• Caracas (Venezuela)

Jaime Merrick

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Las zonas económicas de desarrollo sustentable

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Tal y como se sostuvo en el artículo anterior, las siguientes líneas tienen por objeto desarrollar el contenido del Decreto que creó las Zonas Económicas Sustentables.

Efectivamente, el Decreto mediante el cual se creó las hoy derogadas Zonas Económicas Sustentables (Gaceta Oficial 5.556) tuvo como contexto la habilitación legislativa otorgada al Presidente de la República mediante la “Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan” de fecha  13 de noviembre de 2000 (Gaceta Oficial Nº 37.076). Producto de esa habilitación legislativa, el Presidente de la República dictó los 53 polémicos decretos-leyes, entre los destaca el Decreto 1469 de fecha 13 de noviembre de 2001, mediante el cual se creó las Zonas Económicas de Desarrollo Sustentable (Gaceta 5.556).

Según el Decreto 1469, las Zonas Económicas de Desarrollo Sustentable (Gaceta 5.556) eran concebidas como “... aquellas áreas del territorio venezolano que por sus características sean delimitadas por el Ejecutivo Nacional con la finalidad de instrumentar y ejecutar planes especiales de desarrollo integral de acuerdo a sus características y potencialidades…” (Artículo 2) y en las cuales “...se promoverá la adopción de sistemas especializados de producción y la creación de sistemas colectivos de organización para la producción y la comercialización….” (Artículo 3). La creación de estas zonas de desarrollo se encontraba a cargo del Presidente de la República en Consejo de Ministros, y la ejecución de los planes que se derivaban de su creación correspondía al Ministerio competente en materia de planificación.

En cuanto a los mecanismos de financiamiento de las Zedes, el Título II de este texto normativo establecía la creación de un Fondo Nacional para el Financiamiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (Fonzedes), con recursos provenientes de aportes públicos y privados (artículo 8), los cuales estaban destinados a “... la ejecución de los planes ... en cada una de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (Zedes), de conformidad con lo previsto en el presente Decreto-Ley y el Decreto de creación respectivo”. También en ese texto normativo se creó la Comisión de Administración del Fondo Nacional para el Financiamiento de las Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (artículo 9) con el objeto de administrar los recursos del Fondo; la coordinación y control de los planes de desarrollo de las Zedes; y rendir cuenta sobre las transferencia de recursos a los órganos ejecutores de los planes de las Zedes.

Finalmente, se estableció que la ejecución de los planes de desarrollo de las Zedes correspondía a órganos ejecutores que serán determinados por el Presidente de la República, y los cuales tienen por objeto de hacer seguimiento de los planes y proyectos de las Zedes; establecer relaciones de coordinación entre las Zedes y los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; y  rendir cuenta sobre la ejecución de planes y proyectos (artículos 14 y 15).

Sobre el texto objeto citas, es importante destacar dos aspectos: En primer lugar, lo genérico de su contenido, pues solamente consagró a rasgos generales qué son las Zonas Económicas de Desarrollo Especial, ingresos, y su estructura organizativa, lo cual, aunado a un figura que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional, genera un nivel de discrecionalidad en la creación y regulación de estas figuras. En segundo lugar, es importante resaltar que aun cuando las Zedes procuran un desarrollo territorial del Estado más equilibrado, los Estados y Municipios no aparecen como parte fundamental de ese proceso de desarrollo. Por el contrario, únicamente se estableció el deber de los Estados y Municipios en colaborar y coadyuvar con la ejecución de los planes y proyecto de las Zedes, sin establecerse relaciones de coordinación y planificación.

No es poca cosa el hecho que en el texto normativo comentado no se haya desarrollado ampliamente las relaciones entre las Zedes y los distintos niveles de gobiernos (regional y local) consagrados constitucionalmente. Constitucionalmente, el desarrollo territorial y la división político administrativa se rige por los principios de descentralización, autonomía estadal y municipal, y además, se cataloga expresamente a la descentralización como política nacional. En el caso de ese texto derogado, si bien es cierto que de su contenido no desprende una vulneración directa a la autonomía estadal y municipal, el desarrollo de las Zedes sí evidencia una estructura organizativa profundamente centralizada y dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, lo cual contradice a la descentralización como política nacional prevista en la Constitución.

Jaime.merrick@gmail.com

@jaimemerrick