• Caracas (Venezuela)

Gustavo Briceño

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Gustavo Briceño

¡Pobre defensor del pueblo!

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En estos días se configura tardíamente la elección de los miembros del Poder Ciudadano, cuya escogencia y designación formal se hace en consideración a la Constitución Nacional y a la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Me quiero referir muy especialmente a la persona pública que será designada como defensor del pueblo, para lo cual creo tener algún derecho, porque entre muchas razones he dedicado mi vida profesional a fomentar y desarrollar la figura del ombudsman en Venezuela y en América Latina. Para ser defensor del pueblo se necesita de una condición esencial cual es: poseer y ser titular de una sensibilidad social especial para desarrollar una política en defensa de los derechos humanos. Sin ello es imposible ser un buen defensor del pueblo. 

Muy desgraciadamente, y lo expreso con dolor, hasta ahora, de los defensores del pueblo designados en estos quince años de gobierno chavista, no existe ninguno que haya presentado credenciales positivas e imparciales para erigirse como ombudsman, y se ha alterado con ello la institución y quebrantado la defensa de los derechos humanos en un país donde el régimen sitúa de un lado el mundo de los derechos humanos. La defensora del pueblo, si es que así se puede llamar, no ha sido más que una simple militante del Poder Ejecutivo, donde los principios de la Defensoría del Pueblo y todo lo que la institución significa en una régimen democrático han sido puesto de lado, logrando que la institución –institución hermosa de la democracia– esté al margen de las grandes situaciones y acontecimientos que en Venezuela ocurren en estos últimos quince años. Es una lástima realmente que la defensora del pueblo no haya convocado al país, por ejemplo, para que se reconcilie y se encauce por un camino de democracia y libertad.

He estado atento a la forma y la designación del defensor del pueblo, pero desde ya observo un procedimiento plagado de inconstitucionalidades cuando, sin pasar por una escogencia formal, se delega muy prontamente en la Asamblea Nacional la designación directa y definitiva de esta figura tan importante, y sabemos de su resultado, cuando los miembros representantes del partido de gobierno elegirán, desde luego, no un defensor del pueblo, sino un defensor del gobierno, caletreando las instrucciones que reciba directamente del ministerio de adscripción que corresponda, y alegando como de costumbre, que es el pueblo el que lo designa, paradoja de demagogia jamás vista en nuestro país.

Apenas idearon dos días y medio para que los aspirantes presenten sus nombres a la Asamblea Nacional, sin embargo, es impresionante el cumplimiento de los requisitos para ser escogido. Todo un proceso absurdo que la Constitución ni la ley exigen, como, por ejemplo, múltiples documentos para notaria, juramentos innecesarios considerando que el ciudadano es corrupto (violación de su derecho al honor), en fin, una cantidad de burocratismo exagerado que solo explica la rapidez inusitada de la designación por la Asamblea Nacional con simple mayoría violando la norma de la designación por las tres cuartas partes de sus miembros. ¿Quién pierde? No pierden ellos, porque designarán a quien quieren, pierde el pueblo trabajador y sumiso que es el que está deseoso de que sus derechos humanos se respeten de conformidad con la ley, y pierde por supuesto la democracia, aquella que alguna vez tuvimos y que en un día no muy sano fue interrumpida por estrafalarios que gobiernan un país lleno de incertidumbres y de frustraciones. Así lo creo.