• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

La cantera del mal

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Sería aventurado afirmar que en los gobiernos anteriores no ha habido algún funcionario corrupto, más de un ignorante o incompetente, o algún personaje vicioso y perverso, que se deleitaba torturando a sus semejantes. Sería igualmente insensato sugerir que, en etapas anteriores de la historia de Venezuela, todos los funcionarios del Estado han sido ignorantes, ineptos, corrompidos o seres viles y despreciables. Tampoco sería atinado hacer una afirmación semejante de todos aquellos que hoy tienen responsabilidades de gobierno, muchos de los cuales es posible que crean sinceramente en la superioridad moral de las ideas que pregonan y en la rectitud de los métodos utilizados para llevarlas a cabo. Pero, después de las recientes declaraciones del fiscal Franklin Nieves, tenemos derecho a pensar que, en las filas del chavismo, hay una veta inagotable de iniquidad y degradación, que está destruyendo la confianza en nuestras instituciones.

En los últimos tres lustros, Venezuela ha sido testigo de una larga lista de atrocidades cometidas por quienes están llamados a servir a la nación y no a hacer uso arbitrario del poder para lograr sus propios fines. Primero fue la famosa lista Tascón, que dividió a los venezolanos en dos bandos, uno de los cuales carecía de derechos y, entre otras cosas, veía cerradas las puertas para obtener un empleo; luego se ha perseguido a los estudiantes y a los dirigentes políticos de oposición, muchos de los cuales han sido encarcelados solamente por sus ideas, sin que sus denuncias de haber sido torturados hayan sido investigadas. En un hecho que no engrandece a quienes nos gobiernan, pero que delata su catadura moral, se ha pretendido humillar a las mujeres de los presos políticos, obligándolas a desnudarse como condición para poder visitar a sus seres queridos. Desde hace mucho tiempo se ha venido denunciando que este gobierno hace uso del Poder Judicial como el brazo ejecutor de sus venganzas políticas; pero es posible que aún hubiera quienes tenían dudas al respecto, o que guardaran la secreta esperanza de que todas esas eran acusaciones infundadas de “gente al servicio del imperio.”

En la Venezuela actual, las declaraciones del fiscal Nieves, reconociendo que el juicio de Leopoldo López fue amañado, con presiones desde la cúpula del poder, pruebas forjadas y falsos testigos, no podían ser motivo de sorpresa; pero sí es motivo de reflexión que, precisamente en el sector encargado de administrar justicia, surjan de manera sistemática ejemplos de individuos carentes de principios, cuya cobardía moral les ha permitido prestarse para torcer la verdad y castigar a personas inocentes. Franklin Nieves es solo el último eslabón en una larga cadena de jueces y fiscales supuestamente arrepentidos de sus fechorías. Entre los más notables, no hay que olvidar a Luis Velásquez Alvaray o a Eladio Aponte, responsable, entre otras cosas, del encarcelamiento arbitrario de Iván Simonovis y de una orden de detención, igualmente amañada, en contra de Manuel Rosales.

Franklin Nieves, Velásquez Alvaray y Eladio Aponte no son la excepción dentro de una compleja maquinaria judicial que integra a un grupo numeroso de jueces y fiscales en que, ocasionalmente, se puede colar alguien que profesionalmente no da la talla o que carece de valores éticos. No se trata de casos aislados de personajes serviles, incapaces de honrar su juramento de actuar con independencia e imparcialidad; tampoco se trata de individuos que, por mera cobardía moral, se han puesto al servicio de un proyecto político del que luego se han desengañado.

Nada hay de extraño en los casos de Nieves, Velásquez o Aponte; ellos han formado parte de un sistema político en el que la administración de justicia es la pieza esencial del engranaje diseñado para perseguir y castigar a los opositores del régimen y para garantizar la impunidad de los crímenes que cometan sus aliados. Ellos no eran la manzana podrida dentro de un cesto en el que el resto de la fruta está sana. Lo que está podrido es todo el sistema de administración de justicia, que se ha convertido en la cantera de la maldad.

Aparte de desprecio, ¿qué podemos sentir por unos fiscales que manipulan las pruebas, que a plena conciencia presentan testigos falsos y que tuercen la letra de la ley para acusar a gente inocente? ¿Qué decir de jueces y fiscales pusilánimes, que reciben instrucciones sobre cómo actuar y qué decidir? ¿Cómo tener una opinión respetable de jueces que no garantizan la igualdad de partes, que no admiten las pruebas presentadas por el acusado, o que descaradamente tergiversan lo afirmado por los testigos y peritos?

Refiriéndose al caso de Franklin Nieves, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha declarado que, de ser llevada a la Corte Penal Internacional, ella se defenderá. Pero hay una pequeña diferencia: en ese tribunal, ella tendría todas las garantías del debido proceso, incluyendo a jueces y fiscales independientes e imparciales, que no se dejan amedrentar en el cumplimiento de su deber; ella no tendría que enfrentarse a un linchamiento con la apariencia de un proceso judicial. Ella no sería víctima de la infamia, la degradación moral y la maldad.