• Caracas (Venezuela)

Guillermo López Zambrano

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Patentes para Venezuela

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En octubre de 2015, la revista Nature publicó un trabajo sobre la fabricación de un nuevo vidrio, a base de aluminio, que mostró tener unas propiedades extraordinarias, la más notable de las cuales era su elevada dureza, comparable a la del hierro. Este nuevo material (cuya fórmula es 54Al2O3-46Ta2O5) fue sintetizado por un equipo de investigadores japoneses liderado por Gustavo Rosales Sosa, venezolano que había obtenido sus títulos de ingeniero de Materiales y de magíster en Ciencias de los Materiales en la Universidad Simón Bolívar, en Venezuela. Actualmente, Gustavo culmina su PhD y conduce un programa de investigación relacionado con su descubrimiento en la Universidad de Tokio. Es probable que cuando este invento sea patentado, la Universidad de Tokio sea la titular de los derechos de propiedad intelectual. Es también probable que la universidad explote económicamente esa patente mediante licencias de uso, esquemas de colaboración tecnológica y un sinfín de transacciones económicas que le permitan apropiarse de la inversión que realizó en el programa de investigación.

Nuestra primera reacción, cuando escuchamos este tipo de historias, es compartir la alegría, y sentir orgullo, por los logros extraordinarios de este joven investigador. Pero muy rápido nuestra alegría se difumina. Múltiples problemas de índole cultural, educativa e institucional conspiran en contra de la posibilidad de que descubrimientos como el de Gustavo tengan lugar en instituciones académicas, o en laboratorios del sector privado en Venezuela. Pero si, contra todo pronóstico, este tuviera lugar, no es factible que a un descubrimiento como el descrito SAPI le otorgue una patente.

Aunque no hay instrumentos legales que lo prohíban, hace casi una década que no se otorgan nuevas patentes en Venezuela. De modo que los inventores locales no invierten recursos ni tiempo en lograr que ideas nuevas (que seguro que en el extranjero calificarían para lograr una patente) la obtengan en el país. Esto configura un problema complejo que tiene múltiples causas. Entre ellas debemos mencionar que: ni la sociedad ni el Estado terminan de cobrar conciencia de las relaciones causales entre la actividad de patentamiento y la prosperidad económica.

Contar con un sistema legal e institucional que protege los inventos es una necesidad social que se manifiesta en todos los países del mundo. Las patentes de invención son el documento más valioso que un país puede exportar al resto del mundo para lograr su desarrollo. Las patentes son, junto con el capital humano, uno de los activos más valiosos de una organización académica. Y también de una  empresa. Es cierto que consideradas desde un punto de vista económico, confieren a los inventores privilegios comparables a los que tiene el monopolista, aunque por un período de tiempo limitado. Por eso, estas constituyen un recurso que le permite, a quienes asumen el riesgo de invertir en la creación de ideas patentables, apropiarse de una parte de los beneficios asociados a la explotación económica de esa idea.

En un mundo ideal, también deberían beneficiarse de las rentas asociadas a las patentes: el país en el que está basado el inventor (o institución que lo emplea) y la comunidad global (o humanidad). Los mecanismos que permiten que la distribución de las rentas que producen las patentes entre las tres partes identificadas sea moral y socialmente justa son múltiples. Cada nación debe diseñar un arreglo institucional que garantice que esa distribución justa se alcanza. Y debe hacerlo sin disuadir la actividad de producción de patentes. Piezas claves de tal arreglo institucional son: políticas de promoción de la innovación científica y técnica, políticas de defensa de la propiedad intelectual, políticas tributarias, estrategias privadas de responsabilidad social, proyectos pro bono acometidos por firmas de PI, entre otros. Todo ello deberá operar dentro de un marco de libertades democráticas que permita que medios, ONG y expertos informen a los ciudadanos de manera objetiva.

Ningún arreglo institucional debería contemplar elementos extremadamente rígidos o con posiciones de excesivo poder que favorezcan desproporcionadamente a una sola de las tres partes. O que desalienten a los inventores, quienes, junto con los creadores, los artistas, los emprendedores, son el alma y el corazón de una sociedad. Y no solo su motor de desarrollo