Un paquete de medidas de emergencia puso en marcha el Ejecutivo para reimpulsar la actividad de Agropatria, antigua empresa Agroisleña, expropiada en octubre de 2010 y hoy llamada por productores del campo Agroestante en alusión a la ausencia de insumos en sus anaqueles. El propósito es estimular el sector agrícola, luego de los resultados irregulares de los últimos años.

El 29 de enero, Chávez exhortó a los funcionarios del área a solucionar la situación y aprobó 300 millones de dólares para que la estatal adquiera insumos y maquinaria agraria. En directa alusión a malos manejos financieros, el jefe del Estado le dio una orden a Yván Gil, presidente de Agropatria: “En año y medio me pagas hasta el último dólar (...) eso hay que recuperarlo, no te cobro intereses”.

Esta semana el ministro de Defensa, Henry Rangel Silva, aseguró que el Gobierno desarrolla un plan de revisión y logística “para que las tiendas de Agropatria tengan un nivel deseado”. La ausencia de insumos clave–fertilizantes, abonos y rodenticidas– no garantizan buenos resultados para el próximo ciclo de siembra de arroz, que comienza la próxima semana, ni para el de maíz, sorgo y otros cereales, que arranca en abril. La falla en la oferta pondría en riesgo la cosecha.

El anuncio lo hizo durante la instalación del Comando Estratégico del Órgano Superior de Agricultura, la nueva estructura que tiene como propósito garantizar la soberanía alimentaria del país. En ella los militares están llamados a vigilar la zafra en las regiones.

Carlos Machado-Allison advierte que además de agroquímicos se requieren semillas para garantizar la producción de hortalizas y otros rubros que se cultivan. “Para eso se necesita levantar la restricción de dólares a través de Cadivi y la regulación de precios, que desestimula a los productores”.

La poca efectividad de la gestión de Agropatria durante la gestión de Juan Carlos Loyo ha tenido consecuencias: en Calabozo y Acarigua, como no se consiguen rodenticidas en cantidades suficientes, los cultivos de arroz están afectados por una plaga de ratas.

Los rostros de la cosecha roja

Elías Jaua. El vicepresidente ejecutivo de la República volvió en enero al Ministerio de Agricultura y Tierras. Ejerció el cargo entre 2006 y 2010. Aun después de su salida, fue su conductor a la sombra. 9% decreció la actividad de los agricultores entre 1999 y 2011, según la Universidad de los

Andes. Los datos indican que el país produce menos alimentos y depende de las importaciones.

Ricardo Javier Sánchez. Ricardo Javier Sánchez preside el Fondo Nacional de Desarrollo Agrícola Socialista. Intenta impulsar la agricultura urbana, objetivo incumplido por el Gobierno, y exportaciones no tradicionales como las de flores. 50% de los alimentos que consumen los venezolanos es importado; antes de 1999 había autoabastecimiento. Del exterior provienen aceite, maíz, arroz, azúcar, café, carne y leche.

Luis Mota Domínguez. El mayor general de la Guardia Nacional fue nombrado el 3 de febrero presidente del INTI. Dijo que cambiaría la imagen de “organismo terrófago” que tiene la institución. 7,47 millardos de dólares se pagaron en alimentos importados en 2008. En 1999 las compras externas sumaban 1,5 millardos de dólares, y al cierre de 2011 eran de 6,3 millardos de dólares.

Yván Gil. El presidente de Agropatria recibió 300 millardos para levantar la empresa estatizada, que dejó de producir insumos agroquímicos para el sector. Chávez le ordenó devolverlos al Estado. 15% fue el índice de escasez al cierre de 2011, el más alto desde 2007, según Datanálisis. La tasa de inflación de los alimentos fue de 33,6% mientras la general fue un poco menor, de 27,6%. 

Chucho Meleán
El fundo El Peonío de Jesús Meleán, un productor con casi

70 años de experiencia, fue intervenido junto con otros 46 por Loyo, el 17 de diciembre de 2010, en el Sur del Lago. Del grupo de fincas, 23 fueron devueltas a sus dueños y 24 están en manos del Estado, entre ellas El Peonío. Como muchos trabajadores de la zona, Meleán se resistió al principio, pero luego aceptó la expropiación.

Franklin Brito
El productor agropecuario era dueño de la hacienda La Iguaraya, en Bolívar. Luego de denunciar que su propiedad había sido invadida a través de cartas agrarias ilegales emitidas por el INTI, inició una serie de huelgas de hambre. Como consecuencia de la última, que llevó a cabo entre abril y agosto de 2010, falleció sin obtener respuesta oficial. Su deceso conmovió a la opinión pública.