• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

En el nombre de Dios

  • Tweet:

  • Facebook Like:

  • Addthis Share:

Con la excusa de que Irlanda es un país católico, las autoridades sanitarias de ese país se negaron a practicar el aborto de un feto inviable y dejaron morir, de septicemia, a Savita Halappanavar, una mujer hindú. Cuando ella y su esposo acudieron de urgencia al hospital, y aunque era evidente que la vida de Savita estaba en peligro, los médicos optaron por dejar que el no nacido muriera antes de proceder a un parto forzado, pese a que la madre había solicitado el aborto, y a que su salud se deterioraba aceleradamente. Tampoco importó que la madre no fuera católica y que, según el diagnóstico de los mismos médicos, el feto, de 17 semanas, no podría sobrevivir.

Mientras tanto, esta misma semana, coincidiendo con el día internacional de los derechos del niño, un tribunal pakistaní desestimó, por falta de pruebas, la acusación de blasfemia en contra de Rimsha Masih, un niña cristiana de 11 años, analfabeta y mentalmente discapacitada. El imán, de una mezquita vecina a su domicilio, la había acusado de quemar las páginas de un libro que contenía versículos del Corán; según la legislación pakistaní, el ultraje a un “texto sagrado” puede ser castigado hasta con cadena perpetua. A pesar de su absolución, desde su puesta en libertad, Rimsha y su familia han tenido que ocultarse ante el temor de ser víctimas de la ira de los extremistas. Ese temor es suficientemente fundado, teniendo en cuenta que, desde 1990, el Centro para la Investigación y Estudios de Seguridad ha reportado, en Pakistán, 52 asesinatos de personas que habían sido acusadas de blasfemia.

Mientras tanto, en medio de la primavera árabe, los salafistas tunecinos amenazan la convivencia civilizada entre personas de distintas creencias, y se empeñan en imponer sus códigos morales a toda una nación, por lo menos, insultando a las mujeres que se atreven a circular por la calle sin cubrirse con el velo o pañuelo islámico.

Paralelamente, de la mano de un antiguo director de la temida KGB de la extinta Unión Soviética, Rusia marcha decididamente hacia un Estado confesional. Ese empeño incluye la tipificación de nuevos delitos, que castiguen severamente a quienes ataquen “los sentimientos religiosos de los ciudadanos”; no hay sanción para quienes insulten a quienes no posean creencias religiosas de ningún tipo. Según un proyecto de ley actualmente en consideración por la Duma, la profanación de lugares y objetos del culto de “religiones que son parte inseparable de la herencia histórica de los pueblos de Rusia”, podrá castigarse hasta con cinco años de cárcel. Parece innecesario recordar que, en agosto pasado, luego de una protesta contra la identificación del Estado con la Iglesia ortodoxa, las integrantes del grupo Pussy Riot fueron condenadas a dos años de prisión, por “actividades de inspiración antirreligiosa”.

Todo esto ocurre en medio del desarrollo más formidable de la ciencia y la tecnología, cuando se han elevado los niveles de educación de la población, y en un momento en que la libre circulación de las ideas, facilitada por la globalización, debería dar paso a una mayor tolerancia. Sin embargo, todas esas prácticas reflejan el atraso y la ignorancia de épocas pasadas, y nos retrotraen a los períodos más oscuros de la Edad Media.

No es tarea del Estado el inmiscuirse en las ideas o creencias de los individuos. No es misión de un Estado democrático imponer las creencias religiosas de una mayoría a una minoría. Es insensato que, en el nombre de Dios, se condene a la muerte, se censure, se encarcele o se persiga a quienes piensan diferente. No confundamos un espacio de libertad, como es la esfera pública, con lo que sólo concierne a nuestra conciencia individual.