• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

Blindados a la crítica

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Una de las amenazas más serias a la libertad de expresión proviene de quienes, desde la cúpula del poder, escondidos en una burbuja impenetrable a la luz, pretenden estar blindados a la crítica y a cualquier forma de escrutinio público sobre sus actos públicos. Así ha ocurrido cuando lo que está en discusión son medidas ética y políticamente inaceptables, hechos que sugieren indicios serios de corrupción o, incluso, la comisión de graves delitos por parte de quienes están al servicio del Estado. Cada vez que se denuncia un asunto de esta naturaleza, el funcionario público involucrado se declara “ofendido” o “agraviado” y recurre a las leyes de vilipendio o desacato para perseguir a la prensa e imponer el silencio sobre asuntos del mayor interés público.

Hace medio siglo, así hicieron quienes mantenían la política de segregación racial en los estados del sur de Estados Unidos, demandando a cuatro pastores protestantes negros como autores de un remitido publicado en The New York Times (cuyos editores también fueron demandados como responsables solidarios), por supuestas inexactitudes en que se incurría en dicho remitido al criticar la política de segregación racial y los abusos que se derivaban de su aplicación. Más recientemente, un diplomático costarricense, señalado por la prensa europea de estar involucrado en negocios turbios y en el asesinato de un ex viceprimer ministro belga, recurrió al mismo expediente y, en vez de aclarar los hechos que se le imputaban, demandó a los directivos de un periódico y al periodista que, por considerarlo de interés público, reprodujeron esos mismos reportajes en Costa Rica.

Sin ser los únicos en la jurisprudencia internacional, los casos antes mencionados resultan especialmente emblemáticos e ilustrativos en esta materia. En las sentencias respectivas, los tribunales nacionales e internacionales han desarrollado dos elementos. En primer lugar, se ha puesto de relieve el mayor grado de tolerancia que deben observar los funcionarios públicos en lo concerniente a la discusión de su conducta pública. Quien no esté dispuesto a tolerar que sus actos sean objeto del escrutinio y el debate público, que se retire de la política. Pero una sociedad democrática no es un cuartel, ni un servidor público es un sargento o un capitán cuyas decisiones deban ser acatadas sin discusión y cuya conducta no pueda ser objeto de examen.

En segundo lugar, la jurisprudencia ha desarrollado la doctrina del “reporte fiel”, entendiendo por este la reproducción de informaciones o comentarios formulados por otros; según esta doctrina, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir la fuente original, quien se limita a reproducir una información de terceros está exento de toda responsabilidad, sea civil, penal o de otro tipo. En una sociedad democrática, quien se sienta agraviado siempre podrá dirigir su reclamo al autor de esa información, pero nunca a quien la reproduce.

En Venezuela, con la Condena de Tal Cual y de Carlos Genatios por un comentario sobre asuntos del mayor interés público en el que, además, se citaba a otra fuente, toda esta jurisprudencia fue tirada por la borda, dando vía libre a la intimidación y la censura. ¡Nunca antes los tribunales se habían prestado para coartar la libertad de expresión y restringir el debate político hasta ese extremo! Menciono lo anterior porque, ahora, Diosdado Cabello ha interpuesto una nueva demanda, en contra de Tal Cual, La Patilla y El Nacional, por haber reproducido (al igual que más de medio centenar de medios de la región), las declaraciones de su ex jefe de seguridad aparecidas en el ABC, de España, vinculándolo con supuestas actividades de narcotráfico. A menos que haya una segunda intención, lo lógico sería que Cabello se hubiera dirigido en contra de su ex colaborador, Leamsy Salazar, que es quien lo acusa, y no en contra de los medios de comunicación social; es a él a quien debe exigirle que presente pruebas o que se retracte. Pero la lógica revolucionaria es muy distinta de la lógica democrática. Los tiempos que vivimos indican que de los tribunales venezolanos se puede esperar cualquier cosa; sin embargo, en un mundo globalizado, no se puede detener el flujo de la información ni se puede ocultar el sol con un dedo.

Corregir informaciones inexactas, o reparar cualquier posible daño causado por un comentario agraviante, no se solventa cerrando periódicos o encarcelando periodistas que solo se han limitado a reproducir información de interés público, aparecida en otros medios de comunicación y que no ha sido desmentida. Esa es, precisamente, la función que le corresponde al derecho de rectificación o de respuesta; no a la censura ni a la represión de quienes, en democracia, tienen la misión de informar.

Dicen que la ofensa la inventó un fanático acorralado por una sonrisa o un ladrón atrapado con las manos en la masa. Como quiera que sea, en democracia, la respuesta a la ofensa no está en un margen más reducido para la libertad de expresión sino que, muy por el contrario, en más información y más debate.