• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

Desmontando una farsa

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En 1968, cuando el poeta griego Alexandros Panagoulis fue juzgado, no por haber firmado un documento que se hizo de público conocimiento o por haber pronunciado un encendido discurso en contra de un gobierno nefasto, sino por haber intentado asesinar al dictador Papadopoulos, ni los coroneles griegos ni ninguno de sus segundones impidieron que a dicho juicio asistieran observadores internacionales o que Panagoulis pudiera contar con defensores de su elección.

Nadie ponía en duda que, realmente, se trataba de un intento de magnicidio y no de otro producto de la imaginación de un tirano. Pero la comunidad internacional tenía interés en ver que se hiciera justicia; se deseaba constatar que el público podía acceder a la sala del juicio, que esta no estaba custodiada por policías encapuchados apuntando al acusado y a sus abogados, que los abogados podían comunicarse libremente con su defendido, que los jueces no habían sido escogidos con pinzas por la dictadura, que se podía confrontar las pruebas ofrecidas por la acusación y que, en general, las instituciones funcionaban y las garantías de la libertad eran respetadas.

Anteriormente, en 1961, cuando Enrique Tierno Galván había sido juzgado por su activismo político bajo la dictadura de Francisco Franco, tampoco se impidió una misión de observación de la Comisión Internacional de Juristas. Ni siquiera en el llamado “proceso de Burgos”, en el que se juzgaba a 16 miembros de ETA, la dictadura pretendió realizar un juicio a puertas cerradas, sin público, sin periodistas, sin defensores libremente escogidos por los acusados y sin observadores internacionales. Allí estuvieron presentes, entre otros, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos, de la Liga de Derechos del Hombre y de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas.

Menciono estos tres casos judiciales porque, no obstante haber ocurrido en dictadura, se preservó un principio fundamental en la administración de justicia. No solo basta con que se haga justicia sino que tiene que verse que se hace justicia. Ninguna de esas tiranías pretendió desconocer que el respeto de los derechos humanos es un asunto que nos concierne a todos y que su garantía trasciende las fronteras nacionales. Lo menciono porque, hace solo unos días, el ex presidente del gobierno español, Felipe González, manifestó su disposición a participar en la defensa del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y del líder opositor Leopoldo López, ambos acusados de crímenes surrealistas y encarcelados en violación del derecho a ser juzgados en libertad. Sin embargo, el presidente Maduro y varios de sus voceros han manifestado su rechazo a la intervención de González y de otros ex jefes de Estado en el caso de los presos políticos venezolanos.

Ya se han comenzado a buscar pretextos para negarle a Felipe González la posibilidad de ingresar al país y, por lo tanto a la sala de juicio. Desde la señora ministra de Relaciones Exteriores, pasando por voceros del poder judicial, de la Fiscalía General de la República e, incluso, el defensor del pueblo, se ha pretendido plantear el asunto como una cuestión de “ejercicio de la profesión de abogado”, para lo cual Felipe González no estaría habilitado en Venezuela. ¡Se omite decir que no hay ningún obstáculo legal para que, como asesor ad honorem, a título de consultor técnico, pueda colaborar con la defensa! Eso está expresamente previsto en nuestra legislación. ¿Cuál es el temor?

Que quede claro que ni Antonio Ledezma ni Leopoldo López han contratado a Felipe González para que sustituya a sus abogados y para que actúe como tal ante los tribunales venezolanos. Lo que está planteado es que uno de los líderes de la Internacional Socialista, que no puede ser acusado de oligarca o de lacayo del imperio, que no es uno de los herederos políticos de Franco o de Pinochet pero que tampoco es un títere al servicio del chavismo, pueda asesorar a la defensa de los presos políticos del régimen y pueda denunciar ante el mundo las irregularidades que hay en estos procesos.

No nos confundamos. Felipe González no se ha ofrecido para actuar como abogado defensor, sino para asumir el papel de acusador de quienes, en este país, pretenden encarcelar a las ideas. En torno a él, ya comienzan a aglutinarse otras voces respetables, como las de los ex presidentes Fernando Henrique Cardozo, Alejandro Toledo, José María Sanguinetti y, quizás, Ricardo Lagos y Oscar Arias; ninguno de ellos puede ser descalificado como enemigo de la democracia o de la justicia social. Todos ellos se están poniendo en la línea de fuego no para desestabilizar al gobierno venezolano, sino para defender la democracia y la libertad. Sencillamente, se trata de desenmascarar una farsa vestida con la apariencia de un proceso judicial. De manera que el problema no es Felipe González; el grave problema que tiene este gobierno es su falta de legitimidad, debido al atropello sistemático de los derechos humanos.