• Caracas (Venezuela)

Jair de Freitas

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Metástasis laboral

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¿Sabe usted cuál es el colmo de un presidente obrero? Hacerle pasar trabajo a toda la población del país que regenta. Si algún populismo se supone especialmente efectivo, es precisamente el que se construido al calor del sindicalismo, por lo que el peligroso descenso del nivel de aceptación del mandatario nacional en las últimas mediciones, da cuenta de un deficitario desempeño frente a su público, quienes demandan respuestas que no encuentran al tiempo que se deslindan de la obediencia incondicional típica de una dictadura socialista. Recordemos que Ludwig Von Mises afirmaba que en una comunidad socialista “...cada uno debe hacer aquello para lo cual recibe encargo, e ir a donde se le envía. No puede ser de otra manera”. Por lo tanto, que eso esté dejando de pasar en el régimen, convierte al palacio presidencial en algo así como una mansión del terror.

Por si alguien lo dudaba, esta semana quedó muy claro que la prioridad de la política salarial del país no está en los médicos, profesores ni en quienes ganan salario mínimo, sino en los militares y los jueces. La tensión laboral crece en un contexto de deterioro permanente del ingreso, esto es, en el estancamiento del salario que coexiste con una acentuada inflación y una evidente parálisis económica. Da la impresión que el menosprecio al emprendimiento privado tenía un costo muy alto que ningún asesor supo advertirle al que regenta; a saber: la impopularidad.

La reciente reforma en la normativa sobre precios justos es una preocupante huída hacia adelante cuyo único efecto será inhibir aun más la inversión; y por tanto, alterar negativamente la posibilidad de crear nuevas fuentes de trabajo. El gobierno que tanto fomentó el veneno laboral de los trabajadores, ahora lo prueba en carne propia y comienza a entender la importancia de favorecer armónicas relaciones laborales antes que la trasnochada tesis de la lucha de clases (al menos cuando le toca ser patrono).

Dos datos son relevantes en este punto. El primero de ellos fue el arrojado por el economista Elio Pepe y recogido por el portal de la Cámara de Comercio de Caracas: en los últimos 14 años han cerrado 490.000 empresas (de esas que daban empleo de verdad). El segundo dato es una cita textual que hace un diario de circulación nacional sobre el informe del Banco Mundial, según el cual, en nuestro país toma 144 hacer una empresa nueva. Por favor, haga usted el ejercicio de calcular cuánto tiempo tomaría volver a hacer todas esas compañías que cerraron, porque después de todo, mientras más transitemos por el sendero económico equivocado, mayor será el tiempo que tardaremos en regresar al punto de desvío.

La imposibilidad de continuar produciendo a pérdida artículos de la canasta alimentaria normativa conllevó a la revisión y aprobación de incrementos parciales de los precios de algunos rubros con el objeto de disminuir la escasez. Sin embargo, ese sincericidio se tradujo al mismo tiempo en la disminución del poder adquisitivo de los consumidores quienes aun esperan respuesta sobre solicitudes de ajustes salariales. El problema es que de decretarse el nuevo y esperado salario mínimo, retornaría la presión sobre los precios, en un circuito negativo que no puede resolverse ignorando los ajustes necesarios a la política. 

Con la disminución del precio del barril del petróleo, el ingreso del Estado ya no alcanza para todo (bueno, la verdad es que de hace algún rato ya es así). Eso quiere decir por ejemplo, que el régimen debe decidir entre pagar los intereses de los bonos de Pdvsa o liquidar todas las divisas para importar algunos insumos necesarios para la menguada producción nacional. Está claro que honrar sus compromisos de múltiples deudas le deja el bolsillo corto para firmar todas las convenciones colectivas pendientes en el sector público, salvo inyección de dinero inorgánico en la economía, lo que no es sugerible porque causaría más inflación y el caos que se produciría sería de pronóstico reservado. Lo que si es seguro, es que de firmarse la convención colectiva de alguna de las empresas del sector público, de inmediato los trabajadores jubilados de la misma comenzarán a pedir las respectivas homologaciones. En caso que el presidente obrero acceda, se reanimará el malestar entre los supuestos 36.000 nuevos jubilados que el IVSS no termina de incorporar.

Por otra parte, mientras el régimen creía que había domado el conflicto en las industrias básicas acusando como delito el ejercicio de la libertad sindical, se encontró con un nuevo episodio en Briquetera del Caroní (antes Venprecar) cuyas dimensiones no son nada despreciables. Casi en paralelo, Fetraelec denuncia demora de 4 años en la discusión de su contrato por lo que amenaza con interrumpir actividades y una exigencia similar protagonizan los trabajadores de Bolipuertos. Los empresarios piden más ajustes de precios y los trabajadores más ajustes de salario, pero ninguno quiere la inevitable inflación con la que les va a tocar lidiar.

Al mismo tiempo, los tercerizados siguen pidiendo su incorporación en la nómina fija según la empresa del Estado que les corresponde (en algunos casos tienen dos años en eso) y los jóvenes se molestan porque la Ley del Primer Empleo firmada el 7 de octubre aun no ha sido publicada en la Gaceta Oficial. El Ejecutivo Nacional prohíbe a buhoneros comercializar con productos de la canasta alimentaria normativa, poniendo en jaque a un segmento importante de ese 40% de empleo informal. Es inevitable preguntarse: ¿Cuándo fue que nuestra sociedad se descompuso de esta manera? Francamente no entiendo cuál era la urgencia por desmontar un esquema de relaciones de trabajo, si el único resultado visible de la improvisada cruzada socialista es esta metástasis laboral.

@jair_defreitas

jair_defreitas_1@hotmail.com