• Caracas (Venezuela)

Héctor Faúndez

Al instante

Acallar las voces críticas

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La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de RCTV ha condenado a Venezuela por violación de la libertad de expresión, destacando las circunstancias en que, mediante el ejercicio abusivo del poder público, se dispuso el cierre del referido canal de televisión. Según la Corte, no obstante estar prohibido coartar la libertad de expresión por “vías o medios indirectos”, el Estado recurrió a “formas más sutiles” para restringir el ejercicio de este derecho, simplemente cerrando el medio de comunicación. La sentencia resalta que el pluralismo requiere que las ideas y las informaciones transmitidas por los medios de comunicación sean efectivamente diversas y estén abordadas desde posturas divergentes, sin que exista una única visión de las cosas, y que eso debe tenerse en cuenta en los procesos de otorgamiento o renovación de concesiones de radiodifusión. Se trata, sin duda, de la sentencia más importante dictada por la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión. Pero lo más notable es la forma como, en esta sentencia, se enlaza dicha libertad y la labor de los medios de comunicación social con el ejercicio efectivo de la democracia.

Tanto la sentencia como los votos razonados de algunos de sus jueces hacen expresa mención de la Carta Democrática Interamericana, subrayando el importante papel que esta le atribuye a la libertad de expresión en una sociedad democrática y caracterizándola como un “componente fundamental” del ejercicio de la democracia. La sentencia invoca diversas resoluciones de la Asamblea General de la OEA en las que se reafirma que los medios de comunicación libres e independientes son fundamentales para la democracia, para la promoción del pluralismo, la tolerancia y la libertad de pensamiento y expresión, y para la facilitación de un diálogo y un debate libre y abierto entre todos los sectores de la sociedad. Según el juez Vio Grossi, el ejercicio efectivo de la democracia constituye una obligación jurídica internacional y, por ende, los Estados han consentido en que este ha dejado de ser un asunto de su jurisdicción exclusiva. A juicio del juez Vio Grossi, la Carta Democrática Interamericana fue suscrita para ser aplicada y para que tenga un efecto útil en todos los Estados miembros de la OEA; en su opinión, cuando se viola la libertad de expresión también se transgrede el derecho del pueblo a la democracia.

Según la Corte, la asignación de frecuencias de radio y televisión debe considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a las mismas; por consiguiente, los Estados deben regular los procesos de concesión o renovación de licencias de radiodifusión de manera clara y precisa, mediante criterios objetivos que eviten la arbitrariedad.

En el presente caso, la Corte concluyó que se hizo uso de “una desviación de poder” con el objeto de torcer la línea editorial del medio de comunicación, lo cual tuvo un impacto en la dimensión social de la libertad de expresión, al privar a la ciudadanía del acceso a las informaciones e ideas que RCTV consideraba de interés para difundir. Eso sirvió para amedrentar a otros medios de comunicación. El efecto buscado era acallar las voces críticas que se alzaban en contra del gobierno.

Como apunta uno de los jueces, la separación de poderes y, más específicamente, la independencia del Poder Judicial tienen una gran incidencia en el ejercicio efectivo de la democracia y, por ende, de la libertad de expresión. No obstante, a pesar de los hechos que se dan por probados, incluyendo el ambiente de intimidación generado por las altas autoridades estatales en contra de los medios de comunicación independientes y las decisiones de la Sala Constitucional adoptadas en relación con este caso (incluyendo, sin que nadie se lo pidiera, la de traspasar al Estado el uso de los bienes de RCTV), la Corte Interamericana consideró que, en este caso, no estaba demostrada la falta de independencia del Poder Judicial, pues para ello no bastaba con realizar una mención general del contexto en el que ocurrieron los hechos. Sin embargo, en dos de los votos razonados se expresa algo muy distinto. En este sentido, el juez Ventura Robles hace una exhaustiva relación de hechos probados que reflejan esa falta de independencia e imparcialidad, incluyendo la decisión de incautar los bienes de RCTV y traspasarlos a TVES, adoptada de oficio por el TSJ en el marco de los procesos de amparo constitucional intentados por RCTV.

La sentencia ordena, entre otras cosas, restablecer a RCTV la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal 2 de televisión. Con toda seguridad, este mandato no será acatado por el actual gobierno; pero podemos tener la certeza de que, más temprano que tarde, cuando Venezuela recupere su democracia y los venezolanos disfruten plenamente de todos sus derechos, se dará cumplimiento a todos los compromisos internacionales asumidos por Venezuela.