• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

¡Por algo están presos!

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En un programa de la televisión argentina, un actor venezolano, de nombre Fernando Carrillo, ha intentado justificar la prisión de Leopoldo López afirmando que “por algo debe estar preso”. Esa aseveración, que en forma tan tajante da por zanjado el debate en torno a las causas de la privación de libertad de un dirigente político, como si fuera un asunto trivial, carente de importancia, no es patrimonio exclusivo de personajes ignorantes de la política de su propio país e indiferentes a la vigencia de los valores de la democracia. Comprensiblemente, palabras más, palabras menos, esa misma ha sido la explicación de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y otros dirigentes de Podemos, ese partido político español supuestamente financiado con fondos aportados por el gobierno de Venezuela. Es probable que muchos venezolanos no sepan quién es el señor Carrillo y que sus comentarios no merezcan una respuesta pública; pero hay que convenir en que él tiene razón: Leopoldo López, Antonio Ledezma, Iván Simonovis y todos los otros presos políticos de este régimen, están presos “por algo”.

Según el señor Carrillo, “también hubo presos políticos anteriormente y [su] padre fue uno de ellos”. Con el debido respeto, ignoro quién haya sido su padre y desconozco, igualmente, por qué razones pudo haber estado preso; pero, como el mismo Carrillo afirma, “por algo debe haber sido”. De lo que sí me siento en capacidad de opinar es de los motivos por los que están en prisión los presos políticos del chavismo.

Desde luego que López, Ledezma, Simonovis y todos los presos políticos de este régimen están presos por algo. Puede que el señor Carrillo no lo sepa o no lo quiera saber, pero Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y sus congéneres de Podemos saben perfectamente que, gracias a su bien remunerada asesoría, en Venezuela no hay independencia de los poderes públicos, no hay una justicia independiente e imparcial, y los jueces son simplemente el brazo ejecutor de las decisiones que se adoptan en Miraflores. López, Ledezma, Simonovis y los demás presos políticos están privados de su libertad por una decisión adoptada por Chávez o por Maduro y ejecutada por jueces complacientes.

Como han atestiguado ex fiscales y ex magistrados del TSJ, quienes hoy permanecen en prisión por razones políticas lo están porque, siguiendo instrucciones del Palacio de Miraflores, tanto jueces como fiscales se prestaron para fabricar pruebas, manipular evidencia y violar las reglas del debido proceso. Todo lo que hay en contra de los presos políticos son acusaciones absurdas e incoherentes, sustentadas en supuestos “discursos subliminales”, conspiraciones inexistentes y “testigos estrellas” que rápidamente son desmentidos por los hechos. En todos estos casos es fácil percibir las huellas de la prevaricación y de la arbitrariedad en el ejercicio del poder público.

López, Ledezma, Simonovis y decenas de estudiantes no están presos por haber conspirado contra el gobierno constituido o por haber cometido algún otro delito. Los presos políticos venezolanos son la consecuencia de la criminalización del ejercicio legítimo de la libertad de expresión; están presos por participar en manifestaciones y protestas pacíficas que son normales en cualquier sociedad democrática.

Los presos políticos venezolanos no están en prisión porque hayan cometido algún delito sino que, muy por el contrario, porque son víctimas de la comisión de un delito perpetrado precisamente por quienes ejercen el poder público. Si hay una razón para que la prisión de todos ellos haya concitado la atención de organizaciones de derechos humanos, de gobiernos extranjeros, de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea y de la opinión pública internacional es precisamente por el carácter arbitrario e inicuo de esas privaciones de libertad. No cabe duda de que los presos políticos venezolanos están presos por algo; están presos porque, desde la llegada al poder de Hugo Chávez, los venezolanos han sido víctimas de una práctica generalizada y sistemática de persecución por motivos políticos. Solo los cómplices de un gobierno que le tiene miedo a la voz del pueblo, y que ya ha devenido en una tiranía, se niegan a reconocer la realidad y tratan de justificar lo injustificable.