• Caracas (Venezuela)

Gustavo Roosen

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Gustavo Roosen

De presupuestos y autonomías  

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Si algo ha hecho especialmente difícil la solución del conflicto universitario es la diversidad de los enfoques: presupuestario, salarial, de instancias y competencias, ideológico o principista.

Nadie pone en duda el peso de la educación superior en el presupuesto global del sector (más de 40%); tampoco el enorme deterioro del salario de un profesor universitario (apenas 40% del salario real de 2007 y uno de los más bajos de América Latina); ni la elevada proporción del presupuesto comprometido con la nómina y el peso creciente del renglón jubilados (hasta dos terceras partes del total). Con toda razón, sin embargo, el reclamo insiste en otros aspectos: el desconocimiento de las autoridades universitarias y de las asociaciones de profesores como actores importantes en el diálogo, la desnaturalización de la relación de trabajo con la firma de un contrato colectivo en el que se erige un nuevo patrón, la pretensión de incorporar a una discusión presupuestaria definiciones y compromisos ideológicos que atentan contra la autonomía universitaria y la pluralidad de pensamiento. Plantear el reclamo sólo o especialmente en términos presupuestarios resulta, por lo mismo, equivocado, y hace juego a la estrategia oficial que, tras ese argumento, intenta pasar condicionamientos ideológicos.

El acento en el presupuesto obliga a distinguir la autonomía académica y la financiera. Lograr el ideal de su confluencia haría suponer la voluntad del Estado de garantizarlas o la capacidad de la universidad para generar sus propios ingresos. Establecer los límites en esta discusión permitiría evitar la trampa de quien pudiera estar dispuesto a sacrificar la autonomía académica para garantizar la salud financiera o, la más grosera y evidente, de quien escondiera la intención de atentar contra la primera con el chantaje de asegurar la segunda.

La autonomía financiera es, desde luego, una aspiración difícilmente sostenible para una universidad pública. De allí que más que pretender convertir a la universidad en una empresa rentable se trata de buscar estrategias para garantizar el autogobierno en lo académico y en lo administrativo. Más que de autonomía financiera es preciso hablar, entonces, de sostenibilidad, de viabilidad financiera, objetivo difícil de lograr sin una política de racionalización del gasto e incremento del ingreso.

Buscar una forma de autosuficiencia financiera como una de las condiciones para proteger la autonomía académica pasa por un proceso de renovación de las universidades que, en estos tiempos, obliga a repensarlas de manera global y a considerar la ruptura del concepto tradicional del campus para abrirla al mundo de las redes. No son pocas las universidades –y la tendencia es creciente– en las cuales el porcentaje de estudiantes en la red es mayor que en las aulas.

La sostenibilidad financiera no es el único espacio en el que debe darse la modernización de las universidades. Pensando en ella, sin embargo, son muchas las medidas posibles. En el libro Educación para trasformar el país, del Foro Cerpe, Leonardo Carvajal sugiere algunas: generar ingresos propios por asesorías o producción de tecnología, reducir la extensión de muchas de las carreras a cuatro años abriendo la oferta para la especialización, utilizar mejor los espacios y los recursos trabajando más semanas al año con un sistema de turnos, evitar la carga de los repitentes consuetudinarios, aplicar sistemas nacionales y regionales de evaluación y acreditación de los programas, fomentar la integración de las universidades en redes regionales para optimizar el uso de los recursos, apelar a la solidaridad intergeneracional mediante la contribución obligatoria de los egresados y de sus empleadores, reducir la nómina administrativa, extender los años de servicio necesarios para la jubilación, establecer un sistema de remuneración variable en función de la generación de resultados y de los aportes al conocimiento. Ideas para estudiar.

De inmediato, lo que persiste es el conflicto. Su solución, está visto, exige un diálogo sincero, afirmado en el respeto mutuo y un concepto global de autonomía.