• Caracas (Venezuela)

Humberto Briceño León

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TSJ: empaquetar o desempaquetar

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El término “courtpacking” en la literatura constitucional norteamericana y británica denota el control político de una Corte de Justicia para que decida favorablemente a los designios e intereses del sector político que adquiere ese control. Franklin Roosevelt en 1937 presentó al Congreso el proyecto de Ley “Thecourtpakingbill” que fue rechazado. Fue un plan presidencial dirigido a empaquetar a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América con el fin de consolidar el control del Presidente sobre ese poder judicial para que apoyase el “New Deal”, su programa de recuperación económica contra la gran depresión de los años treinta. Esa Ley le daba al Presidente el poder de nominar nuevos magistrados, cuando cualquier otro, sin que debiese renunciar hubiese alcanzado la edad de 70 años, aumentando el número de magistrados en ese proceso hasta quince. Roosevelt, para apoyar su proyecto, refería el precedente británico de empaquetamiento de la Cámara de los Lores, recordaba como el Primer Ministro Ingles había logrado reducir el poder de veto de esa Cámara sobre la legislación.

Recientemente la Asamblea Nacional de Venezuela, nuestro parlamento, aprobó un informe que recomendó la revocatoria de la designación de un grupo importante de magistrados y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia. Argumenta el informe que se usó un procedimiento inconstitucional para esa designación, adicionalmente destaca la falta de requisitos de algunos de los designados para ser magistrados. Los líderes de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional sugieren que su decisión busca desempaquetar lo que ha estado empaquetado, pero para desempaquetar no solo basta la revocatoria de la designación, consecuente con ese discurso haría falta la designación de sustitutos no empaquetados.

Durante la vigencia de nuestra constitución de 1961, en Venezuela eran celebres las reuniones entre el Dr. Gonzalo Barrios, el Dr. Rafael Caldera y algunos otros para decidir quienes iban a conformar la Corte Suprema de Justicia. Al parecer usaban una suerte de reparto proporcional a la cuantía de los votos que habían obtenido en las últimas elecciones, este método de reparto proporcional subsistió parcialmente durante los primeros años de la vigencia de la Constitución de 1999. El método Barrios-Caldera designó magistrados comparables con algunos de los mejores y mas destacados jueces de esta región, por su probidad, competencia profesional, autonomía e independencia, otros no fueron los mejores ejemplos, los empaquetados, los jueces políticos, quienes contribuyeron a corroer las instituciones democráticas constitucionales y la necesaria confianza que debía la Nación tener en su poder Judicial.

Una sociedad civilizada, democrática, avanzada cultural y socialmente, acuerda a sus jueces el poder de decidir sobre esferas fundamentales de su vida, ello requiere de un altísimo nivel de consenso de esa sociedad que refleje confianza en sus magistrados, respeto, credibilidad, independencia, elevados niveles de autoridad jurídica e intelectual, y una excelsa vocación de justicia. Construir ese consenso pasa por creer profundamente en su necesidad y en un trabajo sostenido de quienes genuinamente tienen sobre sus hombros la tarea de liderar a una Nación. Las sociedades sin ese consenso generan formas no deseables de resolver sus controversias y conflictos, la corrupción, el amiguismo, el tráfico de influencias y así modos perversos de satisfacer la necesidad de solucionar sus controvertidas dificultades. Lo jueces tienen derecho a compartir una ideología política, no a condicionar mecánicamente sus sentencias a requerimientos de grupos políticos ni de alguna otra índole. Una de las tareas fundamentales de las cortes supremas de justicia, de los tribunales supremos de justicia, de las cortes constitucionales o como se llamen, es la de mantener en vigencia e imponer la voluntad de la soberanía del Pueblo legítimamente expresada. El objetivo es hacer que prevalezca esa soberana voluntad democrática y constitucional contra los gobernantes y políticos que la hubiesen desbordado.

La decisión de la Asamblea Nacional, y de cualquier otro parlamento del mundo, para la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia debe asumirse como un asunto de Estado, vital para la sana vida de la República. Deben cumplirse con los procedimientos y requisitos constitucionales y asegurar con ello jueces de calidad, autónomos e íntegros. Esta decisión no puede ser producto del clientelismo político que siempre empaqueta, ya sabemos que el empaquetamiento judicial no es un fenómeno exclusivo de nuestra Nación y conocemos los desbastadores efectos que entre nosotros ha producido. Espero hallamos aprendido la lección, es la hora de desempaquetar.

@HbricenoLeon

www.HumbertoBriceno.com