• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

El paquete neoliberal

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A partir de la intercepción de una conversación telefónica entre Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann, dos venezolanos preocupados por la situación del país tanto como cualquier otro, el presidente de la República, Diosdado Cabello, y el líder del PSUV, Nicolás Maduro (¿o será al revés?), han denunciado una conspiración para imponerle a Venezuela un paquete neoliberal, con ayuda internacional, incluyendo al FMI y al Banco Mundial. Según el gobierno, se trata de una conspiración de la ultraderecha venezolana que, a espaldas del pueblo, pretende someter al país a un ajuste económico brutal, que traerá desempleo, inflación, desabastecimiento y hambre. ¡Un paquetazo que –si eso es posible– nos hará todavía más pobres!

Ante un hecho tan grave como el denunciado por el presidente Cabello, poco importa la otra conspiración que, en violación del Estado de Derecho, intercepta las comunicaciones telefónicas de los venezolanos, sin que la fiscal general de la República se dé por enterada y sin que, hasta la fecha, se haya investigado o castigado a una sola persona involucrada en esas actividades delictivas de las que se nutren algunos programas de radio y televisión controlados por el gobierno. Pero el Sebin ya debe estar grabando; perdón, quise decir “investigando”. Por el momento, lo que importa es el futuro que nos espera con esa supuesta conspiración neoliberal, develada por la gente que sabe de conspiraciones.

Mendoza y Hausmann sugieren un ajuste estructural en un país que no lo necesita, pues la economía funciona a la perfección y la sociedad siente los beneficios de una gestión sensata y eficiente. Según el gobierno, este es el país con el salario mínimo más alto de América Latina; un país en donde el precio de los productos de la cesta básica está regulado, lo que permite que los consumidores puedan adquirirlos a los precios más bajos del mundo; un país en que los funcionarios públicos, los maestros, los policías, los médicos y los profesores universitarios tienen los sueldos más altos del continente; en fin, un país cuya industria está en franco crecimiento y un sector agro alimentario que, gracias a las expropiaciones y a las políticas de este gobierno, produce todo lo que necesitamos. Con el cambio a 6,30 bolívares por dólar, somos una de las economías más prosperas del mundo. En esas circunstancias, proponer un ajuste estructural, en el reino de la felicidad y la abundancia, es un disparate. ¡Lo que funciona no se toca!

En cualquier caso, ese paquete neoliberal llegaría demasiado tarde, porque los ajustes económicos ya se han hecho por el presidente Cabello, por su antecesor, el comandante eterno, y por Maduro, el asesor económico de ambos. ¿Qué podría ordenar el FMI que ya no se haya hecho en estos tres lustros de socialismo del siglo XXI? ¿Una devaluación de nuestro signo monetario, con la consiguiente subida de precios? ¿Una reducción del gasto público? ¿Un recorte del sueldo de todos los empleados del Estado? ¿Una disminución real de las pensiones o jubilaciones? ¿Cerrar hospitales, escuelas o universidades? La derecha endógena ya ha hecho mucho más de lo que Hausmann pueda sugerir.

Es bueno recordar que, con el presidente Chávez, pasamos de los antiguos bolívares a los bolívares fuertes, paradójicamente mil veces más débiles que el anterior. Con “la revolución bonita”, en menos de un año, la paridad cambiaria oficial (disponible solo para los amigos) ha pasado de 52,10 bolívares (Sicad II) a 199,49 bolívares (Simadi), lo que equivale a una macrodevaluación de 283%. ¡Y no hablemos del precio del dólar paralelo! En ese sentido, este gobierno no tiene nada que aprender del FMI.

En cuanto a recorte del gasto público, aunque Nicolás Maduro ha anunciado que compraremos doce nuevos aviones Sukhoi, “para combatir el narcotráfico”, ya hemos reducido sustancialmente el presupuesto de las universidades, llevándolas prácticamente a un cierre técnico. Asimismo, hemos cortado las inversiones en el mantenimiento de vías y carreteras; hemos reducido notablemente el gasto en salud pública y educación; como si fuera poco, la red eléctrica y el mantenimiento de la seguridad ciudadana tampoco están recibiendo atención del Estado. De manera que los recortes ya se han hecho, para permitir que Maduro pueda seguir viajando, acompañado de su séquito, y para continuar brindando ayuda económica a quienes más lo necesitan, como es el caso de Cuba y Nicaragua.

Esa conversación de Mendoza y Hausmann, en la que estos “opinan” sobre lo que “podría” pasar o sobre lo que “debería” hacerse, es parte de lo que, en ejercicio de sus derechos políticos, todos los días ocupa la atención de los venezolanos, del mismo modo como ocurre en cualquier sociedad democrática. Pero, según Maduro, discutir sobre asuntos de interés público es un delito y, como si fuera un Luis XIV o un César imperial, ya ha ordenado su detención; con la ejecución de esa orden ilegal y arbitraria, ya nadie podrá poner en duda que esto es una dictadura. El problema es que, con tantos recortes económicos, no se han construido suficientes cárceles para meter presos a 27 millones de venezolanos porque, aquí, ¡todos somos Fuenteovejuna!