• Caracas (Venezuela)

Gustavo Briceño

Al instante

Los dólares preferenciales y la hora de la verdad

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Existe una lista de empresas que adquirieron dólares preferenciales y que los sectores de la oposición democrática, desde la Asamblea Nacional, recuerdan al gobierno la obligación ética y moral de publicarla, para que todo el pueblo venezolano conozca las empresas de maletín y de no maletín que solicitaron dólares preferenciales e hicieron uso fraudulento de ellos. Según los cálculos hechos por economistas serios del país, dicha actuación debidamente concertada entre gobierno y empresarios fue una estafa a la nación venezolana que alcanza la cifra récord de más de 25.000 millones de dólares.

El procedimiento era relativamente sencillo: las empresas importadoras solicitaban sus dólares preferenciales para adquirir mercancías del exterior, y luego, con la aprobación de un dólar barato, formalmente otorgado por el gobierno nacional, importaban la mercancía y luego la vendían aquí en Venezuela, ya a un valor aumentado a la enésima del precio adquirido, lo cual indicaba o provocaba en contra del consumidor, un gasto excesivo y al alcance de una consecuente inflación exagerada con la venta del producto. Hubo variedad de procedimientos administrativos ante diferentes órganos del Estado que usufructuaban necesidades y patrimonios particulares de manera ilegal y delictual.

La verdad es que la estafa cometida a la nación tuvo como origen las políticas económicas del gobierno muy principalmente, y toda la gran disparidad económica del dólar incontrolable ayudado por los propios importadores de las mercancías, felices y callados en la obtención del dólar preferencial; para luego vender el producto al precio del dólar negro. Auténtico negocio multimillonario que provocó la existencia de actuales empresarios bolichicos y ricachones con poco esfuerzo. Allí estaban también gente perteneciente a todos los estratos de la sociedad  (pequeños, medianos, altos empresarios y particulares aventureros), en muchos casos, gente o sectores vinculados de una forma u otra a funcionarios del gobierno, dichas solicitudes de divisas se hicieron a través de autorizaciones previas otorgadas a través certificados de no producción nacional, para luego ir a Cadivi y solicitar sus dólares y con ello el gran negocio del siglo.

Aquí se configura, estimado lector, una variedad tangible de delitos o ilegalidades dignas de mencionar. En primer lugar, tenemos aquellos casos de importadores que sobrefacturaron el monto del precio de la mercancía y engañando al órgano administrativo les daban por consecuencia más dólares de lo necesitado, en contraste con la realidad del precio real del producto. En segundo lugar, aquellos que adquirieron productos diferentes a los indicados en la solicitud de compra, es decir, comprando en el exterior lo que no era (productos de imitación), y por último, aquellos que adquirieron los dólares preferenciales comprando la mercancía a empresas ubicadas en el extranjero, siendo el solicitante de las divisas el mismo propietario de la empresa proveedora de las mercancías a precios excesivos, de esa manera obtuvieron una suma importante de dólares aprobadas por Cadivi que serían colocados en cuentas en el exterior. 

La situación es muy grave para cualquiera de los tres supuestos indicados. En todos hay delito, por cuanto el dólar preferencial lo concedió el Estado venezolano sacrificando el interés colectivo de la nación y concediéndoselo a un privado. Ha habido, en principio, un delito contra el país provocado por el gobierno y en muchos casos en concordancia directa o indirecta con las empresas que se vieron beneficiadas por tales procedimientos administrativos, ya que el exceso de dólares que ingresaron al país facilitó la adquisición de los mismos, aun sin que existiese la necesidad de una complicidad entre el empresario y el gobierno. Por supuesto, que existieron muchas empresas que hicieron uso adecuado y legal del beneficio, particularmente, las empresas reconocidas y tradicionales del país. Procediendo de manera legal y transparente, comprando lo que tenían que comprar y vendiendo lo que tenían que vender a los consumidores con sus ganancias normales y racionales producto de sus trabajos y de sus estructuras de costos como empresas.

Las empresas que adquirieron dólares de forma ilegal o irregular deben desde ya indicarlo al ministerio o al órgano administrativo encargado de hacer conocer el estatus de sus dólares preferenciales obtenidos de esa forma. Con ello se sana el país y se aclaran las cuentas públicas. De no hacerlo, existe la alterada presunción de que los que cometieron fraude esperen el tiempo prudencial para ver qué pasa. Se configuraría una forma de mostrar al país y así mismo, no solo honestidad del buen venezolano, sino la entereza en querer de verdad al país. Es la hora de la reacción empresarial y del gobierno para ir en contra de cualquier delito o de la mera pretensión de ello. Así lo creo.