• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

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Héctor Faúndez

¿Culpa del imperio?

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Durante este gobierno (y el anterior), muchos fracasos económicos, delitos, desastres naturales y hechos de todo tipo, han sido atribuidos al “imperio”, dando por entendido que con esta expresión no se está haciendo referencia ni a China, ni a Rusia, ni a las pretensiones imperiales de una Venezuela que ha invertido millones de dólares tratando de ganar influencia en América Latina, el Caribe, África y el resto del mundo, sino a Estados Unidos.

Durante los últimos 15 años, el gobierno de Venezuela le ha atribuido al “imperio” todas las acciones emprendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la situación de las libertades públicas en el país y los informes elaborados al respecto por la citada comisión. Asimismo, se atribuyó al “imperio” las sentencias dictadas en contra de Venezuela por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante que algunas de ellas le han sido favorables. Por lo tanto, el responsable final de que Venezuela denunciara la Convención Americana sobre Derechos Humanos también fue el “imperio”.

Los constantes señalamientos de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y otras organizaciones no gubernamentales, denunciado hechos que se apartan de los estándares internacionales en materia de respeto a los derechos humanos, también han sido atribuidos a la perversidad de un “imperio” empeñado en desacreditar al gobierno de Venezuela, atribuyéndole una conducta que está muy lejos de la realidad.

Con la denuncia, en violación de la Constitución, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se nos dijo que Venezuela estaría sometida al sistema universal de protección de los derechos humanos, más confiable que el sistema interamericano, y lejos de las manipulaciones y la influencia del “imperio”. Desde luego, en este momento Venezuela ocupa un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y acaba de acceder a un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, después de recibir el voto favorable de 182 Estados; por lo tanto, el actual gobierno de Venezuela tiene una voz poderosa en Naciones Unidas. Sin embargo, la ONU no ha sido ajena a las fuertes críticas por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Desde hace tiempo, el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión ha venido denunciando la progresiva eliminación de los medios de información independientes, las agresiones a periodistas y las restricciones indebidas del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Lo mismo han hecho el relator especial contra la tortura, la relatora especial sobre defensores de derechos humanos y otros, en sus respectivas esferas de competencia. Recientemente, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias emitió un nuevo pronunciamiento sobre las prácticas del régimen venezolano que atentan contra el derecho a la libertad personal. Ahora ha sido el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien ha manifestado su preocupación por la detención arbitraria de algunos dirigentes políticos, incluidos Leopoldo López y Daniel Ceballos, por la falta de garantías judiciales para el debido proceso legal de los acusados, por el arresto de quienes ejercen su derecho a protestar y por los más de 3.300 detenidos (incluidos menores de edad) desde febrero pasado, en conexión con protestas sociales pacíficas.

Al ser consultado sobre el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ramírez, pidió “a cualquier grupo de trabajo, de cualquier institución”, que no se inmiscuya en lo que considera asuntos internos de Venezuela. Pero, más allá de la ignorancia que supone el calificar el respeto de los derechos humanos como un asunto de la competencia exclusiva de un Estado, cabe preguntarse, ¿será que estos pronunciamientos de distintas instancias de Naciones Unidas también son consecuencia de las manipulaciones del “imperio”?