• Caracas (Venezuela)

Guillermo Cochez

Al instante

¿Cuáles serán los principios de nuestra política exterior?

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En mi etapa de aprendizaje como embajador de Panamá ante la OEA tuve que obtener algo que me faltaba ante mi permanente impulsividad: paciencia. A conocer cómo lograr un objetivo sin tener que anunciarlo previamente. En una oportunidad, dada mi inexperiencia, solicité a quien preparaba las agendas del Consejo Permanente que incluyera, como punto en el orden del día, un minuto de silencio para un disidente cubano, muerto en prisión. Esa misma tarde recibí llamada del hoy defensor del pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, en el momento director de Política Exterior en la Cancillería, quien me pidió retirara la propuesta porque afectaría nuestras relaciones con Cuba. Después me enteré de que de todo lo que pasaba en la OEA los cubanos se enteraban de inmediato por la delegación venezolana.

Ante semejante nimiedad, mi pregunta a Castillero fue: ¿Y es que la política exterior de Panamá no está fundamentada en el respeto a los derechos humanos y el fomento a la democracia? Para no causar problemas retiré la propuesta. Eso sí, aprendí a no avisar a nadie lo que haría, incluyendo posteriormente mis peticiones, en el último punto de la agenda: asuntos varios. Así pedí el minuto de oración para Oswaldo Payá Sardiñas, el disidente cubano muerto en un accidente en extrañas circunstancias; lo de la jueza María Lourdes Afiuni, violada en presión con el conocimiento directo de Hugo Chávez, quien cuando fue arrestada por dejar en libertad a un enemigo del presidente, cual juez y fiscal, fue arrestada y públicamente pidió 30 años de cárcel para ella. (Ver en El Universal de Caracas, mi artículo sobre la jueza Afiuni el 1° de diciembre de 2012: http://www.eluniversal.com/opinion/121201/maria-lourdes-afiuni-en-la-oea).

Traigo esto a colación porque, al igual que en el anterior gobierno, en el cual el presidente Varela fungió como canciller por más de dos años, la política exterior de Panamá ha estado de tumbo en tumbo. Martinelli le propuso a la canciller alemana Angela Merkel, sorprendiéndola, que Panamá usaría también como moneda el euro; dijo en Israel que Jerusalén era solo de los judíos, causando la ira de la comunidad árabe. Lo peor de todo fue cuando me destituyó de la OEA el 17 de enero de 2013 por señalar la grave crisis que vivía Venezuela, para después invitar a la diputada María Corina Machado a tomar la silla de Panamá en la OEA para que hiciera igual denuncia, lo cual terminó costándole el puesto a la Machado y se rompieron las relaciones con Venezuela.

El gobierno actual ha actuado con la misma ambigüedad y falta de una política exterior definida. Lo vemos en el caso Waked, donde se ha convertido en el vocero del Departamento de Tesoro del gobierno de Estados Unidos, hecho que ha producido toda clase de cuestionamientos.

Pero me referiré a dos casos en particular, en los que me he visto involucrado. Cuando se dio la Cumbre de las Américas, en 2015, con el fin de garantizar la presencia del presidente del Ecuador, Rafael Correa, Panamá entregó en extradición a ese país al perseguido político y ex diputado Galo Lara Yepes, en abierta violación de los derechos humanos. Era el primer caso en la historia patria en que se revocaba un asilo previamente otorgado. Aunque el gobierno ecuatoriano se comprometió con Panamá a respetarle sus derechos como prisionero, esto nunca ocurrió. El pasado año, en junio, el teniente Eduardo Figueroa, venezolano, quien tenía más de un año de residencia en Panamá, a quien como abogado le tramitaba su refugio, fue acusado de actos de insurrección en Venezuela que simplemente no podía haber cometido al estar viviendo en Panamá. Ese país, usando la Interpol como instrumento político, le inventó un proceso por lavado de dinero, que el Ministerio de Gobierno aceptó como bueno, y lo deportó directo hacia el infierno de una cárcel venezolana. Algo verdaderamente inexplicable.

Esos dos casos reflejan que nuestra política exterior carece de rumbo en materia de respeto a derechos humanos. Afortunadamente, Panamá apoyó al secretario general de la OEA en junio en la presentación de su informe sobre la trágica situación de Venezuela, aunque cuando el pasado año se dio el cierre unilateral de la frontera de ese país con Colombia, Panamá votó en contra para que la OEA conociera lo que había denunciado el presidente Santos.

Debemos dejar un lado el agotado argumento de que Panamá debe ser neutral y no interferir en los asuntos internos de otros países. No debemos olvidar que las violaciones de los derechos humanos carecen de fronteras. Igual argumento utilizamos a finales de la década de los ochenta para que el mundo fuese solidario con el pueblo panameño frente a la oprobiosa dictadura que vivíamos.