• Caracas (Venezuela)

Gustavo Roosen

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Destrúyase

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La historia de las expropiaciones en Venezuela tiene la marca del fracaso. La expresión que el gobierno ha utilizado es “exprópiese”, pero, a juzgar por los resultados, su aplicación ha resultado en el equivalente a “destrúyase”. Este ha sido, de hecho, el resultado de una política que, lejos de inspirarse en la consecución de beneficios para el ciudadano, parece haber obedecido a una fiebre de poder y a una presunción doblemente equivocada: calificar al empresario como egoísta amasador de fortuna y considerar el funcionario como vengador todopoderoso.

El resultado, en la mayoría de los casos, reviste la forma de manejo ineficiente y equivocado de la actividad, reducción de su producción, incremento de costos, desvalorización de las instalaciones y equipos, estancamiento, desinversión, acumulación de deudas, falta de mantenimiento, aumento de capacidad ociosa.

Es un cuadro de perdedores: el empresario que ve la destrucción de su empresa, el consumidor que ve reducida la oferta de bienes, el trabajador que ve alteradas sus relaciones profesionales de trabajo por la presión ideológica y partidista, el Estado que acumula pérdidas y ve reducirse el aporte fiscal y, por último, las propias empresas estatizadas, penetradas por la corrupción y la pérdida de los valores del trabajo, la responsabilidad y la productividad. Lo ha dicho incluso recientemente un exministro de Industria de este gobierno, Víctor Álvarez: “Las expropiaciones no rindieron los resultados que el Gobierno esperaba y las empresas estatizadas terminaron quebradas por el burocratismo y el pseudo sindicalismo que se aliaron para sabotear e impedir la participación de los trabajadores en la dirección y gerencia”.

La suma de estos efectos perversos de las expropiaciones contradice el artículo 229 de la Constitución. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta. Es solo cuestión de contrastar el texto constitucional con las realidades padecidas como resultado de una política de expropiaciones-confiscaciones inspirada en unaposición político-ideológica probadamente superada y ajena a la racionalidad económica. Las expropiaciones, se hace evidente, no contribuyen a cumplir con las obligaciones constitucionales del Estado.

Cuando nos preguntemos por las lecciones aprendidas, sin duda habrá coincidencia en señalar que el camino ha sido equivocado. El discurso demonizador de la empresa privada ha perdido aceptación incluso en quienes alguna vez pudieron haberlo escuchado como expresión idealizada de justicia social o como toma de postura a favor de los trabajadores o de los consumidores. La verdad es que, vistos los resultados, trabajadores y consumidores se sienten mejor –lo dicen los estudios de opinión- cuando hay una empresa que produce, que genera empleo, que se preocupa por las condiciones laborales de sus trabajadores, que se maneja con criterios de eficacia y productividad y ofrece beneficios a la sociedad en términos de producción y calidad.

Está claro que el recurso de las expropiaciones no ha pasado la prueba de los resultados. Insistir en ellas como salida desesperada solo agravará la situación, máxime en las actuales circunstancias del país, en las cuales más que nunca es preciso revisar las prioridades y jerarquizarlas para garantizar el abastecimiento y recuperar el empleo productivo. Hace bien la Asamblea Nacional, en consecuencia, cuando somete a consideración la Ley de Producción Nacional. Harían bien las autoridades en revisar el resultado negativo de las expropiaciones –evidente a los ojos de la gran mayoría- y pensar en el efectivo aporte de la empresa privada a la satisfacción de las necesidades de la población y a la recuperación de la economía, clamor masivo de los venezolanos.

nesoor10@gmail.com