• Caracas (Venezuela)

Héctor Silva Michelena

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Héctor Silva Michelena

Camino a la miseria

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En un artículo publicado en El Nuevo Herald, el domingo 22 de febrero, el periodista Antonio María Delgado opina que “Venezuela parece haberse salvado de entrar en default el próximo mes, tras conseguir 4.700 millones de dólares endeudando más su refinería estadounidense Citgo y vendiendo con descuento las obligaciones que le debía República Dominicana, pero el país petrolero sigue siendo visto como el del mayor riesgo del mundo, y persisten la dudas sobre si podrá pagar la totalidad de los vencimientos previstos para este año”.

Si se examina la situación de las cuentas externas de Venezuela, podemos darnos cuenta, fácilmente, de que el país tiene que pagar este año cerca de 10.300 millones de dólares en servicio de deuda, y lo más grave es que la mayor porción vence en el segundo semestre de este año. Que nadie lo dude: no hay que ser un gran economista, basta con estar más o menos enterados, si no por lectura al menos por agobio y caída diaria de nuestra calidad de vida, hacer largas y peligrosas colas en los abastos, bodegas, supermercados, farmacias grandes o de cualquier tamaño, para sentir las uñas irritantes de la crisis en carne propia, y así constatar que el escenario económico del país sigue siendo penumbroso si no oscuro. Con un precio del petróleo en 50 dólares el barril, muy por debajo del intervalo de 110-120 dólares, cifra que los economistas calculamos como el punto de equilibrio para una economía que, ahora sí, se acerca al umbral de la ruina.

El régimen de Nicolás Maduro, cuyo modelo socialista totalitario y despótico, esconde, en verdad, el de un Estado petro-populista, comenzó a hacer aguas el año pasado, debe pagar el próximo mes cerca de 1.040 millones de euros (unos de 1.200 millones de dólares) en vencimientos de deuda. Los operadores de mercado calculan que ese monto bien podría ser cubierto con la entrada de dinero fresco a las arcas del régimen bolivariano, luego de que Citgo se endeudara por 2.800 millones de dólares en dinero fresco y obtuviera otros 1.900 millones de dólares de República Dominicana; se pagó este monto a cambio de borrar de un soplo los más de 4.000 millones de dólares que le debía por compras de crudo en términos favorables.

Los más de 4.700 millones de dólares obtenidos a través de ambas operaciones brindan cierto grado de alivio a las empobrecidas finanzas del régimen, que para este año tiene un déficit fiscal del sector público consolidado mayor a los 20 puntos del producto interno bruto, y que bien necesitaría este año más de 20.000 millones de dólares en financiamiento adicional. Pero el dinero así obtenido, con grandes pérdidas, tendrá poca incidencia en la grave crisis económica por la que atraviesa este petroestado, cuyos ciudadanos están atrapados en una asfixiante escasez de productos, alto desempleo, la mayor tasa de inflación del mundo (68,5% en 2014), y una violenta devaluación de la moneda (88,09% desde 2008). Estos no son indicadores pasajeros, son más bien intrínsecos al sistema vigente, obsoleto y desajustado. Son sistémicos en las políticas socialistas burocráticas. La historia del siglo XX confirma trágicamente esta sentencia a muerte de estos sistemas.

Afirma el señor Antonio De La Cruz, director Ejecutivo de la firma Inter American Trends, que es sumamente irónico y moralmente cuestionable que el régimen socialista prefiera pagarle las deudas a Wall Street en vez de utilizar los recursos obtenidos para tratar de aliviar la penuria que aflige a la gran mayoría de los venezolanos. Adicionalmente, el dinero obtenido constituye las últimas monedas que el régimen ha logrado conseguir bajo la mesa, y los montos obtenidos son demasiado pocos como para poder contener los graves problemas económicos y políticos que enfrenta Maduro. Este experto ejecutivo afirmó desde Washington: “Maduro ha venido empeñando y rematando las joyas de la corona para cancelar el servicio de la deuda de este año. Lo que le permitiría cumplir con los grandes capitales mientras deja por fuera a los sectores sociales débiles porque el dinero obtenido por esas acciones no sería usado para aumentar las importaciones de alimentos y de productos de primera necesidad”. Por eso es cuestionable y dudoso que el anunciado abastecimiento vía importaciones, por un monto de 6.000 millones de dólares, mejore los índices de escasez. Además, se sabe que el general Rodolfo Marco Torres, jefe supremo del área económica, “se comprometió a que después de este proceso se cerrarán las importaciones y solo se harán luego de llegar a acuerdos con los productores agrícolas, de alimentos, comercio y servicios” (El Universal, 23-02-15).

Este general, ministro del PP de Economía, Banca y Finanzas, ignora que, desde hace más de medio siglo se sabe que la escasez se reproduce, que “la escasez alimenta la escasez”, pues las expectativas de los agentes económicos extrapolan este fenómeno y actúan, en el presente, como si la penuria no será resuelta en el marco de las políticas económicas presentes. Solo ante evidentes señales y acciones de cambio será creíble para los consumidores y productores que se habrá llegado al punto de inflexión de sus expectativas.

Más de 15 años de políticas hostiles al sector privado han destruido gran parte de la capacidad productiva del país hasta el punto de que los venezolanos dependen de las importaciones para cubrir sus necesidades más básicas. El pasado 8 de febrero, la agencia EFE emitió esta información: “El vicepresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, denunció este domingo inspecciones ‘sumamente agresivas’ en el sector privado y pidió al gobierno hacer lo mismo en las expropiadas que, aseguró, ahora, producen ‘nada o una fracción’.

“Nos gustaría ver al gobierno del presidente Nicolás Maduro inspeccionando a todas estas empresas tal como están inspeccionando las privadas para que vean las causas” del desabastecimiento que aqueja al país, dijo el directivo del gremio patronal Fedecámaras a la emisora Televen de la red privada de televisión. Larrazábal calculó que durante la revolución bolivariana, iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y continuado por Maduro, fueron expropiados “más de 1.400 establecimientos industriales”. “La gran mayoría no está produciendo lo que se producía antes”, pese a que tienen en nómina “el doble” de personal; están produciendo “nada o una fracción” de los volúmenes contabilizados cuando eran empresas privadas, añadió Larrazábal.

Los venezolanos hemos constatado y sufrido durante los últimos meses frecuentes ciclos de escasez y desabastecimiento de todo tipo de productos, lo que ha provocado largas filas en comercios, principalmente de alimentos y artículos de higiene personal. Sesenta economistas del país, con trayectoria académica y/o experiencia en el sector público, demuestran que la crisis se debe a las expropiaciones y también, entre otras causas, a los problemas en la asignación de las divisas –administradas en exclusiva por el Estado– para la importación de productos y materias primas. Todo ello incide en que las industrias venezolanas tengan ociosas buena parte de sus capacidades instaladas (ver el documento “La emergencia económica en Venezuela y la necesidad de una nueva política económica en 2015”, en el portal www.pensarenvenezuela.org.ve).

Valiéndose de su hegemonía casi absoluta sobre todos los medios de comunicación, el gobierno manipula la opinión pública responsabilizando a los empresarios de generar una “percepción” de escasez aguda para “irritar” a los venezolanos y generar una “guerra económica” con el objetivo de derrocarlo. Esta campaña también envuelve a los consumidores, acusándolos de “acaparar” productos esenciales y de practicar un consumo excesivo. La verdad es que en el lapso 2005-2014 el consumo privado por habitante cayó de 55% a 37%. ¿Sabe Maduro que los hogares no “acaparan” sino que se aprovisionan para sobrevivir? ¡Es un problema de supervivencia, señor Maduro!

Pero el colapso de la industria petrolera bajo la conducción del chavismo, aunado ahora a la caída de los precios del crudo, ha dejado al país con solo un tercio de los dólares que necesita para la importación de productos, lo que significa un mal augurio para el bienestar de los venezolanos. La situación de desabastecimiento conjugada con la inflación rampante ha de agravar los extensos problemas de gobernabilidad que enfrenta Maduro, cuya percepción de popularidad ronda por niveles inferiores a 20%.

El riesgo político no pasa inadvertido ante los ojos de los inversores, quienes aun cuando no tienen dudas sobre la disponibilidad del régimen bolivariano de pagar sus deudas, sí las tienen sobre su capacidad. “De aquí hasta final de año hay mucho riesgo, y sobre todo está el riesgo político. El mercado siente que tal como están las cosas no hay garantías de que Maduro va a culminar el año en la Presidencia de la Republica”, explicó desde Nueva York Francisco Ibarra, director de la firma Econométrica. Y concluyó: “El riesgo político y la falta de entendimiento sobre hacia dónde es que quiere ir realmente el gobierno en materia de la conducción económica es lo que está llevando a las firmas de calificación de riesgo a mostrar tanta cautela sobre la capacidad de pago de Venezuela”.

Estas son las conclusiones del citado documento emitido por 60 economistas el 22 de enero de 2015:

“A principios de 2015, Venezuela se encuentra, como resultado de un muy adverso ambiente económico y de la reciente caída del precio del petróleo, en una situación extrema en sus cuentas externas, financieras y fiscales, como no la hemos vivido desde las primeras décadas del siglo XX. El país se encuentra cercano a caer un proceso hiperinflacionario (alza de precios de más de 100% al año), como ocurrió en otros países de América Latina en previas décadas. Esto debe ser evitado con una nueva política económica sensata, sin la restricción ideológica ni el cálculo político restringido de quienes trajeron el país a esta situación.

“Venezuela requiere de un urgente proceso de concertación a nivel nacional frente a las graves circunstancias explicadas en este documento; y es necesario un ánimo de rectificación profunda, en función del interés nacional, para que el gobierno abandone sus políticas equivocadas y pueda dar paso a una nueva estrategia de recuperación económica  y social exitosa. Esta será una tarea compleja y exigente que se enfocará en atender la emergencia económica y su devastador impacto social, que enfrentamos a principios de 2015.

“Creemos que la definición de una estrategia de rectificación económica en medio de la emergencia económica que estamos comenzando a enfrentar este año, con nuevas políticas e instituciones dirigidas a alcanzar y mantener la estabilidad económica en Venezuela, como la gozan casi todos nuestros países vecinos en América Latina, debe concentrarse en las ideas antes expuestas. Ello implica enfrentar un auténtico círculo vicioso de prácticas gubernamentales actuales, incapaces de proveer la estabilidad económica necesaria, así como a intereses grupales y la resistencia ideológica dentro del gobierno, muy a pesar del evidente fracaso económico en su gestión”.