• Caracas (Venezuela)

Gustavo Roosen

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Gustavo Roosen

Que hablen los científicos

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Anunciado por el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Asamblea Nacional, mañana 9 de diciembre se abre el periodo de consulta pública del proyecto de Reforma de la Ley del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, aprobado ya en primera discusión en la AN, que sustituye el IVIC por el Instituto Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ivecit.

Como ha sucedido frente a otros llamados a consulta, el dilema vuelve a repetirse: participar o abstenerse. Hay quien piensa que debe hacerlo con la lejana esperanza de ser al menos escuchado, y quien opina que el mecanismo de la consulta ha sido maliciosamente utilizado para legitimar decisiones ya tomadas. El tema, en cualquier caso, está en la mesa y debería ser del interés de todos, especialmente de la comunidad científica y de las universidades.

Un resumen de las posturas expresadas en estos días mostraría coincidencias en la crítica al proyecto de ley. Para los investigadores del IVIC como para los profesores de la UCV y los presidentes de las academias de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de Medicina y de la Ingeniería y el Hábitat, el proyecto atenta contra la libertad o la autonomía de la investigación científica, delata una voluntad política de acabar con las instituciones, apunta hacia un modelo controlador por parte del Estado, crea una institución que ignora la estructura académica de los institutos de investigación, confunde el conocimiento científico y su gestación con la difusión de la ciencia y la participación popular en la creación del conocimiento, diluye las figuras de investigador científico y de grupos de investigación, elimina la consulta a la comunidad académica para la escogencia del director, sustituye la asamblea de investigadores por una asamblea general, busca desmontar el modelo meritocrático en una institución que debe estar regida por los más altos estándares del conocimiento científico y tecnológico y desconoce el importante aporte del IVIC en sus más de 50 años de existencia, el contenido social de sus investigaciones y su valor como patrimonio nacional intangible.

Desde otros frentes se observa el afán “refundacional” del gobierno y la amenaza de remoción al personal científico que, a juicio de las autoridades, “individual o colectivamente apoye o participe en actividades o manifestaciones que lesionen los principios consagrados en la Constitución”, fórmula adoptada para acallar la disidencia y la protesta.

Además de sostener la validez de una institución como el IVIC, la discusión del proyecto de ley debería traer al debate el tema general de la investigación científica, de su importancia en el contexto de la sociedad del conocimiento en la que vivimos, de las exigencias presupuestarias que implica, del papel de las universidades como centros de creación de saber, de la libertad como condición para el progreso científico, de los riesgos de mediatizar el desarrollo tecnológico con interferencia de criterios ajenos a los científicos. La educación universitaria necesita retomar la investigación como una de sus prioridades. En este sentido debe verse como la responsable de formar profesionales con las competencias para desarrollarse como investigadores y como centro de difusión de la ciencia y sus avances.

Las declaraciones oficiales que hablan de apoyo a la ciencia se contradicen con los hechos, con la descalificación de lo que demagógicamente llama ciencia elitista, con las limitaciones a la hora de asignar presupuestos, con el desconocimiento o desestímulo al talento. Pesan más las acciones con las que siembra desaliento que los discursos en los que habla de democratizar la ciencia y ponerla al servicio del pueblo. El proyecto de ley en discusión se inscribe en esa desviación alérgica a la meritocracia, más proclive a pensar en una investigación sesgada que en la necesaria. Venezuela necesita más centros de ciencia, no de propaganda. El proyecto de ley necesita que se impongan la intención y el interés científicos sobre los políticos.