Los inspectores encontraron un panorama que no les agradó. Los cilindros de acetileno y los de oxígeno no estaban suficientemente separados, por lo que consideraron que existía riesgo de explosión. Había escaleras improvisadas cuyos peldaños no sólo eran resbalosos, sino que estaban unidos con alambres. El cableado en la zona de soldadura se encontraba expuesto. Las maquinarias y herramientas no eran sometidas a un plan de mantenimiento y los generadores eléctricos de una cava carecían de cable a tierra. Faltaba un sistema de señalización apropiado y también algo esencial: los trabajadores no tenían implementos adecuados de protección.

La lista incluye algunos de los hallazgos de la visita que el 4 de junio de 2010 hicieron funcionarios del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales al lugar de El Pinto, Monagas, donde se construye la fábrica para Cemento Cerro Azul, empresa pública venezolana. El contrato de la obra fue entregado en 2005 a la compañía estatal iraní Ehdasse Sanat. 

Debido a las irregularidades, la sociedad anónima fue castigada con una multa de casi 254.000 bolívares por el instituto, el cual está adscrito al Ministerio del Trabajo. El caso todavía se ventila judicialmente e incluso llegó a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Los directivos de la contratista asiática no se responsabilizan por las fallas. 

Omar Morales, apoderado judicial de la contratista, presentó el 12 de mayo de este año un recurso de nulidad en el que alegó que su representada sólo cumple funciones administrativas y que, por tanto, no tiene injerencia en la seguridad industrial. En el escrito se afirmó que las empresas que realmente ejecutan las obras son Oxin Sanat y Modiriate Ehdasse, ambas originarias de Irán y subcontratistas de Ehdasse Sanat. 

El Inpsasel, sin embargo, reclama a esa compañía que asuma las consecuencias dado que es la contraparte oficial del Estado venezolano en el proyecto. 

Sobran los trabajadores que reclaman mejoras en las condiciones de seguridad de la planta, en la que conviven aproximadamente 600 personas, entre venezolanos e iraníes. 

Las fallas ya han dejado consecuencias. Jesús Ravelo no tiene que hablar para dar su testimonio. Camina con dificultades en una plazoleta de El Pinto. Tiene 32 años de edad, pero no es capaz de desplazarse como cualquier hombre de su edad. 

Se acerca a un banco y sentarse le toma varios segundos. Lentamente, flexiona las piernas hasta donde puede hacerlo. Su vida dio un vuelco en una fecha simbólica: el 19 de abril de 2010. Él fue llamado a trabajar a última hora a Oxin Sanat mientras el resto de los venezolanos disfrutaban de un día libre o conmemoraban el bicentenario de un momento clave del proceso independentista. 

Apenas tenía 16 días de labores. Un supervisor iraní le ordenó que remontara la estructura metálica de un silo. En el ascenso ocurrió un hecho que no olvida: "Había una viga suelta y la pisé. No sé por qué la dejaron así. 

Quedé colgando, pero después caí desde una altura de 15 metros. Me fracturé las piernas. Tuve 5 operaciones. 

¿Dónde más crees que puedo trabajar así? Estuve 52 semanas de reposo en las que me pagaron y después fui despedido. Quiero una indemnización. Dicen que están dispuestos a dármela, pero me piden un informe que debe hacer Inpsasel sobre el accidente". Hace 3 semanas, los funcionarios del organismo se encargaron del caso. "No había escaleras, ni carritos, ni ascensores para subir. Tenía un arnés conmigo, pero lo iba a asegurar una vez que estuviera arriba", dice Ravelo. El ex trabajador tendrá que demandar si no alcanza un acuerdo satisfactorio. "Cualquiera que sienta que fue víctima de negligencia, tiene derecho a reclamar una compensación por daños físicos y morales ante un juez del trabajo", dice Francisco Iturraspe, experto en derecho laboral de la Universidad Central de Venezuela. 

Las fallas en las entregas de dotaciones para la seguridad se han convertido en un foco de conflictividad. Basta recoger las quejas en los portones de la obra. Un cabillero, por ejemplo, dijo que había pasado una semana entera con un par de guantes: "No debe ser así, porque los pedacitos de metal se acumulan y te pinchan las manos. Hay compañías que te los cambian a diario". La lista de las carencias incluye, entre otras piezas, cascos, botas, lentes y máscaras. Una denuncia recurrente es la de los despedidos a quienes no les reintegran dinero adeudado por equipos que nunca recibieron. Rafael Lugo, presidente de Cemento Cerro Azul, admitió los problemas en una declaración al diario regional Extra el pasado 14 de julio: "Reconocemos que siempre hay algún retraso, algún obrero con la bota rota, que tiene un casco viejo, pero eso siempre se soluciona, tenemos las mejores intenciones". Dijo eso en un momento cuando los directivos de la cementera denunciaron la agresión por parte de algunos trabajadores. 

Hay quienes afirman que la seguridad no es prioritaria para los contratistas del Medio Oriente. En una visita a la planta se puede observar, por ejemplo, a un hombre que camina en el borde superior de un silo, a más de 50 metros de altura. La imagen provoca vértigo. Un empleado de la cementera señala lo siguiente: "Ese es un iraní. Los montan allí sin protección como si fueran monos". Froilán Barrios, del Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, considera que hay un choque de culturas laborales con consecuencias negativas para los trabajadores. "Los iraníes vienen con una forma distinta de desempeñarse, pero no lo puede paga el más débil". La actuación del Inpsasel ha sido reconocida por empleados de la planta, que todavía esperan que entidades como la Inspectoría del Trabajo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales e incluso el Seniat sigan un camino semejante. Un ejemplo lo menciona Luis Bordones, de 45 años de edad, que recibió con año y medio de retraso más de 5.000 bolívares por cotizaciones de paro forzoso que fueron descontadas por Modiriate Ehdasse. 

Reclamación. La queja de Bernardino Marcano, de 31 años de edad, es diferente a la de Ravelo. Trabajaba como operador de una máquina de cortar cabillas en Modiriate Ehdasse cuando sufrió un accidente. 

"Perdí parte de los dedos meñique, anular y pulgar de la mano izquierda". Duró 3 años en la planta y dice que fue remunerado mientras duraron las 52 semanas de reposo. "Luego me despidieron y no me dieron ni siquiera la oportunidad de ser reubicado en otra posición", indica. Existen especialistas como Iturraspe que afirman que las compañías deben reintegrar a los afectados de los accidentes laborales en los casos que no se haya provocado una discapacidad mayor a 66%: "No es una gracia, sino una obligación legal. Las empresas deben demostrar que no poseen un puesto que ofrecer al trabajador". 

Un termómetro del clima laboral está en los juzgados monaguenses, en los que las partes han debatido sobre órdenes de reenganche incumplidas, diferencias sobre cálculos de prestaciones y despidos injustificados, entre otros. Minerva Mundaraín expuso su situación ante los jueces. Era asistente de recursos humanos de Oxin Sanat y la botaron en febrero de 2009 ­según la acusación en su contra­ por simular horas extra de trabajo, con lo que le causó un daño patrimonial a la empresa. Pero en su réplica la empleada dijo que Mohammad Mehdi Salehi Kermani, gerente de proyecto, la había obligado a desviar dinero de la nómina de trabajadores para pagar otras cuentas, a pesar de que era consciente de que así incurriría en una mora. 

De acuerdo con Mundaraín, su jefe hizo ver que ella había sido responsable del error. Los trabajadores, de hecho, afirman que en cuatro oportunidades hubo retardos en el pago de la nómina y ello generó moras que aún reclaman. 

El malestar también puede palparse entre los desempleados de El Pinto y Quiriquire, un pueblo cercano. "No nos dan oportunidades a nosotros, pero tienen iraníes como obreros. He escuchado decir que los consideran a ellos máquinas", dice uno que buscó sin éxito empleo por más de un año. Dirigentes sindicales indican que es difícil precisar si los contratistas sobrepasan o no el límite establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, según la cual no más de 10% de la nómina puede destinarse a mano de obra foránea. La oferta de puestos temporales, por períodos de 2 a 3 meses, también ha sido criticada. José Rangel y César Millán, egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, dieron una declaración al periódico El Oriental en la que se quejaban de la flexibilización y señalaban que era una fórmula para evitar pagar una nómina fija. 

En El Pinto hay quienes temen que prácticas violentas como las que existen en el estado Bolívar se trasladen a esa población. Hasta el año 2008, el Sindicato Nacional de la Construcción fue la principal organización dentro de la obra y después fue sustituida por la Unión Bolivariana de Trabajadores y por Siglo XXI. Ya hubo un episodio de violencia armada en los portones. Las acusaciones sobre corrupción sindical están en boca de los trabajadores, mientras parece más necesaria que nunca la defensa de los derechos laborales. Otra paradoja en Monagas. 

El obrero que encaró al ministro

La comitiva oficial llegó a El Pinto, Monagas, un viernes a mediodía, cuando prácticamente no había trabajadores con quienes conversar en el lugar donde se construye la fábrica de la empresa pública CementoCerro Azul. Ricardo Menéndez, ministro de Ciencia yTecnología, no se desplazó en automóvil como cualquierciudadano a quien desde Maturín le espera una hora decamino: viajaba en helicóptero y el arribo del aparato nopasó inadvertido. Kamil Rengel, operador de maquinariapesada, no se intimidó por la presencia de los ejecutivos y gerentes de las contratistas iraníes que desarrollan la obra, aún inconclusa después de seis años: "Lo tenían rodeado, pero yo me acerqué y le dije al ministro que teníamos inquietudes". 

El miembro del Gabinete retrasó la inspección del pasado 9 de septiembre y escuchó la exposición de Rengel, un testimonio directo del descontento de la mano de obra. La intervención originó la convocatoria a una serie de mesas de trabajo con el propósito desolucionar los problemas que quedaron en evidencia. 

Una de las quejas fue sobre el trato que los patronos extranjeros dan al personal venezolano. "Hacen lo que les da la gana", dice Rengel. El obrero se paseó por un tema espinoso. 

Pidió a Menéndez establecer si era cierto que uno de los iraníes responsables del proyecto ­es conocido como Massoud­ recibía dinero por el alquiler de equipos eléctricos quefuncionaban en la planta. El comentario reflejó la preocupación existente por el manejo de los fondos aportados por el Ejecutivo. 

Rengel reiteró los reclamos por las condiciones de seguridad industrial y a esas quejasañadió otra: la carencia de alternativas para la atención de las emergencias médicas. "Notenemos pólizas de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. Cuando se presenta un caso urgente con nosotros o nuestros familiares, hay que contactar a los iraníes para que paguen y si no lo hacen es un problema". Menéndez propuso establecer instalaciones de la Misión Barrio Adentro como una solución más allá de la medicina privada, lo que se ha discutido en las mesas de diálogo. 

Aunque no tuvo de mencionarlo al ministro, Rengel recuerda el caso del despido de cuatrodirigentes sindicales, un hecho que ha sido interpretado por muchos en la planta como unarepresalia por haber sido denunciantes de irregularidades. 

"Los botaron y la Inspectoría del Trabajo no actuó como debió para reengancharlos, porque como representantes de nosotros estaban protegidos por la ley". Las inquietudes laborales están a flor de piel.