• Caracas (Venezuela)

Isabel Pereira Pizani

Al instante

¡Devuelvan el Sambil La Candelaria!

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A propósito de la propuesta de ley elaborada por Cedice Libertad y Liderazgo Visión “Restitución y garantías a la propiedad privada” enfocada en la devolución  de los bienes apropiados por el gobierno, es conveniente recordar el efecto destructivo del ataque frontal a los derechos de propiedad  vivido por los habitantes de la parroquia Candelaria durante y después de la toma de las instalaciones, ya prácticamente concluidas, del Centro Comercial Sambil.

Este centro llamado a constituir el segundo en su categoría en Caracas, situado a 10 kilómetros del palacio presidencial, fue tomado por el régimen en 2008. Para el momento de su intervención, 140 emprendedores habían invertido en la compra de locales y se disponían, en el corto plazo, a abrir sus establecimientos comerciales.

Hugo Chávez justificó esta medida ante la opinión pública con el argumento de que las cadenas de centros comerciales nacionales Sambil eran “el reino del derroche y del consumismo”, espacios que, a su juicio, “constituyen el mayor ejemplo del capitalismo, destructor de los recursos naturales del planeta”.

La promesa de Chávez fue convertir este centro comercial en una clínica, una escuela, una universidad. El 19 de enero de 2009, en la Gaceta Oficial número 39349 se declaraba de “utilidad pública e interés social el inmueble denominado Centro Comercial Sambil la Candelaria, ubicado en la parroquia la Candelaria en el municipio Libertador del Distrito Capital”.

“En 2010, dos años después, de haber sido confiscado, no había escuela, ni universidad, ni corporación de mercados socialistas, tal como fue el primer anuncio formal que se hizo sobre el destino de la edificación. Cerca de 4.500 personas damnificadas, provenientes de los deslaves de Vargas y carretera vieja de La Guaira, ocuparon las instalaciones, convirtiendo el complejo en el refugio más grande del país. Puertas, motores, cables y piezas de la estructura que podían ser vendidas fueron robadas, a pesar de la presencia de la GNB y del colectivo que allí gobernaba. Asesinatos, violaciones, venta de cupos para pernoctar, extorsión y tráfico de drogas, fueron objeto de  denuncias insistentes por vecinos de la Candelaria y por los propios refugiados” (El Universal, domingo 24 de agosto, 2014).

Algunos de los pequeños comerciantes declararon haber pagado al momento de la brutal ocupación cerca de 60% del costo de los locales. Ante el estado de incertidumbre siguieron pagando las cuotas por 8 meses, pues consideraron que tenían una obligación con la constructora, hasta que se les recomendó que dejaran de pagar; sin embargo, algunos, por decisión propia, siguieron pagando, y un grupo importante de comerciantes realizó la compra de locales con pago de contado.

“Eso es una tragedia para todos. Muchos de quienes invirtieron no quieren ni que les nombres el tema. Algunos sufrieron más que otros. Para el momento yo había pagado 2 millones de bolívares. Hoy en día cuánto puede costar un local en un centro comercial de esa calidad, sería imposible poder comprar”. (ibid)

El Sambil de la Candelaria fue “apropiado” por el régimen sin pagar a los inversionistas originales, 5 meses antes de su anunciada apertura. En recientes declaraciones, a propósito de cumplirse un año más de esta tragedia –7 en total–, los propietarios denuncian: “Nunca fue pagada y aún tenemos 120 pequeños y medianos comerciantes que invirtieron su dinero y ahorros aquí y aún esperan sus espacios para desarrollar su actividad económica. Aquí se generarían 4.000 empleos directos y unos 6.000 empleos indirectos. O sea, unas 10.000 familias venezolanas estarían relacionadas directamente con esta obra. Se incorporarían unos 2.500 puestos de estacionamiento a la zona de la Candelaria y le daría un cambio fundamental a este sector tan emblemático en el centro de Caracas” (Noticiero Digital, 20 de enero de 2016).

El balance final de este evento de apropiación indebida por parte del régimen determina que no se trató de una expropiación en términos legales, tal como corroboró fraudulentamente la Gaceta Oficial número 39349, donde se declaraba este bien como de “utilidad pública”. Los propietarios nunca tuvieron defensa como establece la Constitución y no se pagó el valor declarado autoritariamente por el régimen. Por otro lado, los habitantes de la Candelaria sufrieron los embates de la instalación de un clima de violencia e inseguridad tras la ocupación del centro sin ningún soporte social o educativo que permitiera a los ocupantes convivir en términos armónicos. Por último, los ocupantes forzosos del recinto tuvieron que convivir en condiciones negativas dadas las características de la edificación diseñada para la actividad comercial y no para la residencia de grupos familiares. En síntesis todos perdieron: los inversores pequeños y grandes que vieron esfumarse la oportunidad de hacer funcionar sus negocios y recuperar su inversión, los ciudadanos habitantes de la Candelaria por la aparición de un clima de inseguridad y perturbación de los servicios urbanos, los ocupantes impuestos por el gobierno dadas las duras condiciones de habitabilidad del recinto. En este recuento, el área metropolitana de Caracas aparece como uno de los más grandes perdedores, por la afectación negativa de sus servicios públicos sometidos a una súbita sobrecarga de demanda, por la destrucción de la actividad económica derivada de la desaparición de la posibilidad de generar 10.000 empleos formales y por el envilecimiento de la calidad de vida en la Candelaria, una de sus principales parroquias.

Esta es una muestra de los efectos negativos de la destrucción de la propiedad ejecutada por el actual régimen, que impone como necesidad la aprobación de la Ley “Restitución y garantías de la propiedad privada” diseñada por Cedice Libertad como un instrumento para respetar los derechos ciudadanos y hacer cada vez más real nuestra democracia.

Coordinadora Observatorio de la Propiedad de Cedice Libertad

isaper@gmail.com

@isapereirap