• Caracas (Venezuela)

Ildemaro Torres

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Dignidad vigente

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En las recientes elecciones de diciembre, para contento nacional grandes masas de seres de vocación democrática, definida conciencia política, dignidad, valentía, y apego a principios de alta moral, llenaron las calles y centros de votación para expresar con firmeza la decisión de desplazar del ejercicio del poder, por medios pacíficos y en un acto de  pulcritud democrática, a quienes en ejercicio de una  vocación delictiva llegaron a él en brutal asalto.

En términos de valoración de las circunstancias y de las eventuales implicaciones de las mismas está claro que junto a la justificada celebración, en especial como augurio de un merecido futuro de real recuperación, debemos estar vigilantes, atentos  a cuanta reacción negativa, antipopular, pueda estar gestándose en la actitud  y el comportamiento ya conocidos, de quienes han ejercido (y evidencian querer seguir ejerciendo) ese poder viciado.

Camino del ansiado logro por el cual  luchamos, constatamos que tenemos una Venezuela degradada y  hundida por ineptos en vergonzoso atraso, con universidades agredidas, la cultura y la educación despreciadas por los entes oficiales responsables de ellas. Pérdida de valores éticos con auge de la criminalidad, y proliferación de pandillas armadas y con impunidad garantizada. Desatención de la salud pública. Morgues abarrotadas de cadáveres y de familias desesperadas exigiendo la entrega de los mismos. Contraviniendo hechos existenciales y leyes biológicas, hoy vemos a ancianos dando sepultura a hijos y nietos jóvenes.  

Alguien que le dé una leída de corrido al texto completo de nuestra Constitución, llega a la conclusión de que nadie nunca la ha violado más, artículo a artículo, que el comandante barinés (ahora celestial), dedicado desde su taburete  en Miraflores a llevarle la contraria a cada deber y obligación indicado en esas páginas, y si algo reviste gravedad en tan irresponsable adulteración fue la producción de una Ley Habilitante que reforma (deforma) la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, una acción estrictamente política con él confiriéndose facultades legislativas y confirmándose como un dictador de facto, en función de consolidar la existencia de la Milicia Bolivariana y hacer ilegalmente de ella el quinto componente de la FAN, paralelo y contrapuesto a lo establecido en la Constitución.

El elemento militar está viviendo una extraña situación, al asistir a su sustitución progresiva pero manifiesta, por círculos, milicias, reservistas, guardias territoriales, o como se les quiera llamar, de civiles entrenados y armados; además de estar sometidos a vigilancia y seguimiento por los servicios de inteligencia.

Es galopante el fenómeno de armamentismo del país, perceptible en la concepción que manifiestan hombres de uniforme que ocupan puestos claves y de figuración pública, con reiteradas evidencias del avance de esa presencia que tiende a copar la escena cada vez con más poder; y asimismo, de la redefinición de las Fuerzas Armadas como el partido militar del Presidente. En el 2000, al asumir el Comando de Operaciones Aéreas, el general Régulo Anselmi afirmó que: “La paz, no la guerra, es la que destruye a los hombres”.

A la defensa del país y dados a su recuperación económica, política, social, laboral, cultural y educativa, es válido denunciar y enfrentar cuanto define al actual gobierno militarista en su fracaso, pero está claro que también ha llegado un momento en que nos toca entender que si la perversión ha alcanzado el carácter de un delito punible tenemos el deber punitivo de demandar penas concretas, de exigir sanciones por los daños que padece la población inerme e indefensa  y ante el voraz saqueo de los bienes nacionales.