• Caracas (Venezuela)

Gustavo Briceño

Al instante

¡Pobre sentencia!

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Desafortunadamente, nuestro país está pasando por la etapa más increíble en lo que se refiere al mundo del Poder Judicial. No es posible imaginarse el estado actual de un poder público como el judicial, sometido y subordinado tanto a las directrices del Poder Ejecutivo especialmente de la cúpula corrupta del partido de gobierno. La sentencia última que dictó las Sala Constitucional es el reflejo de la corrupción moral y ética a que ha llegado este poder, que dice interpretar la Constitución de conformidad con lo enunciado en el artículo 266 de dicha carta magna.

Los venezolanos debemos de una vez por todas protestar abiertamente frente a este desafortunado hecho de la historia venezolana, con todo el poder que nos confiere la propia Constitución. Los magistrados que tomaron esa decisión son responsables civil, administrativa y penalmente frente a la historia, frente a ellos mismos y frente a la sociedad (art. 25 de la Constitución). De ellos su conciencia y su vida. No arrancar en protesta inmediata frente a una sentencia a todas luces incomprensible y absurda manifiesta una actitud poco democrática de un pueblo que le ha costado mucho vivir en democracia, después de haber pasado por periodos terribles de dictadura y felonía.

Ciertamente, la democracia es el sistema más difícil de desarrollarse y materializarse en una sociedad determinada. Pero es que la democracia como sistema político, y ejemplarmente como derecho humano, supone el cumplimiento de normas jurídicas y no jurídicas, que el ciudadano como ente fundamental de su proceso implica y debe formalmente reconocer. La democracia es sacrificio del ciudadano, es consenso, es armonía, es trabajo, es aceptar las divergencias y encontrar los caminos adecuados para que la sociedad marche en progreso y en reacomodo constante, para solucionar conflictos y desavenencias sociales. Entonces, hoy día una de las necesidades más importante que la democracia impone y supone es la necesidad de reclamar y protestar frente a las locuras de los gobernantes. El derecho a la protesta no es nuevo, y ha significado que la historia, y especialmente la política como ciencia social, haya encontrado una fórmula para que ella pueda manifestarse hasta el punto de que la protesta esté debidamente consagrada en los diversos ordenamientos jurídicos, eso sí, si ella es producto del consenso y si se realiza de forma pacífica y ordenada. Más de un gobernante en el mundo ha debido renunciar a sus atribuciones de gobierno, producto de la presión que ejercen los pueblos cuando observan que sus derechos e intereses son mancillados por las actitudes de los gobernantes.

¿Qué debemos hacer con la sentencia que dictó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que nada más y nada menos desconoció nuestra voluntad manifestada el día 6 de diciembre pasado cuando de forma vergonzosa expresa que la Asamblea Nacional no vincula la autorización del decreto presidencial?: protestar de forma pacífica y consensuada. No es posible que solo se dé o se configure una manifestación documental por parte de los diputados y que ello solo se limite a una información periodística, a través de los medios de comunicación social.

Muchas veces me pregunto: ¿cuántas actitudes y políticas de esta dictadura han sido aceptadas porque el pueblo democrático no ha protestado como debía hacerlo? ¿Sabe el pueblo venezolano que un decreto presidencial, llamase excepcional o no, no tiene ningún valor ni efectos si la Asamblea Nacional no lo aprueba? Pues bien, si el gobierno toma una medida administrativa o de cualquier naturaleza en consideración al decreto presidencial no autorizado ni aprobado por la Asamblea Nacional puede ser perfectamente desconocido por el afectado, y lo hace en consideración de su derecho a la protesta y del deber que tiene de instalar la Constitución cuando un poder del Estado la ha violado tan impunemente.

Estimados lectores, es hora de poner en marcha la democracia. La protesta frente a semejante sentencia, si es que así se puede llamar, es una obligación moral y ética de todo ciudadano subsumible en los predicados democráticos, tanto de nuestra Constitución como en la Carta Democrática Interamericana. Comencemos desde luego sin demora alguna. Así lo creo.