Campesinos de El Pinto, Monagas, afirman que todavía no les han pagado las indemnizaciones que les prometieron cuando fueron desalojados, hace seis años, de los terrenos donde hoy se construye una fábrica para la empresa pública Cemento Cerro Azul. Los agricultores no sólo esperan por el dinero, sino también por su reubicación en nuevos predios, para retomar sus labores de cultivo.

Anunciaron que protestarán en los portones de la compañía el próximo 2 de enero porque los ejecutivos de la cementera dijeron que no honrarían las obligaciones pendientes en lo que resta de 2011.

La construcción de la fábrica es uno de los proyectos bandera de la cooperación entre Venezuela e Irán. El contrato de la obra, por cerca de 200 millones de dólares, fue entregado por el Estado a la empresa pública iraní Ehdasse Sanat, la cual subcontrató a otras 2 compañías privadas de origen persa: Modiriate Ehdasse y Oxin Sanat. A pesar de que el convenio entre las autoridades de ambos países se suscribió en 2005 y que se planificaba su culminación en 2008, la planta no ha producido el primer saco de cemento.

Los terrenos donde se levanta la planta eran ocupados por 110 pisatarios. La mayoría, según Daniel Castillo, del consejo comunal Ezequiel Zamora, no han sido justamente indemnizados. "Les han pagado a 30 aproximadamente".

Rodolfo Sanz visitó la fábrica en 2008 cuando era titular del Ministerio de Industrias Básicas y Minería. "Él nos dijo que el dinero había sido aprobado por el presidente Hugo Chávez", afirmó Mélido Bermúdez, uno de los afectados que está dispuesto a protestar en enero próximo. Sin embargo, afirma que Melcíades Rodríguez, nuevo gerente de proyecto de la empresa, anunció que pagarán el año que viene.

Afectados han remitido a los jefes de Cemento Cerro Azul sus quejas por los supuestos cobros irregulares a los pisatarios por personal del área jurídica.

Se les pedía a los campesinos el equivalente a 40% de la indemnización como condición para gestionar los recursos. Aseguran que la negativa a aceptar el cobro se convirtió en un obstáculo para recibir los pagos.

A los agricultores les llama la atención que no se les haya pagado a pesar de los montos millonarios que se han invertido en el proyecto. "Esas empresas que están ahí no nos ayudan con nuestras necesidades, hay que ver cómo está la vialidad, por poner un solo ejemplo".

En octubre, Miguel Fuentes, alcalde del municipio Piar, admitió que realizaba gestiones para lograr que las corporaciones iraníes pagaran una deuda fiscal que calculaba podía superar los 5 millones de bolívares.

La Comisión de Contraloría de la AN aceptó la semana pasada iniciar una averiguación sobre el contrato, a solicitud del diputado Rodolfo Rodríguez, de AD, quien llevó el caso al comité luego de que El Nacional publicó una investigación sobre el asunto en octubre pasado.