El galpón de la tienda de Agropatria en Quíbor, estado Lara, luce inmenso. Unas pocas cajas medianas de productos agroquímicos ocupan el área central y otras están arrimadas a una pared. El almacén está prácticamente vacío, igual que el estacionamiento para los visitantes. Al mostrador, en la parte delantera, muy pocos se acercan para pedir mercancía. Unos llegan con aprensión y otros esperan tener suerte.

Para todos, la expropiación de Agroisleña, ejecutada por el Gobierno en octubre de 2010, no es un hecho del pasado, sino una realidad con la que no consiguen conciliar todavía.

La tienda no tiene mucho para ofrecer a los 2.000 productores de esta zona agrícola larense donde se cultivan 6.500 hectáreas de cebolla, pimentón y tomate que abastecen a todo el país, y se producen semillas. La ausencia de fertilizantes, fungicidas, úrea, desmalezadores, instrumentos de labranza y repuestos alienta la reventa ilegal, que encarece los costos y obliga a los más pequeños productores a desistir de la actividad.

"¿Qué voy a encontrar? Desde que expropiaron Agroisleña no hay ni Gramozon (herbicida) ni más nada. Soy chavista, pero las cosas hay que decirlas con su nombre: faltan insumos".

El desaliento de Félix Pérez, productor de cebolla, es tan pesado como el calor de esa tarde de mayo. Otro comprador se declara afortunado: "Hoy conseguí fungicida. Aproveché, porque no siempre es así".

Dos hombres preguntan si hay filtros de aire para tractores. El encargado señala hacia la esquina. "No. Puede que en la cooperativa". Algunos indican que su producción ha bajado. Un agricultor que prefiere mantener su nombre en reserva señala: "Tengo 50 hectáreas de cilantro y pimentón en El Tocuyo, pero sin insumos no puedo sembrar".

Réplica nacional. Quíbor es un espejo de la situación que se reporta en otras regiones del país.

En el pueblo larense los productores aún calculan cuánta superficie han dejado de sembrar. Según datos oficiales la cadena oficial atendió el año pasado 600.000 hectáreas menos que en 2010.

El ejemplo de Portuguesa es claro. Datos del ministerio y de los agricultores lo revelan. En 2005, los productores de maíz financiados por la empresa de la familia Fraga sumaban 38.000 hectáreas activas, que ese año produjeron 135.964 toneladas del rubro. En 2011, la producción cayó a cero: no fueron atendidos por Agropatria.

Controles. En la tienda de Agropatria de Quíbor hay un aviso escrito a mano. Se indica que a partir del 2 de mayo los requisitos para comprar exigían ser un productor del municipio Jiménez y además presentar cédula de identidad y una constancia del Instituto Nacional de Tierras. Otra notificación advierte que toda compra debe ser retirada el mismo día. Gabriel Izarra, piñicultor, se queja de discriminación. "No me venden porque soy de Barquisimeto.

Ahora me toca comprar Gramozon por ahí a 500 bolívares la garrafa de 5 litros, cuando el precio es de 125 bolívares".

Los cuerpos de seguridad hacen operativos para evitar que los productos de la antigua Agroisleña se comercialicen en otros establecimientos. Estas acciones enrarecen el ambiente en Quíbor. "Caen juntos la Guardia Nacional, el Seniat y la policía, de manera imprevista. Si encuentran algo, se lo llevan", dice Nerys Aranguren, de la comercializadora Moyetones. En el lugar es un secreto a voces que los trabajadores de Agropatria envían gandolas a fincas donde revenden los insumos con sobreprecio.

Auditoría en espera. Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, anunció que el 26 de marzo se realizaría una auditoría de insumos en todas las tiendas.

No se conocen resultados, pero puertas adentro los trabajadores quieren explicaciones, pues temen que debido a la inoperatividad de las 11 empresas del consorcio éstas sean cerradas.

Han pedido que se aclare el destino de los 330 millones de dólares que el Ejecutivo entregó a Yván Gil, el presidente de la empresa desde enero.

El malestar movió a los trabajadores de las 11 compañías ­Serviform, Inica, Proyefa, Syntec, Venezolana de Riego, Metal Zamora, Agropatria Planta Morón, Olaca, Sehiveca, Silos Araure y Servigranos­ a protestar. El 24 de marzo cerraron la vía principal de Cagua, donde está la sede de la compañía, como mecanismo de presión para que la gerencia reactive las plantas que ­aseguran­ se encuentran paralizadas entre 50% y 90%. En esas manifestaciones dijeron que sólo se produce 20% de los insumos y que el resto se importa. "Si esta situación sigue así, podemos perder nuestros empleos", dijo ese día Andrés Salazar de Olaca.

Tres semanas después un tribunal agrario de Aragua y Carabobo otorgó una medida de protección para evitar que eventuales conflictos paralicen las actividades, incluidas las protestas. La decisión acentuó el malestar entre los trabajadores, quienes la interpretaron como un intento de silenciarlos. "¿Será que le quedó grande Agropatria al Ministerio de Agricultura y Tierras?", se preguntó ante la prensa José Leje, de Serviform, a principios de mayo.

Fallas gerenciales. La renuncia de unos y el despido de otros miembros de la gerencia de Agroisleña a causa de la expropiación fue un factor determinante del desempeño negativo, según fuentes del sector.

"Quienes quedaron al frente no sabían cómo hacer las solicitudes de materia prima ni planificar la producción en un negocio tan complejo", dijo uno de los gerentes marginados. El malestar laboral se ha presentado en instalaciones como la de Morón, Carabobo, donde reclaman aumentos salariales.

Fuentes internas señalaron que esta semana comenzaron a recibir insumos para reiniciar la producción de las plantas. Una de ellas, paralizada desde octubre de 2010, volvió a activarse.