Andrés Cabrera está decepcionado. Es un productor de naranjas de Bejuma, Carabobo, que todavía espera que el Gobierno haga buena una promesa: limitar la venta de agentes tóxicos para controlar las plagas y estimular la distribución de insumos menos agresivos para la naturaleza y el ser humano. 

Agropatria ­la mayor red de comercialización de productos agrícolas del país, creada después de la expropiación de Agroisleña en octubre de 2010­ sería clave en la ejecución de esos dos objetivos, según anticiparon voceros gubernamentales hace 21 meses. Pero el agricultor siente que ocurrió exactamente lo contrario: "Cuando tienen inventarios, cosa que no pasa mucho, lo que venden son los productos más fuertes que están en la categoría de los banda roja".

Agropatria todavía ofrece plaguicidas considerados como "extremada y altamente tóxicos" y cuya venta debió cesar en abril de 2010, de acuerdo con una resolución del Ministerio de Agricultura y Tierras publicada ocho meses antes.

En la página web de la cadena figuran 2 productos de este tipo, pero en las listas de precios que la empresa estatal ha hecho circular entre los agricultores este año aparecen 12.

Un día después de la expropiación de Agroisleña, Juan Carlos Loyo, entonces titular del despacho, declaró lo siguiente: "Los que están en la franja roja, que son un grupo de productos que están eliminados a nivel internacional, van a salir completamente del mercado. El modelo de los agrotóxicos fue impuesto, ahora vamos a mostrar las bondades de los controladores biológicos". Sus palabras crearon expectativas de redes ambientalistas afines al Gobierno.

Documentos de la Gran Misión Agro Venezuela de agosto de 2011 confirman que lo dicho por Loyo no se cumplió.

En un diagnóstico sobre el tema se indica que la falta de capacitación para pequeños y medianos productores conlleva un "uso excesivo de agrotóxicos" y que además ha faltado "un plan de incorporación de insumos agrobiológicos".

La resolución del ministerio, de agosto de 2009, ordenó la eliminación de 400 insumos (de los 1.000 registrados ante el extinto Servicio Autónomo de Sanidad Agrícola Integral ahora Instituto Nacional de Sanidad Agrícola Integral) elaborados con ingredientes activos como endosulfán, parathión metílico, monocrotofos, azinfosmetil, triazofos, carburán, metamidofos y aldicarb, además de los fabricados con órganos clorados, clenbuterol, estricnina, nitrofuranos y clorafenicol. La medida fue una respuesta a los compromisos adquiridos con la firma de la Convención de Estocolmo, en 2005, un acuerdo internacional que busca el control y eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes (COP), que son los compuestos químicos que contienen los plaguicidas banda roja.

La convención se firmó luego de décadas de lucha de organizaciones que, como la Red de Acción en Alternativas al Uso de Agrotóxicos en América Latina, señalan que no deben usarse en países donde no haya condiciones para hacerlo bajo estricto control, porque su mala utilización está relacionada con daños a la salud y el medio ambiente.

Especialistas consideran que hasta 2005 el Estado se encontraba retrasado con respecto al resto del mundo y después intentó avanzar a una velocidad demasiada rápida, por lo que saltó de un extremo al otro de la escala. "Ha faltado planificación", dice Nereida Delgado Puchi, directora de posgrado de la Facultad de Agronomía de la UCV.

Premura. Hay expertos y productores que afirman que una eliminación brusca de los agroquímicos no es prudente en Venezuela. Ese tipo de productos garantizan rendimientos masivos de las cosechas a costos bajos. "Su erradicación fue una oferta engañosa, sobre todo si se habla de soberanía alimentaria y de satisfacer a 29 millones de venezolanos", expresa Delgado Puchi.

La académica agrega que la alternativa de masificar los denominados controladores biológicos ­hongos, larvas o insectos que se emplean para limitar las plagas­ implica la creación de laboratorios especializados. "Eso no se hace de un momento para otro y debe obedecer a una política progresiva". El Gobierno ha hecho esfuerzos para crear una red de 23 fábricas, pero aún la disponibilidad de bioinsumos no es comparable con la de los químicos.

Luis Sandia, especialista en salud y medio ambiente de la Universidad de los Andes, disiente en una idea: "El problema no es que los productos sean tóxicos sino que su uso sea adecuado". En sus investigaciones ha constatado que en muchas zonas del país los agricultores aplican los productos sin necesidad o lo hacen sin protegerse con la vestimenta adecuada. También ha observado que los resguardan en lugares indebidos como las habitaciones. "El Estado debe instrumentar una política de acompañamiento al agricultor en el uso de los plaguicidas", recomienda. La población también debe ser responsable, añade.

Descontrol. La incapacidad de Agropatria para atender la demanda de los productores ­informes del despacho de Agricultura muestran que la red de 108 tiendas atendió en 2011 menos agricultores que en 2006, cuando el Gobierno tenía 16 establecimientos propios­ ha estimulado el fenómeno del contrabando. Y este ha agravado un problema: el acceso descontrolado a productos tóxicos que en otros países se han dejado de vender o se comercializan con licencias y rigurosas previsiones.

"Todo el mundo sabe que en las tiendas no hay productos, pero quien le paga a las mafias les llevan las gandolas a las fincas", dice una fuente que pidió el anonimato. Esto se ha unido a que el acompañamiento técnico que hacía Agroisleña con sus clientes ha disminuido después de la expropiación.

Sin permisos. Los fabricantes afirman que el Gobierno está retrasado con la emisión de autorización para la importación de los agroquímicos con poco nivel de toxicidad y de bioinsumos. "Todavía estamos a la espera de los permisos que debe aprobar el Insai para las nuevas moléculas", expresa Amparo Ruiz, directora de la Asociación de Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios que agrupa nueve empresas, entre ellas las transnacionales Dupont, Monsanto, Syngenta, Basf y Bayer.

El Gobierno había asumido ese compromiso luego de que se publicó la resolución ministerial de 2009. La vocera reconoce que ese documento colocó a Venezuela parcialmente a tono con la tendencia mundial, pues incluso en países como Colombia y Perú, muchos de los productos que fueron retirados habían salido del mercado hace 10 años. Todavía hay otros que circulan en el país en medio de las fallas gubernamentales.

Campaña tóxica

Ex ejecutivos de Agroisleña aseguran que antes de la expropiación esa empresa nunca fue acusada por el Gobierno de contaminar el medio ambiente o enfermar a la población. Ese, sin embargo, fue uno de los argumentos centrales utilizados luego de la estatización para justificar la medida. En 2011 el Ministerio de Comunicación e Información difundió una campaña resumida en el documento Caracterización de Agroisleña. Allí afirmaba que la empresa era "un oligopolio; explotaba a los productores y trabajadores agrícolas, y distribuía agrotóxicos". Agregaba que esos productos no estaban adaptados al país y ocasionaban muertes por intoxicación crónica. Algunos de ellos siguen siendo vendidos por Agropatria. Iván Gil, presidente de la empresa y viceministro de Circuitos Agroproductivos del Ministerio de Agricultura y Tierras, aún no ha contestado las solicitudes de entrevista que se le han presentado.