del derecho de acceso a los centros, bienes y servicios de salud sobre una base no discriminatoria, en especial a los grupos vulnerables; b) el aseguramiento del acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura y que garantice que nadie padezca hambre; c) la garantía del acceso a un hogar, una vivienda y condiciones sanitarias básicos, así como a un suministro adecuado de agua limpia potable; d) la facilitación de medicamentos esenciales, según las definiciones periódicas que figuran en el Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS; e) la distribución equitativa de todas las instalaciones, bienes y servicios de salud; f) la adopción y aplicación de una estrategia nacional de salud pública, sobre la base de las pruebas epidemiológicas para hacer frente a las problemas en materia de salud de toda la población; g) la atención de la salud genésica, materna (prenatal y postnatal) e infantil; h) la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad; i) la adopción de medidas para prevenir, tratar y combatir las enfermedades epidémicas y endémicas; j) impartir educación y acceso a la información relativa a los principales problemas de salud en la comunidad, con inclusión de los métodos para prevenir y combatir las enfermedades; k) la capacitación adecuada al personal del sector de la salud, incluida la educación en materia de salud y derechos humanos.

Curarse en salud es una expresión coloquial que se utiliza para adoptar las medidas necesarias para evitar un mal antes de que este ocurra. Aunque parezca paradójico en Venezuela hay que tomar todas las previsiones necesarias para escaparse de la tragedia que implica ir a un hospital.

En materia de salud, el incumplimiento de las obligaciones por parte del Estado es reiterado. Este derecho no es tomado en serio por las autoridades. Enfrentar la muerte por una enfermedad e ir a un hospital público es lo mismo. Es morir de mengua.

La atención médica y hospitalaria cada día es peor. La angustia y la desolación de los pacientes y sus familiares son dramáticas debido a las carencias de insumos, medicamentos, material médico quirúrgico, personal, servicios y equipos médicos.

El discurso oficial no trasciende a acciones concretas que honren los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad.

El argumento central del gobierno es que en materia de salud hace todo lo necesario y exhibe como estandarte la Misión Barrio Adentro: el programa social se publicita como “el nuevo sistema público nacional de salud”, conformado por redes ambulatorias, de emergencias, hospitalarias, clínicas, consultorios y boticas populares, puntos de consulta, ambulatorios rurales y urbanos, centros de diagnósticos, salas de rehabilitación y de odontología, vacunatorios y ópticas.

La Misión Barrio Adentro se inició en 2003 como una acción médica asistencial de la cooperación humanitaria de la República de Cuba en un barrio circunscrito de Caracas, se convirtió en un programa de salud pública nacional destinado a saldar la deuda en atención en salud, pero independientemente de los esfuerzos del Estado, la realidad es que los hospitales públicos no funcionan.

Una de las pruebas de la violación al derecho a la salud de los venezolanos se refleja en el incumplimiento del Ministerio de Salud de las recomendaciones que le hizo la Contraloría General de la República en agosto de 2014 para superar las fallas de infraestructura, personal e insumos del Hospital de Niños J. M. de los Ríos.

Frente al incumplimiento de sus autoridades, el Estado debe garantizar el acceso a un recurso jurisdiccional adecuado y efectivo. Para ello debe superar los obstáculos de la falta de independencia del Poder judicial, y los perniciosos efectos de la decisión Nº 1002 de la Sala Constitucional del TSJ, publicada el 26 de mayo de 2004. En esa oportunidad, el TSJ respondió a la acción de amparo que interpuso la Federación Médica Venezolana en contra del Ministro de Salud y Desarrollo Social y el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en procura de la dotación integral de insumos a los hospitales públicos. Los magistrados determinaron que la única forma de hacer justiciable el derecho a la salud era “a través del control político y no del jurisdiccional”. El TSJ concluyó que, ante la evidente incapacidad de la administración de planificar de forma eficaz y eficiente su actividad para satisfacer el derecho a la salud, y en general los derechos económicos, sociales y culturales, los ciudadanos  solo pueden retirar la confianza en sus representantes mediante el voto castigo.

El Estado no puede alegar que está haciendo todo lo posible por resolver el problema y que no tiene dinero. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales le impone al Estado a tomar las medidas necesarias “hasta el máximo de los recursos disponibles”. Ello incluye los recursos dentro del país y su utilización oportuna, eficaz y equitativa, así como a aquellos disponibles a través de la cooperación y la asistencia internacional, en particular la económica y la técnica.

El gobierno no tiene excusas para hacer una realidad el derecho a la salud a los venezolanos, y los funcionarios vinculados a este sector tienen la obligación de rendir cuentas por su realización, y por cada vida que se pierde por la falta de condiciones para proporcionar una atención mínima y adecuada.