• Caracas (Venezuela)

Jair de Freitas

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El verdadero papel de un ministro del trabajo

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No es la primera vez que el régimen nombra como Ministro del Trabajo a un dirigente sindical. En efecto, en enero de 2007 José Ramón Rivero fue designado titular del despacho laboral. Venía de ser Diputado y antes de ello dirigente sindical en CVG Venalum (1998 – 2005) ¿Fue positivo su balance de gestión? Por supuesto que no. Su memoria y cuenta refleja por ejemplo que durante el año 2007 se legalizaron 164 organizaciones sindicales y se firmaron apenas 113 convenciones colectivas de trabajo, cuando en el año anterior se habían registrado 662 sindicatos y firmado 538 convenciones colectivas. Durante ese mismo año 2007, las estadísticas precisan que el 32,4% de la población económicamente activa tenía un ingreso inferior al salario mínimo de entonces. El descontento de los trabajadores tras su primer semestre de gestión, le valió en la web aporrea el tristemente afamado artículo intitulado “El Ministerio de la Traición”.

La verdad es que desde hace tiempo se tergiversó el rol de la Administración del Trabajo y no es un secreto que por ejemplo las Inspectorías del país se comportan como defensores a ultranza de uno de los sujetos laborales en un sesgo ideológico-reivindicativo que tiene epicentro en la rancia tesis de la lucha de clases. Parece que se les olvidó que la Administración Pública debe estar al servicio de los administrados, lo que en materia laboral significa que debe atender tanto a trabajadores como a patronos. En efecto, con meridiana simplicidad el administrativista francés Jean Rivero señalaba que el motor de la acción administrativa es la búsqueda del interés general, del interés público, no de favorecer a uno de los sujetos y perjudicar expresamente al otro.

Hay que recordar que en agosto del año 1983 Venezuela ratificó el Convenio 150 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Administración del Trabajo, cuya lectura exhibe la visión tripartita de dicha Organización, al tiempo que refrenda la concertación social como mecanismo. En muy apretada síntesis, se trata de una nítida perspectiva según la cual el Ministerio del Trabajo está al servicio de ambos actores laborales, actuando bajo el principio de legalidad, procurando allanar las diferencias entre patronos y trabajadores a través de la concertación, con apertura, mutua cooperación y –nuevamente– teniendo como norte la búsqueda del interés general, del interés público.

Es por tanto reprochable toda conducta de maltrato o menosprecio a cualquiera de las personas que ocurren a una Inspectoría del Trabajo, al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a la Gerencia Regional de Seguridad y Salud Laboral, etc. Cuántas veces no ha ocurrido por ejemplo que un patrono sin recursos para sufragar los servicios profesionales de un asesor laboral ocurre a la Inspectoría del Trabajo a solicitar orientación respecto del cumplimiento de alguna obligación de ley y recibe como respuesta “nosotros no asesoramos empresas” ¿cuántas horas en promedio espera un trabajador para recibir la atención de un funcionario que colapsado en tareas lo despacha con información superficial y no con respuestas concretas a su planteamiento?

La anarquía en los archivos está a la orden del día. Allí se esconden expedientes, se limita arbitrariamente la cantidad de casos que pueden revisarse al día, se condiciona la recepción de diligencias, escritos y pruebas, se restringe la tramitación de copias; y en general, se obstaculiza el ejercicio de los profesionales del derecho. Quienes se resisten, enfrentan el abuso poder que va desde demoras caprichosas, incumplimiento de lapsos expresamente establecidos en la LOT, torceduras del derecho para favorecer a la contraparte, amenazas de fiscalizaciones o incluso medidas de arresto. La norma no ampara la desviación ni el abuso de poder, pero todo lo narrado es lo que aplica en la práctica y cuando hay excepciones, se debe en realidad a la mística profesional del funcionario individualmente considerado, quien a pesar de su insuficiente salario y el exceso de carga laboral cotidiana, entiende y pone en práctica su rol de servidor público.

La Administración del Trabajo no puede por tanto concebirse a sí misma como una sede de maltrato, humillación, vejación profesional. Tampoco es la sucursal de una confederación sindical a desmedro de las otras. No es, ni puede ser, el espacio de la arbitrariedad de un actor laboral sobre el otro. Por eso preocupa y mucho, cuando el Ejecutivo Nacional nombra como ministro del Trabajo a un dirigente sindical. No porque se quiera complacencia al actor patronal (aquí se ha hecho énfasis en el equilibrio e imparcialidad) sino por el inminente sesgo que entraña el ejercicio de la actividad sindical en la lectura de las relaciones laborales.

No se trata que el nuevo Ministro se lea o aprenda sus funciones o las de su Despacho, porque esas ya están expresamente enunciadas los artículos 500 y 499 de la LOT vigente. Se trata de la visión que tiene el titular del cargo respecto de cómo cumplirlas. Tiene que ver con impulsar el desarrollo armónico de las relaciones laborales, no su confrontación. Procurar la solución de los conflictos mediante la concertación, no fomentarlos con garantía de imposición arbitraria a despecho de la reivindicación obrera. Fomentar el empleo en vez del ausentismo y la anarquía en los centros de trabajo.

El país demanda un ministro del Trabajo que audite la actividad de los distintos, entes, órganos, organismos e institutos a su cargo. Que revise más allá de los números que llegan a su despacho y que se limitan al aspecto cuantitativo (cantidad de visitantes, número de reclamos iniciados, decisiones tomadas, pensiones pagadas, reenganches declarados con lugar, etc.) y que trascienda a la revisión de verdaderos indicadores de gestión, transparencia, atención a los problemas laborales que aquejan a nuestro país, avocándose a su eficaz solución con ingenio, versatilidad y pragmatismo.

Un ministro que se deslastre de los “lineamientos” que prohíben a Inspectores del Trabajo publicar decisiones en las que autorizan despidos justificados (que tienen causa plenamente probada) y que en cambio ordenan cuanto reenganche se presente (con o sin razón) porque aquello que las estadísticas tienen que decir que este es un “gobierno obrero”. Alguien que entienda que buena parte de Administración del Trabajo (por no decir toda) está desasistida de recursos informáticos, de dotación oportuna de materiales, incluso de la infraestructura adecuada para atender a los usuarios. Que la formación para el trabajo no lleva inyectado ni el veneno laboral ni ideologías trasnochadas, sino herramientas para el cabal cumplimiento de las funciones del cargo.

Porque el verdadero papel del ministro del Trabajo no es asegurar una trinchera política en el ámbito de las relaciones laborales, sino empujar el florecimiento de la concertación social, del ejercicio pleno de la libertad sindical expresado no solo en la creación de organizaciones sindicales, negociación colectiva o incluso expresión del conflicto, sino garantizar un ejercicio no politizado ni sesgado; sin que lo anterior implique el estrangulamiento de las fuentes de trabajo. Un ministro que se avoque a la elaboración de normas que desarrollen el espíritu, propósito y razón de la legislación laboral y sus principios, que estudie e investigue la realidad de las relaciones de trabajo en nuestro país, que planifique e instrumente políticas destinadas a atender los problemas existentes en materia de empleo, de salario, seguridad social, seguridad y salud laboral; y que se convierta en verdadero garante del desiderátum normativo. Ese es, en resumen, el verdadero rol de un ministro del Trabajo.

 

@jair_defreitas

jdd@jairdefreitas.com