• Caracas (Venezuela)

Gustavo Briceño

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Consecuencias de la aplicación de la CDI en Venezuela (II)

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En caso de que una vez llevada a cabo la solicitud de sanción contra el gobierno venezolano en la sede de la Organización de Estados Americanos, después de discutir y haber agotado los buenos oficios, de conformidad con el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, se decidiera la suspensión de los derechos que tiene el Estado venezolano en el contexto de la Organización, la pregunta que inmediatamente viene a la mente es: ¿cuáles son las consecuencias de dicha decisión y cómo afectaría al Estado venezolano?

En primer lugar, el hecho de que un organismo internacional tan importante como la OEA decida sancionar formalmente a un Estado en América Latina ya, un sello de trascendencia internacional diría que en Venezuela existe una dictadura institucionalizada y comprobada, es decir, la idea concretada en las acciones del gobierno venezolano como instinto general de que en Venezuela existe tal cual un régimen dictatorial y antidemocrático quedaría comprobado y sellado a nivel mundial y muy especialmente ante los gobiernos en América Latina.

En segundo lugar, automáticamente habría una reclamación nacional e internacional contra la violación de los derechos humanos por parte del gobierno venezolano y de sus altos funcionarios, lo cual implicaría de hecho y de derecho la utilización masiva de numerosas asociaciones y ONG debidamente organizadas por violación de los derechos humanos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos así como ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros organismos (ONU, etc.).

En tercer lugar, crecería exponencialmente la desconfianza económica e internacional contra el gobierno venezolano, en cuanto al cumplimiento de tratados internacionales y convenios que verían en sumo riesgo la viabilidad y el cumplimiento de contratos internacionales por consecuencia de la determinada señalización de que un gobierno de la región es incumplidor de normas relativas a instancias internacionales y a derechos humanos. Las dificultades del gobierno venezolano (de allí la incongruente y desesperada posición de la Cancillería venezolana contra el secretario general de la OEA) se acrecentarían a la hora de discutir cualquier clase de tratado internacional de naturaleza económica o no.

En cuarto lugar, sería un evidente triunfo de la democracia como sistema político en el continente y, por supuesto, en Venezuela.

La opinión nacional y la internacional vería con buenos ojos ciertamente que existe la posibilidad por vía electoral y pacífica de que un cambio en Venezuela sea muy posible de realización formal y popular (referéndum, enmienda, renuncia del presidente, etc.) después de que la mayoría de los gobiernos de América Latina determinan en una discusión sana y en el propio seno de la OEA que el gobierno venezolano se configura peligrosamente en una autocracia que con su actuación gubernamental altera gravemente el hilo constitucional. Existen voces, incluso de buena fe, que atajan la idea de que una desventaja de una posible sanción contra el gobierno venezolano sería su aislamiento “libre” y quedaría Venezuela fuera del contexto internacional sin obligación alguna, como ocurrió en Cuba, y que nada pasaría, y sería entonces contraproducente en contra del pueblo venezolano.

No creo en esa posición porque  –entre muchas otras razones– si bien dicha situación se materializó en la Cuba de los Castro, 1960 a 1990, hoy día no podemos olvidar que de ocurrir semejante situación chocaría contra el natural proceso de globalización e internacionalización que presenciamos en el mundo actual, dando como resultado la inmediata interrelación social económica y política y hasta moral y ética, Internet, etc., de las relaciones sociales y personales que determinan las acciones humanas. La oposición pública internacional y nacional sería francamente hostil contra los altos personeros del gobierno venezolano.

Por otra parte, no olvidemos los hechos políticos ocurridos en Argentina y Brasil y Perú, donde se impone un reencuentro formal con políticas democráticas y libres muy lejanas de las ideas de las décadas pasadas cuando el populismo y la izquierda radical han desfavorecido con demagogia y sistematización las condiciones de vida de nuestros pueblos. Influencia que podrá determinar una sanción objetiva contra el gobierno venezolano.

Conciencia tengo –muy a mi pesar– de que la caída de una dictadura no es consecuencia automática o directa de una decisión de un organismo internacional. Ciertamente que a quien le corresponde eliminar de raíz una autocracia es al propio pueblo que la sufre, pero es innegable –históricamente– que la ayuda internacional es necesaria para que dicha circunstancia se materialice. Ejemplos en América Latina sobran. Así lo creo.