La superficie de cosecha de 1.200.000 hectáreas en Venezuela requiere de 3.000.000 de dosis anuales de bioinsumos, de los cuales en 2011 sólo se produjeron 1.500 dosis, menos de 1%. 

Documentos oficiales señalan que la carencia de este tipo de artículo obliga a la creación de políticas que alienten su producción, con el objetivo de reducir la alta dependencia de agroquímicos, que asciende a 70% del consumo total del país.

En el proyecto Tecnología para la producción agrícola sustentable, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, de 2008, el Gobierno propuso una serie de iniciativas para modificar en tres años el patrón de consumo de agroquímicos de la agricultura nacional e insertar el de los bioinsumos. Estos son productos de origen natural para el control de plagas y enfermedades, que carecen de tóxicos, y constituyen una alternativa a los plaguicidas y fertilizantes químicos. El Gobierno prometió avanzar en esta política como consecuencia de la expropiación de Agroisleña y la creación de Agropatria.

Sin embargo, la red estatal de insumos ­la más grande del país­ todavía los vende.

El documento alerta sobre la alta importación de los agroquímicos. Agrega que este volumen está relacionado con la compra de paquetes tecnológicos ­semillas, insumos y asesoría técnica­ foráneos que no han sido adaptados a las condiciones agroecológicas ni a la cultura de los productores del agro. Señalan que la consecuencia ha sido la "erosión genética" de especies de siembra autóctonas y daños al ambiente y la biodiversidad.

El proyecto indica que es insuficiente la generación y uso de herramientas biotecnológicas para el sector agrícola, y que sólo 5% de los productores venezolanos utiliza tecnología sustentable, como los bioinsumos.

Se afirma que 60% de la demanda potencial en servicios de laboratorio agrícola está desasistida. Además, "el control de calidad de productos y subproductos e insumos biológicos para uso agrícola es deficiente, y al 40% no se le conoce su calidad e inocuidad".

Añade que hay un déficit de 40% en insumos biológicos, 20% en inmunobiológicos, 20% en cultivos celulares y 30% en animales de laboratorio. En ningún caso la propuesta explica las cifras de las cuales derivan los porcentajes mencionados.

Líneas comerciales. El plan del INIA debía ejecutarse en 19 estados y tenía como objetivo producir para 2011, 3.000.000 de dosis de bioinsumos con la finalidad de cubrir 1.200.000 hectáreas de superficie agrícola. También se propuso crear 10 líneas comerciales de este tipo de insumos y 3 centros nacionales de tecnología agrícola: el Centro Nacional de Biotecnología Agrícola, el Centro Nacional de Producción de Bioinsumos Estratégicos y el Centro Nacional de Sistemas Mecanizados, que fortalecerían la debilidad institucional para la investigación y producción del área.

Al concretarse, el impacto sería directo: disminución en 30% de uso de plaguicidas; cobertura de 17% de la producción anual de insumos biológicos para un área de 250.000 hectáreas y disminución de 20% de las pérdidas de las cosechas. Además, elevaría el número de productores que ejecutan tecnología sustentable.

Para todo esto sería clave establecer redes de comercialización y distribución de bioinsumos en las principales "zonas agroecológicas" del país.

Una fuente relacionada con el proyecto indicó que se ha implementado de forma parcial. Las últimas memorias y cuentas del Ministerio de Agricultura y Tierras no brindan información sobre la vigencia del proyecto ni tampoco sobre las líneas comerciales de bioinsumos. Sólo se hace referencia al trabajo de una planta de producción de bioinsumos en Turmero (Aragua), donde se produjeron 1.500 dosis de bioplaguicidas y biofertilizantes en 2011.

Venta vigente

El Estado ha dado pasos para la eliminación de agroquímicos altamente tóxicos utilizados en la agricultura y que en otros países han sido erradicados. En 2009 una resolución del MAT sacó del mercado alrededor de 400 productos que contenían sustancias químicas consideradas peligrosas por acuerdos internacionales, entre ellos, el Convenio de Estocolmo, ratificado por Venezuela en 2005. La medida también establecía que para abril de 2010 debían salir del mercado otros productos altamente y moderadamente tóxicos, que aún se venden.