• Caracas (Venezuela)

Gustavo Briceño

Al instante

Después del 6-D ipso facto

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Los venezolanos estamos muy ansiosos por lo que ocurrirá el día 6 de diciembre del presente año. Ciertamente, las elecciones legislativas constituyen un aspecto importante para el futuro del país. Desde luego, hay variados escenarios que ocurrirán y de ello depende la continuación del presente régimen definitivamente autocrático y dictatorial. En el supuesto de que la oposición democrática ganara una mayoría importante en la Asamblea Nacional implicaría el análisis de muchas cosas, a mi juicio, centrales para comenzar a variar las fuerzas democráticas y lo que sería más determinante, el hecho de que constitucional y legalmente esta podría hacer en caso de éxito electoral. Lo indico, por cuanto en el país se siente un síntoma mental y racional de cambio, pero al mismo tiempo de impotencia para realizarlo. Ayer mismo hubo un presunto simulacro electoral y las arbitrariedades del gobierno fueron notorias, lo que influye en el desánimo y en la inmovilidad que tenemos los venezolanos para participar en este próximo proceso electoral. De allí, la fortaleza de no sucumbir frente a la dictadura y todo lo que ella implica en nuestras conciencias y en nuestro porvenir.

Si la oposición tiene mayoría de las tres cuartas partes, los cambios a nivel institucional serían esenciales para contrarrestar de una u otra manera, los abusivos poderes del presente Poder Ejecutivo. En efecto, propongo una inmediata renovación de los poderes públicos como la Fiscalía General de la República, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo. ¿Bases constitucionales para hacerlo? Sobradas razones legales y normativas para ello, las designaciones de estos funcionarios ocurridas a comienzos del presente año son más que suficientes para lograr la revocatoria formal y sustancial de sus miembros. Todas ellas se realizaron con la simple mayoría relativa de los integrantes de los diputados del gobierno, lo cual es inconstitucional y arbitrario debido a que la Constitución prevé las tres cuartas partes para sus formales designaciones. Además, existe de hecho y caso notorio el ejercicio de estos altos funcionarios totalmente complacientes con el gobierno, sobre todo en lo que se refiere a la fiscal y al defensor del pueblo. La ilegitimidad de ello es no solo de origen sino de ejercicio, lo que basta para su destitución de acuerdo con el espíritu y propósito de la Constitución, en desarrollar y consolidar la separación de los poderes como obligación de mantenimiento democrático en los diputados que deberán ser elegidos en comicios libres. Pero aún más, en estos últimos años ha ocurrido que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha sentenciado en favor del gobierno prácticamente en todas las materias, violando la Constitución y alterando muy gravemente el Estado de Derecho y lo que ello significa en una democracia moderna y constitucional. No veo ningún impedimento constitucional o legal para que la mayoría democrática destituya ipso facto a estos funcionarios que han desvirtuado e irrespetado la Constitución, un valor constitucional como lo es la separación de los poderes públicos y, algo peor, como lo es la ética constitucional, tema que ha influido muy interesantemente en el desarrollo de la nueva Constitución en los países desarrollados y que en artículos posteriores tendremos la oportunidad de explicar.

La mayoría de los países en Europa donde sus repúblicas han fenecido han sido cuando los poderes judiciales se han transformado en apéndices simples de los poderes ejecutivos, es decir, cuando el Poder Judicial cogobierna y administra en una nación determinada, no es más que una descripción de la sumisión del poder a la arbitrariedad, a la corrupción y al desfalco. Esa situación es notoria en Venezuela. ¿Pruebas de lo afirmado? Lea hoy, estimado lector, los medios de comunicación en Venezuela y en el exterior y se dará cuenta de ello. Así lo creo.

 

gbricenovivas@gmail.com