• Caracas (Venezuela)

Gustavo Roosen

Al instante

Restablecer el contrato social

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¿Se ha roto en Venezuela el contrato social? El estado de incertidumbre, de contradicciones no resueltas, de caos, de precariedad, de ausencia de derecho, de concentración y simultáneamente confrontación de poderes, de inseguridad respecto de los derechos ciudadanos no puede sino llevar a una conclusión: el contrato social en Venezuela si no se ha roto está a punto de romperse.

La Constitución, máxima expresión de ese contrato social, ha sido interpretada, torcida y utilizada reiteradamente para servir a los caprichos del poder. El bien común, fin último del contrato social, ha sido relegado en función de una obsesión ideológica y de las exigencias de afirmación en el poder. El Estado de Derecho, fundamento de la convivencia, ha sido reiteradamente olvidado y debilitado. La separación de poderes, la legalidad, las bases mismas de la república moderna, alimentada por el concepto de contrato social, han sido vulneradas. El Estado, responsable de asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y de facilitar el cumplimiento de sus deberes, parece haber declinado sus obligaciones o haber cambiado sus prioridades.

¿Puede hablarse de la vigencia del contrato social en un panorama en el que el sujeto de ese contrato, el ciudadano es, cuando menos, olvidado, si no relegado y hasta sacrificado por el Estado? Solo pensando en lo económico, no hay análisis que no concluya en un cuadro dramático para la población. Igual sucede en el terreno político y en el del ejercicio de los derechos. Solo el enorme aparato de propaganda, intimidación y clientelismo montado por el gobierno es capaz de negar una situación así y de desfigurarla.

Mientras eso sucede, el ministro Miguel Pérez Abad, vicepresidente para el Área Económica, declara el pago de la deuda pública externa como prioridad para el gobierno y su voluntad de continuar haciendo uso de las reservas internacionales para cumplir con esos compromisos.”Tenemos un problema de caja, pero tenemos suficientes recursos para el corto plazo y para reperfilar los niveles de la deuda de una forma inteligente. Hay varios escenarios y todas las propuestas son extraordinarias para los tenedores de bonos. Tenemos la absoluta certeza de que la seguridad de los bonos está garantizada”, declaró el ministro mientras advertía recortes en la venta de divisas para las importaciones y, en consecuencia, revelaba la caída del 46% de ellas respecto del año 2015.

A juzgar por estas declaraciones, están visibles las prioridades. Lo primero es la deuda pública externa consolidada, el público privilegiado son los tenedores de papeles en el exterior. ¿Las razones? Quizá por temor a las consecuencias de no hacerlo, pensando tal vez en la eventualidad de tener que acudir a las multilaterales, o por la incapacidad para negociar con ellas, o por una obsesión política que impide ver esa posibilidad como cierta, casi inevitable, y manejable si se tiene la voluntad de rectificación y cambio.

En su pronunciamiento de 16 de mayo la Academia Nacional de Ciencias Económicas no duda en recomendarla:“Es necesario iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros internacionales para concertar un importante financiamiento externo que permita cubrir, junto con los ingresos por exportación, los compromisos externos de la nación”. No son los únicos que lo hacen y los que consideran indispensable acciones de este tipo para la urgente búsqueda de estabilidad macroeconómica por la que clama el país.

Mientras tanto, sigue siendo legítimo preguntarse: ¿qué argumentos explican que el gobierno privilegie el cumplimiento de unas obligaciones –las de la deuda pública externa, negociable por naturaleza bajo ciertas condiciones– mientras sacrifica a los demás, al pueblo, a la base social, a las empresas, y no corrige las causas del grave deterioro humano, económico y social?

Restablecer el contrato social quebrado, prioridad de este momento, exige un gran acuerdo nacional, lograble solo sobre la base de la verdad, de la honestidad, de la capacidad para pensar en el país, de favorecer el acercamiento institucional y político, de decir las cosas por su nombre y de tomar las decisiones que la gravedad de la situación hace insoslayables.