• Caracas (Venezuela)

Iván Simonovis

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Iván Simonovis

Una medida humanitaria para poder recibir tratamiento médico

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He acudido a través de mi familia, abogados y amigos a casi todas las instancias, siendo prácticamente imposible conseguir respuesta a mi solicitud de una medida humanitaria que me permita recibir el tratamiento médico necesario, dado mi delicado estado de salud.

Mi salud se encuentra en estado precario. No tengo la asistencia médica que requiero para tratar mis padecimientos. No se me permite ser tratado médicamente de manera eficaz, oportuna y adecuada. Poder asistir a un hospital y ser tratado por médico de mi confianza es un derecho humano fundamental contemplado en tratados internacionales suscritos por Venezuela. Mi precario estado de salud es responsabilidad del Estado venezolano, siendo que la última crisis de salud la tuve el 26 de julio de 2013 cuando debí ser operado de emergencia de una perforación de la vesícula biliar, la cual produjo una peritonitis. Mi vida se vio seriamente comprometida por un diagnóstico errado de los médicos del gobierno destacados en un hospital del Estado. Posteriormente fui trasladado y de emergencia sometido a una cirugía en el Hospital Militar de Caracas, donde debí permanecer 11 días bajo estricta observación médica, dada la complejidad de la intervención quirúrgica. Luego de la operación he perdido 8 kilos de peso y más de 50% de mi capacidad física. A pesar de esto, lucho afanosamente por recuperar el temperamento, un mínimo razonable de mi estado natural.

Al mismo tiempo y por cuarta vez, mis abogados y mi familia solicitaron ante el tribunal de mi causa una medida humanitaria, la cual nunca fue decidida y fui enviado de nuevo al centro carcelario, donde debí aplicarme yo mismo los tratamientos médicos y ocuparme de una estricta dieta que me fue ordenada por los galenos. A la fecha la juez Primero de Ejecución del estado Aragua, Ada Marina De Armas, la Corte de Apelaciones del estado Aragua, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia siguen sin pronunciarse sobre esta petición de la defensa, por el contrario la retardan cada vez más. Mi suerte descansa sobre una justicia bizarra e impredecible, que decida demasiado tarde para rescatarme, de esta vida desmantelada por los males de esta injusta prisión.
El 22 de agosto fue remitido a la Fiscalía General de la República el informe con los resultados de la evaluación donde se evidencia que padezco de 19 patologías, cabe destacar que hasta la fecha he sido sometido a 15 evaluaciones médicas y todas han coincidido en la gravedad de mi estado de salud.

Han pasado meses y sigo sin recibir el tratamiento médico que se me indicó para combatir la osteoporosis que sufro. No existen en el Centro Penitenciario para Procesados Militares los equipos médicos adecuados para que me sea tratada, ni tampoco médicos dispuestos para atenderme, pues no cuentan con los implementos mínimos indispensables para mi tratamiento. Temo fundadamente que la osteoporosis hará crisis de un momento a otro y no hay que olvidar que la gravedad de esa enfermedad es tal que puede ocasionarme la muerte en caso de sufrir una fractura, así sea “amarrándome los zapatos”, como lo certificó el propio médico forense que me atendió y que rindió declaración en el tribunal de mi causa. Si bien desde que llegué a centro penitenciario he sido expuesto a la luz solar, no me ha sido aplicado el tratamiento recomendado por mis médicos tratantes, pues en Cenapromil no se cuenta con el personal especializado ni los equipos médicos necesarios para ello. Y esta situación se ha venido prolongando en el tiempo pese a que al Tribunal se le ha denunciado. Tampoco he recibido el tratamiento médico adecuado por las otras afecciones que también fueron certificadas por el propio forense, en especial la esofagitis, la esteatosis hepática y la taquicardia auricular.

Mi condición física trasciende las creencias políticas. Tanto que hasta el exvicepresidente José Vicente Rangel ha exhortado a los poderes Ejecutivo y Judicial para que intercedan a favor de la medida humanitaria, que me permitiría llevar a cabo el tratamiento cabal que por mis condiciones de reclusión no he logrado. La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha declarado a los medios de comunicación que la Fiscalía no se opondría ante una eventual medida humanitaria.

Debo aclarar que una medida humanitaria no implicaría impunidad, puesto que yo fui enjuiciado y condenado según establece la ley. En el artículo 503 del Código Orgánico Procesal Penal venezolano se establece que a una persona con enfermedad terminal o grave se le debe otorgar una medida humanitaria. Siendo que mi caso es una situación grave, mis abogados ya han solicitado 4 veces la medida en cuestión. Cabe mencionar que a 3 de mis compañeros del mismo caso que padecen enfermedades graves les fueron otorgadas estas medidas hace poco más de 2 años y se encuentran en tratamiento médico en libertad condicional. Es un caso de humanidad.