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Guillermo Cochez

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Guillermo Cochez

Por qué Panamá no debió extraditar a Galo Lara

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Para ningún organismo serio de derechos humanos en el continente existe alguna duda de que el gobierno ecuatoriano, encabezado hace siete años por Rafael Correa Delgado y que pretende reelegirse cambiando arbitrariamente la Constitución que lo prohibía, es una dictadura en ciernes, copiando la venezolana de Chávez. El control casi absoluto que Correa ejerce sobre los órganos judicial y legislativo de su país es incuestionable. Las cortapisas existentes para que exista plena libertad de expresión son reconocidas internacionalmente, particularmente cuando un juez, con presencia personal de Correa en los estrados de su tribunal, condenó al diario El Universo y a sus directivos a una multa de 40 millones de dólares por una supuesta calumnia, opinión de un editorialista, en contra del “señor presidente”. Gracias a la presión internacional ejercida, incluso estando yo en la OEA, Correa perdonó la multa, pero el articulista, Emilio Palacios, hoy está exiliado en Estados Unidos.

Siendo diputado, o asambleísta como le llaman en Ecuador, Galo Lara, se convirtió en el fuete contra la corrupción del gobierno de Rafael Correa, incluso de los vuelos irregulares del avión presidencial de su país. Hizo más de 40 denuncias directas contra el presidente Correa, una de ellas descubriendo que su primo hermano, Pedro Delgado, ocupaba ilícitamente la presidencia del Banco Central del Ecuador, al haber falsificado su título de economista. Delgado está exiliado en Miami y son pocos los trámites que se realizan para solicitarlo en extradición. En su afán de acallar a Lara, Correa trató en 3 ocasiones de despojarlo de su inmunidad parlamentaria, la última a través de su propia persona. Después lo acusan de un homicidio, sale absuelto y posteriormente se le considera cómplice del mismo a través de una serie de pruebas dudosas.

Panamá le otorgó asilo siendo Fernando Núñez Fábrega canciller. Obvio fue que Ecuador lanzó alerta roja de Interpol el 16 de septiembre de 2013, cuando Lara fue condenado en Ecuador el 19 de septiembre. Pidieron su extradición el 17 de septiembre, o sea antes de que fuera condenado. La condena estuvo firme el 20 de noviembre de 2013. Entra Francisco Álvarez de Soto como canciller y se revoca el asilo otorgado antes, en supuestas nuevas pruebas, que nunca se demostraron cuáles eran. La “nueva” petición de extradición no era tal porque se fundamentaba en la anterior. Un fallo de un distante juzgado a 6 horas de Quito que en 24 horas se emite, se le da traslado a la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, a la Cancillería de ese país y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Así es, en solo 24 horas se cumplieron estos trámites, y en un día no laborable ni allá ni acá: un sábado. ¡Qué diligente fue Álvarez de Soto!

La Sala Penal atiende el juicio de extradición. En fallo dividido admite que a Galo Lara no se le dio la oportunidad de presentar pruebas en el proceso, admisión de que se le violaron sus garantías fundamentales y sus derechos humanos. Por esa razón salvó su voto el magistrado Harry Díaz. Al regresar el expediente a Cancillería, se acordó practicar las pruebas requeridas que habían podido practicarse. Se llevaron declaraciones de los expresidentes ecuatorianos Osvaldo Hurtado, Abdalá Bucaram y Lucio Gutiérrez, quedando pendientes las de los excancilleres Núñez Fábrega y Álvarez de Soto y la del expresidente Ricardo Martinelli, estos últimos incluidos en querella que se tramita en el Ministerio Público por posible abuso de autoridad en la revocatoria del asilo a Galo Lara.

El día que lo extraditaron al Ecuador, el viernes 14, en el cuarto o quinto viaje que hacían aviones militares de su país para llevárselo, visité por segunda vez a Galo Lara en la cárcel de La Joya. Me imagino que el operativo policial para llevárselo se pospuso hasta que yo saliera de los predios del penal. A la hora y media me llamaban para preguntarme si era cierto que a Lara en ese momento lo extraditaban porque así lo había tuiteado el procurador de ese país.

Llamé a Cancillería, al igual lo hizo Javier Quintero del equipo legal de Lara, y no nos dieron ninguna información. Nunca nos notificaron que el período de pruebas había concluido, aunque faltasen testigos importantes para declarar.

¿Puedo estar de acuerdo con esta decisión del gobierno, fundamentaba en la “garantía del Ecuador de que a Galo Lara no lo torturarían y le respetarían sus derechos humanos”?

Simplemente no puedo estar de acuerdo. Un gobierno dictatorial no respeta su palabra. ¿Puede dársele algún valor a quien desde el momento de su llegada al Ecuador hace un festín mediático de su “triunfo” al lograr la extradición de Lara e impide a sus familiares verlo? Es como si algún judío hubiese creído en la buena voluntad de Adolfo Hitler.     

 

*Del equipo legal de Galo Lara en Panamá