• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

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Héctor Faúndez

Jueces venales

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Según sugieren los reportes de prensa, la detención preventiva del ex presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, para declarar en un caso de presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción de un expediente judicial, es un hecho inédito en la historia de Francia, pues nunca antes, durante la Quinta república, se había aplicado esa medida a un ex jefe de Estado. Luego de ser detenido durante dieciocho horas, en la madrugada del miércoles, se le inculpó por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de violación de secreto profesional. Pero, más que las medidas que se puedan haber adoptado en su contra, los jueces y abogados venezolanos debería sentirse sorprendidos por las causas que las motivaron.

Son varios los asuntos que se están tramitando en los tribunales franceses y que comprometen la responsabilidad penal de Nicolás Sarkozy. Los más sonados son el caso L’Oreal y el supuesto financiamiento de su primera campaña presidencial por el ya fallecido dictador Muamar el Gadafi; pero también se le involucra en los casos Karachi, Tapie y Bygmalion. Sin embargo, la razón por la cual se le citó a prestar declaración en la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y Delitos Económicos es, entre otras cosas, para determinar si dos jueces de la Corte de Casación le habrían filtrado información confidencial sobre procedimientos judiciales en los que se le involucraba mientras ejercía el cargo de presidente de Francia; además, se investiga si uno de esos jueces le facilitó información a cambio de un puesto en la administración de Mónaco.

De ser ciertos los hechos que se le imputan a Sarkozy, no cabe duda de que ellos son sumamente graves, pues corroen las bases del Estado de Derecho y disminuyen la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Pero, para los efectos de este comentario, no es Sarkozy lo que importa, sino la naturaleza de los hechos que son objeto de investigación judicial y el comportamiento que se espera de los jueces.

Es bueno hacer notar que la Corte de Casación francesa no es un tribunal cualquiera, y que está conformada por 120 jueces, a los que hay que sumar otros 35, encargados del nombramiento de los presidentes de los tribunales de apelación y del presidente del Tribunal de Primera Instancia de París. De todos esos jueces, 2 de ellos podrían haber prevaricado y haber utilizado sus cargos para favorecer los intereses de un presidente en funciones. No es que eso sea poca cosa o que sea una circunstancia atenuante; pero no es todo el Poder Judicial el que está corrompido, ni es todo el Poder Judicial el que se ha prestado para obedecer instrucciones del presidente de la república; solo se trata de 2 jueces que, faltando a su deber, le han transmitido información confidencial sobre casos judiciales pendientes.

Es alentador saber que en Francia la ley es igual para todos, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo, que ningún funcionario judicial puede valerse de su cargo para transmitir información a una de las partes y, mucho menos, obedecer instrucciones de un funcionario del Poder Ejecutivo. Reconforta saber que en otros países, salvo contadas excepciones, los jueces ejercen sus funciones con dignidad y no se doblegan ante el poder político; es bueno enterarse de que, en otros países, las decisiones judiciales se elaboran en los despachos judiciales y no en una oficina del palacio presidencial. Pero eso es completamente novedoso en Venezuela, porque la revolución bolivariana le dio un giro copernicano a los principios que tradicionalmente han regido la actuación judicial, como son la prescindencia política y la independencia del Poder Judicial.