• Caracas (Venezuela)

Humberto Márquez

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Periodistas en peligro: la Resolución 2222

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Los periodistas y el derecho a la información han recibido un espaldarazo con la Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada por unanimidad de sus 15 miembros, y la cual ordena respeto y protección para los profesionales de los medios de comunicación presentes en zonas de conflictos armados.

Se trata de un paso de avance, un antecedente, que puede irradiarse a los derechos de los profesionales de la comunicación y de los públicos civiles a los cuales sirven en las regiones y territorios devenidos en escenarios de conflictos no-permanentes o no-armados.

Ello porque el Consejo de Seguridad, encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales, avanzó sobre el terreno del derecho a la información y la protección de los periodistas, en su condición de trabajadores civiles que no son parte del conflicto.

El Consejo condenó “todas las violaciones y abusos cometidos contra los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado en situaciones de conflicto armado”, así como la impunidad de esos crímenes contra los comunicadores.

En el mundo restan unos 40 conflictos armados abiertos, según el sueco Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. En América reúnen esa condición la insurgencia y contrainsurgencia en Colombia y las matanzas asociadas a tráficos ilícitos que asuelan importantes áreas de México y Honduras.

Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras da cuenta de que en 2014 murieron asesinados 69 periodistas y 11 colaboradores, y en los primeros 5 meses de 2015 llevamos ya 26 periodistas muertos y hay otros 155 encarcelados por ejercer su oficio.

Todas las partes en un conflicto armado, exigió el Consejo, deben “cumplir plenamente las obligaciones que les impone el derecho internacional en cuanto a la protección de los civiles en los conflictos armados, incluidos los periodistas, los profesionales de los medios de comunicación y el personal asociado”.

Insistió en que todas las partes involucradas deben “respetar la independencia profesional y los derechos de los periodistas”.

Y no solo por ser trabajadores civiles, sino porque “la labor de unos medios de comunicación libres, independientes e imparciales constituye una de las bases esenciales de una sociedad democrática y, por lo tanto, puede contribuir a la protección de los civiles”.

El secretario general de Reporteros Sin Fronteras, Christophe Deloire, destacó que “por primera vez (desde que se creó la ONU hace 70 años), una resolución del Consejo de Seguridad hace referencia al derecho a la libertad de expresión”.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, sumó su voto a la 2222 aunque consideró que el Consejo debía enfocar sus discusiones en los mandatos que le estableció la Carta de las Naciones Unidas “y no abarcar ámbitos de acción que corresponden a otras instancias de esta organización y los Estados miembros”.

Aprovechó para recordar que “durante los 51 días de la agresión israelí en la Franja de Gaza en 2014, durante la que fallecieron 2.220 civiles, 17 de ellos fueron periodistas, 16 palestinos y un fotógrafo italiano”.

También dijo Ramírez que “queremos establecer una clara diferencia entre los periodistas y las corporaciones mediáticas. Reivindicamos el trabajo honesto, delicado y peligroso de los profesionales del periodismo que en situaciones de conflicto arriesgan su vida por el derecho y el deber de informar”.

En Venezuela, en situaciones de conflicto político (no armado, gracias a los dioses), como el vivido durante varios meses de 2014, los periodistas y el personal asociado encajaron su cuota de violencia de parte de agentes del Estado, unas veces, y otras de particulares, con frecuencia mimetizados con algunos de los actores en conflicto.

El Estado venezolano puede y debe asumir unas políticas coherentes con su discurso internacional en la materia, y, si lo desea, con las pautas asumidas por el Consejo de Seguridad, las que marcan la tendencia internacional de asociar la protección debida a los periodistas con la necesidad, para la paz y la seguridad, de contar con medios libres e independientes.

Responsables del Estado que zahieren a medios y periodistas podrían comenzar por ajustar el discurso. Al fin y al cabo, al principio siempre es el verbo.

 

@hmarquez26