• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

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Héctor Faúndez

El oráculo de Miraflores: caso cerrado

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Aunque aún están pendientes de la firma del presidente Obama para que adquieran rango legal, en respuesta a las medidas acordadas por el Congreso de los Estados Unidos en contra de funcionarios venezolanos responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas estudiantiles de febrero pasado, el Presidente de Venezuela ha afirmado que, a pesar de esas sanciones, Venezuela no va a liberar a Leopoldo López. No se trata sólo de interpretar torcidamente las sanciones en contra de unos venezolanos como si fueran una represalia en contra de toda una nación; además de asumir que esas medidas tienen el propósito de obtener la libertad de un preso político, se ha resuelto, desde el Palacio de Miraflores, un asunto que estaba siendo examinado por los tribunales venezolanos.

No me voy a detener a comentar si es legítimo que un Estado extranjero adopte medidas para evitar el ingreso en su país de quienes puedan haber cometido actos reprobados por el derecho internacional; tampoco voy a referirme a la pertinencia o la utilidad de las sanciones aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos, o a la responsabilidad de los funcionarios venezolanos que han sido objeto de esas medidas. Pero sí me parece de suma importancia considerar lo dicho por Nicolás Maduro en relación con el caso de Leopoldo López.

Según Maduro, Leopoldo López es un asesino y, a pesar de las sanciones de los Estados Unidos (que no están dirigidas ni en contra de Venezuela ni en contra de su gobierno), no será puesto en libertad. Ambas afirmaciones merecen ser examinadas.

Según la Fiscalía General de la República, Leopoldo López está acusado por dos discursos pronunciados por él y que, en opinión de la Fiscalía, esconderían un mensaje subliminal llamando a derrocar al gobierno nacional. Esa acusación, que no se sostiene por ninguna parte, ha sido descalificada por destacados juristas y por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Además, el Grupo de Trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas ha concluido que la detención de López es arbitraria y que éste debe ser puesto en libertad. Sin embargo, Nicolás Maduro ha ido más lejos que la Fiscalía y ha sostenido que López es un “asesino”. Esa afirmación, en boca de quien ostenta el cargo de jefe del Estado, resulta sumamente grave; no se trata solamente de una aseveración irresponsable, desprovista de toda prueba, que se lanza en contra de uno de sus más tenaces adversarios políticos; se trata del juicio categórico emitido por quien tiene el deber moral y legal de mantenerse al margen de las controversias judiciales.

Con esta doble aseveración, según la cual López es un asesino y no será puesto en libertad, el presidente de la República ya ha emitido tanto el veredicto como la condena. Leopoldo López es culpable “y no será puesto en libertad”. Después de eso, independientemente de lo que digan las pruebas y el sentido común, ningún tribunal se atreverá a dictar una sentencia que contradiga lo afirmado por Maduro.

Desde hace exactamente quince años, la Constitución nacional se atraviesa entre la voluntad de nuestros gobernantes y la libertad de los ciudadanos, estableciendo la independencia de los poderes públicos y, en particular, del poder judicial; ese no es un simple detalle. Hasta donde se sabe, esa parte de la Constitución no ha sido derogada. ¿Cómo es que Maduro, que no es juez, que no ha visto las pruebas, que no ha escuchado a las partes y que no sabe de derecho puede decidir sobre la culpabilidad o inocencia de quien es objeto de un procedimiento judicial?

En la época de las monarquías absolutas, bastaba una orden del rey para que cualquier persona fuera detenida, sin expresar causa y sin indicar por cuánto tiempo; los presos del rey podían morir en prisión, sin que jamás fueran llevados ante un juez independiente e imparcial. Pero, ya en pleno siglo XXI, ¿puede una persona ser privada de su libertad simplemente porque “Maduro dixit”? ¿Puede un gobernante inmiscuirse en los asuntos judiciales y dar un caso por cerrado sin que haya derecho a la defensa? Porque tienen fuerza bruta en abundancia, podrán pisotear la Constitución y avasallar nuestros derechos; pero los ciudadanos de este país conocen demasiado bien quiénes son los violentos y quiénes deberían estar en la cárcel.