• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

¡Amnistía, no!

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Nicolás Maduro ha afirmado que “no aceptará” ninguna ley de amnistía “porque los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar”. Tiene razón en la última parte de su afirmación; no es aceptable que alguien pueda cometer un delito con la certeza de que este quedará impune. Pero no recuerdo que Maduro haya protestado por el sobreseimiento del comandante eterno (o por la puesta en libertad de Diosdado Cabello), luego de la asonada golpista del 4 de febrero que, como es sabido, costó muchas vidas humanas.

Por otra parte, a menos de que se haya producido una reforma de la Constitución sin que nos percatáramos, no veo por qué una ley aprobada por el órgano constitucionalmente competente para ello tiene que ser “aceptada” por Nicolás Maduro. Suponiendo que todavía vivimos bajo un Estado de Derecho, una vez aprobada una ley, ella es obligatoria para todos, incluyendo al más grande, al más ilustrado y al más sabio de los gobernantes que pueda haber tenido esta república.

Es la existencia de presos políticos lo que ha llevado a sugerir una amnistía, que supone el perdón y olvido del delito. Sin duda, la amnistía es el camino más fácil para terminar con la prisión arbitraria de las víctimas y con la angustia y el sufrimiento de sus seres queridos. Sin embargo, considero que este es un camino equivocado. ¿Por qué pedir el perdón o el olvido de un delito que no se ha cometido o que, habiéndose cometido, no lo ha sido por quienes hoy se encuentran en prisión? ¿Por qué aceptar acusaciones tan inverosímiles y absurdas como las que se han dirigido en contra de quienes cuyo único crimen es desear un futuro mejor para Venezuela? ¿Por qué claudicar ante la impostura de unos jueces venales que deberían estar presos? Condenar a una persona, a sabiendas de que es inocente, es una grave violación de derechos humanos; pero la amnistía, en vez de ser la respuesta apropiada, es un cruel sarcasmo.

Las declaraciones del ex magistrado del TSJ Eladio Aponte, del ex fiscal Franklin Nieves, y ahora de la ex fiscal María Alejandra Poleo, han demostrado que los presos políticos lo son no porque hayan cometido algún delito, sino por órdenes provenientes del Palacio de Miraflores. De sus declaraciones se desprende que Iván Simonovis, Leopoldo López y muchos otros han sido condenados en virtud de pruebas fabricadas y en un procedimiento en el que los acusados no gozaron de las garantías del debido proceso, no pudieron examinar las pruebas en su contra y no pudieron presentar pruebas de descargo. Ha quedado demostrado hasta la saciedad que, en el caso de los presos políticos que ya han sido condenados, lo han sido por jueces que no ofrecían garantías de independencia e imparcialidad, que actuaron en cumplimiento de órdenes superiores, que ocultaron evidencia y cuyas sentencias carecen de motivación. No hay una sola sentencia condenatoria que sea el resultado de un debido proceso, conducido en los términos previstos por la Constitución y los tratados ratificados por Venezuela. Los presos sin condena, como es el caso de Antonio Ledezma, tampoco han tenido un proceso regular.

Quienes hoy están en prisión por motivos políticos no lo están porque hayan sido condenados mediante un debido proceso, tramitado de acuerdo con la ley, y en el que los acusados hayan tenido oportunidad de defenderse. Están presos gracias a una farsa revestida de la apariencia de un procedimiento judicial; pero una payasada como esa carece de todo efecto jurídico y no tiene el valor de cosa juzgada. Una vez descubiertas las circunstancias que llevaron a su detención o a su condena, quienes permanecen en prisión en virtud de ese tipo de pantomimas deben ser puestos en libertad sin más demora, y sin necesidad de ninguna ley de amnistía. De eso debería encargarse el defensor del pueblo, la fiscal general y el TSJ; no hacerlo, en los próximos días, constituiría un notable abandono de sus deberes, dando fundamento para su destitución. En caso contrario, siendo un hecho público y notorio que hay personas que se encuentran en prisión en virtud de un acto nulo, producto del ejercicio arbitrario del poder público, la Asamblea Nacional podría dictar una ley que tome nota de este hecho, disponiendo que sean liberadas de inmediato; eso haría más justicia que una amnistía. Además, también se debería derogar las leyes de vilipendio y las que castigan la crítica política, para que puedan regresar al país todos aquellos ciudadanos que están siendo procesados por ejercer su derecho a expresarse libremente.

En el Derecho Penal de un país democrático no hay espacio para caer en el ridículo del discurso subliminal o de la verdad reflejada en los ojos. Pero, si aún subsisten dudas sobre la conducta de los presos políticos, y si alguien cree tener pruebas de su responsabilidad en algún hecho criminal, que el Ministerio Público formule las acusaciones correspondientes, para que estas sean substanciadas por un tribunal auténticamente independiente e imparcial, para que se les procese en libertad (como dispone la Constitución) y para que se les condene o absuelva en un procedimiento en el que no se haga escarnio de la justicia. Mientras eso no ocurra, esas personas tienen derecho a ser puestas en libertad.