• Caracas (Venezuela)

Jair de Freitas

Al instante

¡Háblame, Clorox!

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Esta semana se estremeció el ámbito empresarial tras tenerse conocimiento de que la transnacional Corporación Clorox de Venezuela, C.A. tomó la decisión de concluir sus operaciones en el país. La situación causó desconcierto entre los propios trabajadores, quienes tuvieron conocimiento al verse impedidos de ingresar a sus respectivos centros de trabajo. Aunque las razones se hicieron públicas más tarde, son las mismas de siempre: no es posible operar a pérdida, con interrupciones de suministro, retrasos en la liquidación de divisas y otras tantas variables que acentúan la incertidumbre económica.

Desde mi perspectiva, el mensaje laboral es nítido: la rentabilidad es condición esencial para la empleabilidad. Una empresa que opera a pérdidas sostenidas simplemente cierra, acabándose no solo la producción sino además las fuentes de trabajo. De esto tiene evidencia el propio gobierno ¿o no fue eso lo que pasó, por ejemplo, con las areperas socialistas y otros tantos experimentos fracasados de la revolución?

Pero qué les parece: la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras vigente (LOTTT) como verdadera “ley de transición al socialismo” previó esta situación, es decir, quien yace en el cuartel de la montaña tenía muy claro que la quiebra de empresas era parte de las secuelas del proyecto político de turno y por eso la reguló.

Al mejor estilo de La rebelión en la granja de George Orwell, el artículo 149 contempla que situaciones como las de Corporación Clorox de Venezuela, C.A. sean consideradas ilegales y, por tanto, bastará una decisión del ministerio competente en materia laboral para que se instale una junta administrativa especial y se reinicien las actividades productivas: ¿qué tal? Así se sencillo se resuelve todo en el país.

Permítanme insistir en lo que acabo de escribir, pues aquí hay materia prima para varios capítulos de la serie radial “Nuestro insólito universo”: según la normativa laboral vigente, en Venezuela es ilegal cerrar por pérdidas. Por lo tanto, un inversionista es una suerte de kamikaze que hasta puede terminar arrestado entre 6 y 15 meses como premonitoriamente lo señaló un artículo de la web Notilab de fecha 30 de julio de 2014 con el título siguiente: “En la LOTTT el patrono no puede cerrar su empresa libremente”.

Voy a ser diáfano y enfático en algo que he sostenido en mis artículos pasados: las leyes de la economía no se manipulan por decretos. Si fuese tan fácil, bastaría con que el presidente obrero publicara bajo la habilitante una ley que diga que no hay escasez, otra ley que diga que todos somos ricos, o una ley que procure la felicidad suprema (perdón, esa ya se hizo pero como que no entró en vigencia).

Corolario de lo anterior, aunque la norma diga que el ministerio puede ordenar la ocupación de una empresa cerrada y el reinicio de las actividades, el problema sigue siendo el mismo: ¿producir qué?, ¿con qué insumos o materia prima?, ¿a costo de pérdida? o, peor que las anteriores, luego de que en cadena nacional se haga el pase para transmitir la eufórica toma de instalaciones ¿cuánto tiempo transcurrirá antes de que la actividad se vea interrumpida nuevamente?

Así que, de aplicarse lo previsto en la LOTTT, la futura junta administradora especial no la tiene nada fácil, pues no hay que olvidar que aparte de las más de 150 obligaciones laborales y de seguridad social que deben garantizarles a todos los trabajadores de Clorox que hoy esperan respuesta, se sumará la próxima Ley del Primer Empleo. Sí, esa misma cuyo proyecto dice que tendrán que contratar 35% de jóvenes y que 20% de la nómina debe estar integrada por personas sin experiencia. Sale mejor dejar los tambores y levantar la mirada en el aeropuerto de Nueva York, pues quién quita por allá esté Donald R. Knauss y al mejor estilo de Eudomar Santos lo puedan saludar con el respectivo: ¡Háblame, Clorox!

 

@jair_defreitas

jair_defreitas_1@hotmail.com