• Caracas (Venezuela)

Jesús Durán Zorrilla

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La desnaturalización del defensor del pueblo en Venezuela

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Una de las características más destacables de nuestra vigente Constitución de 1999 es la incorporación de la figura del defensor del pueblo, lo que pudiera interpretar cualquier persona que desconozca la realidad venezolana como que nuestro país se destaca por su esfuerzo en la protección de los derechos humanos. En efecto, la institución proviene del denominado “ombudsman” forjado a mediados de 1800 en los países escandinavos para lograr que tanto el poder del Estado como el ciudadano interactúen de manera armoniosa y en un contexto de igualdad. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo ha sido proyectada tanto en Europa como en América Latina.

El caso es que, en cumplimiento de un mandato constitucional, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 creó la Defensoría del Pueblo, con el fin de velar por la promoción y la defensa de los derechos fundamentales de los venezolanos. Contrariamente, desde su creación hasta la actualidad, todas los representantes que han ocupado la jefatura de dicho organismo se han dedicado a defender y a justificar tenazmente las violaciones de los derechos humanos realizadas por el gobierno en contra de los ciudadanos, situación que representa un gravísimo daño a la figura de la Defensoría del Pueblo como institución, y un mal ejemplo para los países que pretendan crear este organismo.

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos de América denunció y sancionó a 7 funcionarios venezolanos, 6 de ellos militares de alto rango y a una fiscal del Ministerio Público. La sanción, específicamente, consistió en congelar las propiedades de ellos en dicho país, así como también suspender las visas que les fueron otorgadas, sustentados en el hecho de que “se cree son responsables o cómplices en abusos a los derechos humanos” y “que se considera son responsables de actos de corrupción pública, que están contribuyendo al rápido empeoramiento de las condiciones económicas y sociales en Venezuela”. En este sentido, el defensor del pueblo, en vez de instar a los órganos competentes para investigar sobre los mencionados casos, ha reaccionado manifestando su incondicional apoyo a dichos funcionarios y haciendo fuertes críticas contra el gobierno de Estados Unidos de América.

El anterior comentario viene al caso ya que, de conformidad con los criterios más actuales y reconocidos internacionalmente, los actos de corrupción son violatorios de los derechos humanos, ya que se considera que todos los recursos económicos que son desviados del erario público, es decir, recursos que les pertenecen a todos los ciudadanos, tienen como destino final unas pocas cuentas personales. Tales recursos se están dejando de destinar para el provecho de la colectividad, entiéndase, inversiones en el sistema de salud y educación pública, vialidad, transporte, entre otras actividades convenientes para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos.

Resulta oportuno que las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos y su promoción, en aras de salvaguardar la figura del defensor del pueblo y evitar su desmantelamiento, realice pronunciamientos que censuren la gestión de dicho funcionario en nuestro país, de manera que ningún otro gobierno se aventure a seguir el mal ejemplo que Venezuela ha dado al resto de América Latina.

 

jesusduranzorrillaprensa@gmail.com